Samuel I. del Villar/I

Ocurrencias policiaco-judiciales-USAID

El 29 de marzo pasado el presidente de la República, Vicente Fox, sometió al Congreso un coctel de iniciativas de reformas y adiciones constitucionales y legislativas. Mezcla el financiamiento y la dependencia del Departamento de Estado, las ambiciones políticas del señor Fox, futuristas, anticonstitucionales y represivas de los derechos humanos y de quienes lo utilizan, con la demagogia y una amplísima y desquiciadora gama de ocurrencias policiacas y judiciales, en dos proyectos de decreto para modificar 20 artículos de la Constitución¹, para abrogar un código y cinco leyes y expedir otro tanto², y para reformar y adicionar otro código y cinco leyes más³.

Con retraso desahogó su compromiso del 8 de enero pasado cuando "prometió a los representantes del sector privado que en un plazo no mayor de 60 días presentar una propuesta de reformas al aparato de justicia de México para recuperar la competitividad del país"⁴. En realidad el paquete nada tiene que ver con "la recuperación de la competitividad del país", exhibe la ignorancia e irresponsabilidad gubernamental en materia de iniciativas y sugiere la manipulación política de quienes esperan lucrar con ellas, pero que se esconden detrás de la firma y frivolidad del señor Fox. Y hay razón, además de la pobreza extrema de cultura cívica, para que el Presidente no tenga la menor idea sobre lo que habla y sobre las iniciativas constitucionales y legislativas que suscribe. Se hizo público que el Departamento de Estado, a través de la United States Agency for Internacional Development (USAID) había financiado la formulación del proyecto por un contratista de Estados Unidos, usando como agentes en México la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia y la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR. Con base en un presupuesto de 3.8 millones de dólares "para proyectos de administración de justicia en México", el "gobierno nos dijo en qué areas estaban interesados y nosotros damos donativos a organizaciones que tienen acceso a esas experiencias", informó al respecto el señor Eduard Kadunck director de la oficina de USAID en México⁵.

La referencia internacional, específicamente de España, Estados Unidos y Francia, ha sido obligada en la historia institucional del país. El recurso a consultorías extranjeras no ha sido ajena a los gobiernos mexicanos. La capacidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para entender y resolver los problemas institucionales de México, especialmente los judiciales, se ha deteriorado y abandonado -como lo comprueba el proyecto de transferencia de poder de iniciativa legislativa a la Suprema Corte de Justicia en materia judicial y la ignorancia y tontería de diputados que se ostentan como expertos en "reforma del Estado y desconocen su competencia para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes cuando alegan que no la harían de juez y parte en los juicios constitucionales de las leyes promovidas por ella misma". Pero por útil que sea el conocimiento internacional, y por ignorantes y tontos que sean algunos diputados "expertos", el solicitar y aceptar que Washington financie la formulación, por sus consultores, de las bases constitucionales y legislativas de México es un precedente inaudito que acredita la disolución de la capacidad nacional para gobernar representada por el solicitante. Lo degrada al nivel del Consejo Gobernante de Irak impuesto por Washington para que sus contratistas le diseñen un falso régimen democrático de derecho.

El producto suscrito por el señor Fox es un rotundo fracaso conceptual y técnico. Desde luego no sustenta la "preservación del Estado de derecho" que se alega en su exposición de motivos, sino más bien su disolución. Documenta un descabellado intento por borrar limitaciones constitucionales al mandato político presidencial, por destruir instituciones fundamentales e institucionalizar el atropello policiaco a los derechos inherentes a la dignidad humana. Resalta la ambición por subvertir el marco institucional al final de este gobierno, controlando política y partidariamente el sistema de procuración de justicia por encima del mandato constitucional y atando de manos al próximo presidente con la imposición del invento del nuevo poder "autónomo" de un "fiscal superior de la Federación" y 32 "fiscales de circuito" inamovibles, así como de otro nuevo poder policiaco dictatorial y prácticamente autónomo para violentar las garantías constitucionales y el régimen federal. Se complementa con un caótico acompañamiento de propuestas que acelerarían el caos institucional del país pero con una gran dosis de demagogia.

