Robo a viviendas, denominador común en sus incursiones en vecindades, señala

Gopes de la SSP han actuado de modo un tanto paramilitar: Alejandro Delint

SUSANA GONZALEZ G.

Con la violenta incursión en casas-habitación de vecindades en zonas de extrema pobreza de la ciudad y una particular interpretación sobre la "flagrancia equiparada", los elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), antes conocido como Tigre, han actuado de una manera "un tanto paramilitar", porque en su propósito de cumplir con un objetivo u orden, "pasan sobre quien tengan que pasar y esto evidentemente genera problemas de transgresión de la ley", advierte Alejandro Delint García, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Encapuchados o pintados de la cara para no ser reconocidos, con uniformes especiales con características distintas a los usados por la policía común, en automóviles sin balizar y con armas de alto poder, los Gopes han violentado los derechos humanos de gente inocente cuando han aprehendido, "supongamos sin conceder", dice, a presuntos delincuentes. "Esa es la parte grave. En una visión de Estado democrático no es que se trate de que sean muchos o pocos los inocentes agraviados, los que sean, no tendría por qué darse", puntualiza Delint García, en entrevista con este diario.

Responsable de la investigación que la CDHDF inició sobre las quejas presentadas contra dicho grupo especial, principalmente por detenciones arbitrarias y allanamiento de morada, Delint García manifiesta que los Gopes, dedicados a combatir el narcomenudeo, "arrasan con quien se encuentran, sea mayor o menor de edad", y el robo representa un "denominador común" en sus incursiones a viviendas humildes.

También asegura que aunque son muy pocos, ha habido casos de tortura. Los policías, "a través de un daño psíquico o físico, intentan conseguir una confesión o la delación de supuestos o reales cómplices. Amenazan a la gente con pistola o los golpean". Ha habido heridos de bala, pero "la parte más grave tiene que ver con acciones donde hay un abuso de la fuerza pública, no hay proporción en el uso de la fuerza", señala.

El visitador comenta que acciones como las de los Gopes, pero también las detenciones aleatorias en microbuses o el operativo del alcoholímetro, "contrarían" el plan integral de seguridad pública que el Gobierno del Distrito Federal ofreció a los ciudadanos, donde se indicaba que la delincuencia no nace por generación espontánea, sino por causas estructurales, "pero luego viene un señor Giuliani y le vende al gobierno una serie de ideas y medidas que si bien pudieron tener efecto en otros país, y eso está por verse, las hace suyas".

La investigación de la CDHDF sobre los Gopes abarca hasta el momento 72 quejas presentadas desde abril del año pasado hasta este mes, y no se descarta que al ser concluida derive en una recomendación, según dejó entrever el propio ombudsman el jueves pasado, e incluso Delint García dijo que aun cuando los operativos estén suspendidos, existieron "en tiempo y espacio".

Los reportes de abusos cometidos por los Gopes provienen principalmente de colonias de la zona centro de la ciudad, incluido el barrio de Tepito, pero también de la delegación Iztapalapa, donde predomina la pobreza extrema, en cambio, "no tenemos quejas de Polanco o Las Lomas, también es importante señalarlo".

Y es que, según explica Delint García, "el uso irracional de la fuerza, el exceso policiaco penetra en la parte más débil, porque normalmente (los operativos de los Gopes) le pegan a la gente más pobre en lo único que tiene, que es su dignidad".

Así que "han pagado justos por pecadores y entonces el agravio a una persona o ciudadano inocente puede resultar tan negativo o más que lo positivo que puede resultar detener a un presunto delincuente".

Si bien el visitador acota que con la suspensión de los operativos "la SSP puede estar haciendo un esfuerzo para cambiar", la dependencia utilizó el concepto de flagrancia equiparada en términos muy amplios para detener no sólo a quienes eran sorprendidos cometiendo un delito, sino que iban tras la gente hasta 72 horas después del hecho. Además, las autoridades argumentan que las detenciones han sido de presuntos delincuentes, pero la policía no tiene facultades para determinar tal condición ni tampoco legitima que pueda entrar a las viviendas o vecindades sin orden de cateo, pero aun cuando se tratara de un probable delincuente, "no implica maltratarlo, golpear, abusar, robar y esa es la parte negativa", sentencia el visitador.