Reclaman al gobierno, pero externan autocrítica

Campesinos denuncian incumplimiento del ANC

MATILDE PEREZ U.

Una opinión unánime tienen los dirigentes campesinos: el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) no se ha cumplido cabalmente. A pocos días del primer aniversario de la firma del documento, mediante el cual se establecieron 282 compromisos para asegurar el desarrollo de la sociedad rural, la soberanía y la seguridad alimentaria, los aspectos torales siguen sin atenderse: financiamiento, presupuesto multianual, cambio de las instituciones, revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y protección a los cultivos de maíz y frijol, básicos para los mexicanos.

El saldo, afirman los líderes, es trágico: cientos de parcelas abandonadas, aumento de la pobreza y de la migración, ahora también de las mujeres. "¿Quién va a trabajar la tierra? Los campesinos sólo piden una cosa: ¡señor Presidente, cumpla su palabra!", reclaman.

Pero entre esas voces también surge la autocrítica, como plantea Víctor Suárez Carrera, ex director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC): ¿cómo contribuir a una nueva política agropecuaria cuando los líderes campesinos siguen actuando a la vieja usanza corporativa y ejercen presión para recibir dinero de algunos programas, pero no quieren ir al fondo en los cambios estructurales?

Por ello, afirma, el gobierno federal sólo cumple superficial y cosméticamente los compromisos del ANC y no muestra voluntad política para asumir lo esencial, relacionado con los cambios de orientación y actitud políticas hacia los campesinos, con la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, soberanía alimentaria y reforma institucional.

Pocos avances ganados con protestas

En vísperas del primer año de la firma del documento, que provocó polémica y concluyó con la ruptura de la unidad de las organizaciones que originalmente lo impulsaron, las opiniones son similares: "no hay avances; lo poco -casi nada- que se ha obtenido es porque lo hemos arrancado luego de movilizaciones de protesta y de realizar fuertes denuncias", sostienen algunos dirigentes.

Y aunque el ANC fue firmado por El campo no aguanta más y el Congreso Agrario Permanente (CAP), ahora este último prepara un foro para hacer su balance técnico y político. Pero ninguno de los dirigentes de ambas organizaciones habla abiertamente de un cambio en las relaciones con el gobierno federal; ambos se limitan a reiterar: "las actuales políticas públicas y programas no son las adecuadas ni el presupuesto es suficiente para resolver el rezago económico y social que se vive en el campo".

Heladio Ramírez López, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), demandó que el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, presente un informe detallado de los avances del ANC, ya que "las instituciones responsables de la operación de los programas acordados afirman que ya canalizaron los recursos a las delegaciones estatales y cuando los campesinos acuden a reclamar los funcionarios se salen por la tangente diciendo que no ha llegado el dinero".

Para el dirigente de la CNC, organización afiliada al PRI, los campesinos temen caer en el subejercicio presupuestal. Si eso llegara a suceder, "sería criminal, pues las luchas que han hecho todas las organizaciones del campo para lograr convencer al gobierno federal de la importancia de apoyar al sector rural resultarían vanas. Además se correría el riesgo de que esos recursos autorizados se vayan al hoyo negro del no retorno".

Para ejemplificar mencionó que el año pasado los recursos presupuestales normales destinados al sector agropecuario y al desarrollo rural se ejercieron "casi sobre las rodillas y con apuración inusitada", pues más de 80 por ciento se aplicó en los últimos tres o cuatro meses del año, cuando el compromiso gubernamental es procurar su ejercicio durante todo el año.

El presupuesto de 2 mil 800 millones de pesos acordado entre el gobierno federal y las organizaciones firmantes del ANC, destinado, entre otros rubros, al Procampo para la incorporación de un millón de campesinos adicionales al padrón ya establecido, no se ha podido cumplir. Efectivamente se autorizó un presupuesto de 650 millones de pesos en este rubro y un programa emergente de 600 mil nuevas hectáreas, sin que hasta la fecha se haya concluido el padrón adicional.