La Jornada me pidió analizar el contenido del proyecto. El caótico coctel de ocurrencias va de cuestiones como la destrucción de todas las procuradurías de justicia del país, y la falsedad de Fox al reclamarse paladín de los derechos humanos y plantear al mismo tiempo la generación e imposición de un monstruoso, descontrolado y necesariamente corrupto poder policiaco "autónomo", con nivel de gabinete presidencial en el invento de una "Secretaría del Interior" -redundante y atrofiadora de la Secretaría de Gobernación-, a la garantía absoluta de libertad caucional para los grandes defraudadores del patrimonio público y privado de los mexicanos, la supresión ulterior de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal y de sus competencias normativas en materia policial, el control federal sobre el ejercicio local de la abogacía en materia penal, o proclamas demagógicas sobre las características del proceso judicial. La consideración integral del paquete requeriría de un tratado sobre lo que sería el récord de Guiness de ocurrencias policiacas y judiciales. Buscamos sintetizarlas y analizarlas para los lectores de La Jornada en cinco entregas.

Siete puntos fundamentales podrían agrupar las ocurrencias del paquete:

1. Ignora la inefectividad del Estado de derecho en México, por la inferioridad estructural de la Constitución frente a los actos de gobierno que sistemáticamente la violentan, por el descontrol de la legalidad, por la estructura de irresponsabilidad en las resoluciones judiciales, por la ineficiencia y corrupción en la base del procedimiento judicial.

2. Pretende que el señor Fox controle políticamente la procuración de justicia al menos hasta el año 2015, destruyendo las procuradurías de la República, del Distrito Federal y de los estados.

3. Pretende imponer un régimen policiaco tan dictatorial como subdesarrollado, descontrolado y corrupto para lucrar con la delincuencia y la violación de los derechos humanos amparado por una absurda "Secretaría del Interior" paralela a la de Gobernación;

4. Pretende desarticular el régimen federal con la supresión de la competencia constitucional normativa de los estados y del Distrito Federal en materia de seguridad pública, incluyendo la estructuración de la policía y el Ministerio Público locales, y exacerbando el centralismo judicial con la responsabilidad penal para menores encubierta por una "justicia penal de adolescentes", sujetándolos al Código Penal Federal y al aparato policiaco, persecutorio y judicial central, suprimiendo la competencia constitucional de los estados en el tratamiento de menores infractores y con el control central para el ejercicio local de la abogacía.

5. Consolida la impunidad de la más perniciosa y comprobada criminalidad de defraudadores y corruptos responsable de los mayores saqueos del patrimonio público y privado de los mexicanos y la extrema injusticia frente al tratamiento de la criminalidad popular de poca monta.

6. Maquilla el proyecto de control político y policiaco de fondo con amplia variedad de eslogans demagógicos como la presunción de inocencia, la prohibición de la tortura, el "proceso penal acusatorio", los "principios procesales de oralidad, publicidad, inmediatez, contradicción y economía procesal", y calificativos rimbombantes para una nueva y pesada burocracia judicial y administrativa sin ninguna previsión sobre su costo y financiamiento.

La irakización del gobierno de Fox y el formidable retroceso de su proyecto para la efectividad del Estado de derecho y del respeto a la dignidad de los mexicanos han pasado prácticamente desapercibidos en la opinión pública y en el proceso político mismo. Si logra imponerse anticiparía un desorden institucional adicional de la mayor envergadura durante la transición al gobierno que debe inaugurarse el primero de diciembre de 2006, condiciones caóticas para su inicio y un presidente maniatado para resolverlas.

1. Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 71, 73, 76, 78, 82, 89, 93, 102, 105, 107, 110, 116 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales, Ley General de Justicia Penal para Adolescentes, Ley de la Fiscalía General de la Federación, Ley Orgánica de la Policía Federal, y Ley de Seguridad Pública reglamentaria de los artículos 7, 8 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Código Penal Federal, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Defensoría Pública, Ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, y Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Gabriela Aramburu, "Promete Ejecutivo a IP lograr reforma judicial", Reforma, 10 de enero de 2004, p. 1 A.

5. Javier Garza y Ariel Quintero, "Paga EU estudios para reformas judiciales", Diario Monitor, 1Ŷ de abril de 2004, p. 6.