Gustavo Iruegas

Halitosis

La vida política en México tiene tan mal aliento que pareciera tener una muela podrida desde hace años. No es algo nuevo, pero en el ámbito internacional las cosas no eran así. Ahora se ha contagiado de marrullerías y malas artes. La degradante corrupción que nos invade es un instrumento de uso en la contienda política y en la arena mediática el exabrupto se ofrece como exaltación.

Hace unos días, el presidente George W. Bush llamó al presidente Vicente Fox para pedirle apoyo al proyecto de resolución contra Cuba que Honduras presentó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Evidentemente lo obtuvo. No era difícil, porque la posición mexicana ya se encaminaba en esa dirección. El asunto se complicó un tanto porque, por petulancia o descuido, la oficina del presidente Bush anunció el éxito de su gestión antes de que México lo hiciera. Esa falta de discreción obligó a la cancillería mexicana a explicar que el anuncio del vocero de la Casa Blanca era precipitado e inexacto porque México aún no había tomado una decisión al respecto. Eso costó que el voto de México fuera considerado el decisivo, ya que la diferencia fue de uno y México se decidió al final. Ya en esa dirección, una serie de declaraciones desafortunadas terminaron tensando aún más los lazos de la relación entre los gobiernos de México y Cuba.

Todo eso ocurrió mientras Cuba se convertía en un actor de reparto en la tragicomedia del caso Ahumada Kurtz, en la cual Estados Unidos ya tenía un papelito como extra.

Así estaban las cosas cuando el jefe de Gobierno del Distrito Federal sacó a relucir los documentos que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, proporcionó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de la Secretaría de Hacienda (UIF), relativos a la investigación que practicó en relación con el caso Gustavo Ponce.

La reacción de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda no se hizo esperar. Se hicieron cargos contra el jefe de Gobierno por revelación de información que podría malograr un proceso de investigación y se le responsabilizó también del quebrantamiento de una obligación de reserva que tanto México como Estados Unidos adquirieron al firmar, en 1994, un acuerdo para el intercambio de información para combatir actividades ilícitas realizadas a través de instituciones financieras.

En efecto, el acuerdo tiene por objeto el intercambio de información para "...identificar, investigar y combatir las transacciones..." efectuadas con propósitos ilícitos y prevé que las autoridades de ambas partes cooperarán para cumplir con el objeto del acuerdo de conformidad con y sujetas a las limitaciones de sus respectivas leyes y reglamentos. También establece como condición para la asistencia (artículo 5, párrafo 1) que "toda la información obtenida de conformidad con el presente acuerdo sólo se utilizará de acuerdo (sic) con el objeto establecido en la solicitud de asistencia. Esta información no podrá ser distribuida, revelada o transmitida en forma distinta a la señalada en la solicitud original de asistencia sin la autorización previa y por escrito de la parte requerida o de su representante designado, salvo que dicha información haya sido revelada públicamente en el curso de un procedimiento judicial o administrativo."

Consecuentemente, si, y sólo si, el jefe de Gobierno hubiera difundido la información sin que antes hubiera sido pública -vale decir, sin que el video del casino Bellagio hubiera sido proporcionado por las autoridades estadunidenses y sin que la información financiera de las aficiones lúdicas de Ponce hubieran sido difundidas por televisión- podría ser responsabilizado de los cargos que se le han hecho. Como el origen de esa información no se conoce, el esclarecimiento de esa responsabilidad será obtenido cuando las personas involucradas, las detenidas en Cuba y las libres en México, hayan sido inducidas a confesar sus respectivas culpas.

Mientras tanto, hay una contradicción en la actuación de las autoridades mexicanas: por un lado se acusa al jefe de Gobierno de revelar información reservada y, por otro, se admite con gran preocupación la queja del FinCen, cuando con la simple explicación de que hay un funcionario del gobierno de México que ha sido responsabilizado de esa falta se desmontaría la queja.

Considerando que tanto el gobierno de México cuanto el de Estados Unidos están sumamente interesados y comprometidos en la lucha contra la delincuencia y que todo este asunto es parte de la corrupción que daña a México, pero no a Estados Unidos, no es creíble que la FinCen quiera suspender el flujo de información que recibe de México por un escándalo político que no le afecta.

Por otra parte, el acuerdo incluye en su artículo IX, párrafo 1, un procedimiento que prevé que "las autoridades competentes de las partes procurarán resolver por acuerdo mutuo cualquier duda o dificultad que se deriven de la interpretación o aplicación del presente acuerdo". En cambio, no incluye ninguna posibilidad de "suspender la asistencia a la UIF y a otras dependencias mexicanas con respecto a las solicitudes de información (...) que estará en efecto hasta el momento en que el FinCen reciba las apropiadas seguridades de que tan sensitiva información será protegida..." El acuerdo puede ser denunciado por la vía diplomática y mediante un aviso escrito con tres meses de antelación. Pero no, no prevé el castigo que anuncia en su carta el director del FinCen, que por cierto se apellida Fox. Mucho menos prevé el autocastigo para las partes.

El acuerdo no corre peligro alguno, ni siquiera el de una suspensión temporal, sobre todo considerando que su funcionamiento es secreto y que nos debían el gazapo de la Casa Blanca. Por todo lo anterior surge la fundada sospecha de que la carta del FinCen es solamente un reclamo a petición de parte.