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México D.F. Miércoles 21 de abril de 2004

Antes del 30 de abril se discutirá la propuesta de ley

Exigen a senadores parar iniciativa foxista que acota derechos a sordos

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 20 de abril. Ciudadanos sordos exigieron al Senado de la República que rechace las limitaciones a sus derechos, que se pretenden instaurar en una ley sobre discapacidades físicas aprobada por la Cámara de Diputados. Estos serían acotados por la iniciativa que impulsó en la Cámara alta el presidente Vicente Fox, misma que presentó el senador neoleonés Adalberto Madero.

La diputada local independiente Liliana Flores, en representación de los casi 10 mil integrantes de la Asociación de Sordos de Nuevo León, recordó que la Cámara de Diputados aprobó una ley sobre discapacidad, la cual se envió al Senado para su aprobación final, pero ahí se ha mantenido congelada durante meses porque Fox "no está de acuerdo y quiere limitar sus alcances".

Agregó que, gracias a la presión de organizaciones sociales, se alcanzó un acuerdo para que el Senado discuta esta ley antes del 30 de abril, fecha en la que concluirá el actual periodo de sesiones, "pero el senador panista Adalberto Madero metió una iniciativa de Vicente Fox que limita y acota los beneficios en favor de los discapacitados que habían aprobado los diputados".

Flores expuso que la Asociación de Sordos de Nuevo León pidió al gobernador José Natividad González y al Congreso local que hagan pronunciamientos contra dichos propósitos restrictivos.

Añadió que de aprobarse la propuesta foxista se reducirían los fondos gubernamentales destinados a atender a los discapacitados, pues el gobierno federal "piensa que todo se resuelve colocando rampas en las calles, siendo que ciegos, sordos y quienes sufren problemas de movilidad requieren atenciones específicas".

De acuerdo con Flores, los diputados federales tuvieron la intención de "responder en gran medida a los planteamientos de los sordos". De acuerdo con la ley que aprobaron, habrían intérpretes para sordomudos en hospitales, cárceles y juzgados, "con el propósito de que reciban atención como cualquier otro mexicano".

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