México D.F. Miércoles 28 de abril de 2004
En cuatro días analizaron la iniciativa
de González Parás
Aprueban juicios orales y uso de brazalete para arraigados
en NL
Las medidas se pondrían en marcha por primera
vez en el país
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
Monterrey, NL, 27 de abril. El Congreso de Nuevo
León aprobó, por primera vez en el país, los juicios
orales y la opción de colocar un brazalete electrónico a
personas sujetas a arraigo domiciliario. Esto, como parte de las reformas
que hizo el Poder Legislativo a 15 de los 153 artículos de la Constitución
política del estado, además de cambios en 70 capítulos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El
coordinador de la fracción panista, Enrique Barrios, consideró
que el brazalete sería violatorio de los derechos humanos de los
indiciados, a lo que el presidente de la mesa directiva, el priísta
Alfonso Ayala, respondió que ese mecanismo es opcional y no impositivo.
La reforma, sostuvo, es de escasos alcances y deja muchos puntos en la
oscuridad porque no precisa detalles, y pidió a los priístas
no legislar "al vapor", ya que la iniciativa de reforma la presentó
hace apenas cuatro días el gobernador del estado, Natividad González
Parás.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Jorge Padilla Olvera, señaló que esa medida precautoria
ya se utiliza en países como Canadá y Estados Unidos, y mencionó
que se impuso ese tipo de control para evitar la fuga del ex presidente
del PAN en Nuevo León, Raúl Monter Ortega, coacusado de Jorge
Lankenau Rocha en el fraude contra inversionistas del Grupo Abaco Confía.
La propuesta para utilizar dicha medida precautoria, como
alternativa del arraigo domiciliario, está contenida en el artículo
36 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, donde se
establece que serán los jueces de preparación de lo penal
-que serán creados con la misma reforma-, los encargados de resolver
sobre esta modalidad de aseguramiento provisional.
La iniciativa, que fue aprobada con 24 votos a favor,
seis en contra y una abstención, deberá ser admitida en otro
periodo legislativo para que tenga vigencia, pero se descarta que no sea
refrendada.
La misma prevé la posibilidad de presentar controversias
de constitucionalidad locales, facultad que se otorgará al pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), recurso que permitirá
combatir normas generales provenientes de los ayuntamientos, dirimir conflictos
de invasión de competencias, y podrán ser promovidas por
fracciones minoritarias de cinco legisladores, dos o tres regidores -según
la composición de cada ayuntamiento-, además del procurador
de Justicia del estado.
Otra propuesta del titular del Ejecutivo establece las
bases constitucionales para crear el Centro estatal de mediación
y métodos alternos para la solución de conflictos, también
serán creados juzgados de preparación de lo penal, juzgados
del juicio oral penal y juzgados mercantiles, cuyos titulares serán
designados por el Consejo de la Judicatura.
Al anunciar su voto en contra, la diputada independiente
Liliana Flores Benavides dijo que el Ejecutivo del estado violentó
los tiempos y no respetó la soberanía del Congreso al pretender
una reforma fast track (vía rápida), ya que hace apenas cuatro
días presentó la iniciativa de reformas, sin dar tiempo de
que los diputados pudieran consultar, analizar, discutir las propuestas
a 15 artículos de la Constitución, y de 70 artículos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El perredista Julio Reyes, quien se abstuvo, afirmó
que "no podemos legislar al vapor, no entendemos la precipitación
con la que se está actuando, exigimos respeto al Poder Legislativo",
y asentó que se debe profundizar más en el estudio de las
reformas, dada su trascendencia, pues repercuten en cambios estructurales
en el Poder Judicial.
La coordinadora petista Guadalupe Rodríguez cuestionó
también la premura con la que se sometieron al pleno las reformas
y demandó que se realice una amplia consulta previa a la discusión
y aprobación definitiva, que se espera ocurra durante el próximo
periodo ordinario de sesiones, que inicia el 30 de abril.
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