Revisará que los contratos de servicios múltiples no violenten el marco constitucional

Crearán comisión legislativa que investigue a trasnacionales en la cuenca de Burgos

 Además analizarán la legalidad del llamado del gobierno de BC para instalar regasificadoras

ENRIQUE MENDEZ

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la constitución de una comisión especial y una subcomisión que investigarán a las trasnacionales que operan en la Cuenca de Burgos bajo la figura de los contratos de servicios múltiples, que Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió con las empresas, así como la legalidad de la oferta internacional emitida por el gobierno de Baja California para la instalación, en sus costas, de regasificadoras y el riesgo que éstas representan para la región.

A partir de las solicitudes que, por separado, presentaron en el recién concluido periodo ordinario de sesiones los diputados priístas Humberto Cervantes y Raúl Pompa 舑en nombre de legisladores de diferentes partidos舑, los coordinadores convinieron en integrar ambas comisiones.

La Junta de Coordinación coincidió en que debe vigilarse el desarrollo del Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 de Pemex Exploración y Explotación, que suscribió contratos de servicios múltiples en las regiones Reynosa-Monterrey, Bloque Olmos, Bloque Cuervito, Bloque Misión y Bloque Fronterizo con cinco trasnacionales 舑entre ellas la española Repsol舑 y una empresa mexicana.

En su acuerdo para integrar la comisión especial de la Cuenca de Burgos, la junta planteó la necesidad de que el Poder Legislativo emprenda las acciones que permitan 舠vigilar el cumplimiento cabal del proyecto, que se alcancen las metas previstas y se afirme el desarrollo regional como nacional舡.

Con ello se atendió la exigencia de diputados de distintas fracciones, en el sentido de que la Cámara está obligada a vigilar que los contratos y la operación de las trasnacionales no violenten 舠el marco constitucional vigente舡 y garanticen 舠seguridad jurídica舡 sobre su operación en territorio mexicano.

El objetivo de la comisión especial también es el de vigilar que, en la explotación de gas no asociado en la cuenca, no causen impacto ambiental y 舠asegurar el desarrollo sustentable y equilibrado en la zona舡.

Asimismo, la junta determinó que la oferta del gobierno de Baja California para que las empresas interesadas se establezcan en su territorio, con la intención de realizar actividades de regasificación natural para satisfacer al mercado de California, Estados Unidos, no respetó las disposiciones de los artículos 27 y 28 de la Constitución.

En este contexto, también respaldó las afirmaciones de diputados federales en cuanto al efecto del ofrecimiento del gobernador panista, Eugenio Elorduy Walter, causó sobre el interés de los habitantes de la entidad. 舠El poder que ejerce el ejecutivo del estado puso en desventaja舡 a la comunidad, resaltó.

Al respecto, el punto de acuerdo propuesto en abril por Raúl Pompa cuestionó que la decisión de Elorduy, pues hizo la oferta para recibir en las costas del estado a trasnacionales regasificadoras cuyo negocio es el de surgir de gas al estado de California, 舠donde no se les permite su instalación por las consecuencias ecológicas y riesgos propios del manejo y almacenamiento del combustible舡.

Además, dijo, los argumentos de 舠beneficio舡 a favor de la zona costera de Baja California 舠no convencen a los pobladores, lo que provoca conflictos de interés y prioridades que no logran conciliarse舡.