Para Ramírez López entre los programas con mayor rezago están: Procampo, adultos mayores (de 60 años, apoyo a la mujer campesina y vivienda rural. Hay relativos avances en infraestructura hidráulica y ganadería ejidal. Los atrasos para poner en marcha los programas del acuerdo, abunda, estuvieron relacionados con la elaboración, análisis, aprobación y publicación de las reglas de operación, que tardaron más de seis meses en aprobarse, y luego se requirió más tiempo para hacerlas llegar a los campesinos de manera accesible.

Además el sistema operativo de la Financiera Rural avanza muy lentamente, mientras el dinamismo de la producción agropecuaria exige instituciones y mecanismos financieros ágiles, sin el excesivo burocratismo que se ha aplicado al crédito del sector rural. De la definición de una política de Estado para el desarrollo del campo mexicano ninguno de los integrantes del gabinete presidencial habla, mientras la importación de granos, oleaginosas y derivados pecuarios continúa de manera intermitente; la pobreza sigue su avance inexorable y el proceso migratorio hacia las ciudades y el extranjero camina a pasos acelerados.

Las importaciones de alimentos van en aumento. Hace diez años, cuando se firmó el TLCAN, México importaba granos y alimentos de origen animal por el equivalente a 19 por ciento, en tanto en 2003 ese segmento aumentó a 50 por ciento. En términos absolutos pasamos en ese periodo de una importación de 8 millones de toneladas de granos, oleaginosas y productos pecuarios a un total de 17 millones de toneladas.

Suárez Carrera, ex director de ANEC y quien tuvo una acción destacada antes y durante las negociaciones del ANC, toca un aspecto áspero: la actitud de los dirigentes de las organizaciones campesinas. "El incumplimiento de los compromisos pactados en el ANC no sólo es atribuible al Ejecutivo federal, sino también a la debilidad del movimiento campesino. Después de la firma, cada organización empezó a negociar por su cuenta y reprodujeron las prácticas más representativas del pasado. No conservaron el interés por perseguir los cambios de fondo".

Este es el mejor momento para que el movimiento campesino haga "un balance autocrítico", subrayó. El también diputado por el PRD recuerda que los líderes campesinos de El campo no aguanta más y del CAP habían asegurado que mantendrían las movilizaciones y una actitud pendiente para hacer cumplir los acuerdos. Sin embargo, elllos, así como El Barzón y la CNC, empezaron a "jalar por su camino, cada uno negociando su parte; así, los programas de vivienda rural y de adultos mayores se convirtieron en el ejemplo, una vez más, de las acciones corporativas y de la búsqueda de los recursos mediante el reconocimiento como únicos interlocutores".

La mayoría de los líderes de las organizaciones, afirma, siguen negándose a "conformar modelos autónomos y autogestivos, a dejar de actuar de manera clientelar. Mientras no se rompa ese círculo perverso será más difícil exigir al Ejecutivo federal que cumpla con el compromiso adquirido". Por lo pronto, puntualiza, los diputados ya constituyeron la comisión de seguimiento del ANC y está elaborándose la iniciativa de ley de planeación agropecuaria y soberanía alimentaria.

Para Alfonso Ramírez Cuéllar, ex dirigente de El Barzón Agropecuario y también diputado por el PRD, "el ANC es letra muerta: no se han atendido las demandas más urgentes de los productores, como diseñar una política para bajar los insumos para la producción, para que el crédito llegue al campo y mediante una comercialización ágil y a precios justos se proteja a maíz y frijol. Hay un saldo negativo en el campo que se ahonda como si no tuviera fondo".

El análisis de la Central Campesina Cardenista (CCC) se basó en el informe presentado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Advierte la pretensión del gobierno federal para reducir de 282 a sólo 255 los compromisos, ya que de ellos 27 "son encabezados o declarativos"

La CCC asienta que no aceptará que dichos numerales sean considerados como enunciados declarativos. "Insistiremos en su cabal desarrollo y cumplimiento en corto, mediano y largo plazos, ya que las dos vertientes fundamentales del ANC son: reforma estructural y soberanía y seguridad alimentaria. Sobre esas dos columnas nos proponemos construir la nueva sociedad rural. Todas las acciones, todos los programas y todas las políticas deben converger hacia estas dos vertientes del desarrollo rural".