El bloqueo carretero, acuerdo de asamblea: indígena

Consignan a representante yaqui por supuesto ataque a vías de comunicación

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 27 de abril. La Procuraduría General de la República (PGR) consignó al gobernador yaqui del pueblo de Tórim, Octaviano Jécari Espinosa, por la probable comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación.

La autoridad indígena de Tórim, uno de los ocho pueblos yaquis de Sonora, podría alcanzar una pena de uno a cinco años de prisión.

Sin embargo, el gobernador indígena no fue encarcelado porque tiene un amparo que lo protege contra la orden de aprehensión girada por el juez primero de distrito, con sede en esta ciudad, informó Adelaido Izabal Hernández, delegado en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Explicó que la oficina a su cargo asignó un representante legal para llevar la defensa de Jécari Espinosa, quien en sus declaraciones ofreció testimoniales que "revelan que el bloqueo a la carretera no fue una decisión absoluta, sino un acuerdo tomado por la asamblea indígena".

Izabal Hernández indicó que en 15 días más el juez de distrito podría dictar sentencia contra el representante indígena por su probable responsabilidad en el delito de violación a las vías generales de comunicación.

La consignación se derivó de la averiguación previa que el agente del Ministerio Público Federal lleva a cabo por la denuncia presentada por la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el bloqueo a la carretera federal 15 México-Nogales.

El 12 de junio de 2002 un grupo de indígenas yaquis, liderados por Jécari Espinosa, interrumpieron por más de un año el tránsito vehicular al colocar una piola en el tramo de la comunidad El Bahugo, asentamiento eminentemente indígena del municipio de Guaymas.

Los yaquis solicitaban una "cooperación voluntaria" a los usuarios de la carretera bajo el argumento de sostener el movimiento en protesta por el despojo de 35 mil hectáreas de terreno que les fueron expropiadas mediante decreto presidencial emitido por Ernesto Zedillo en 1997.

Los inconformes denunciaron que con el decreto expropiatorio se beneficiaron importantes hombres de negocios del puerto de Guaymas, así como el entonces gobernador y actual diputado federal priísta Manlio Fabio Beltrones.