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México D.F. Martes 4 de mayo de 2004

Legisladores aprueban procedimiento contra el mandatario

Cuernavaca, Mor., 3 de mayo. Por considerar que quedaron acreditadas las diversas causales presentadas en la denuncia de juicio político contra el gobernador, Sergio Estrada Cajigal, los coordinadores parlamentarios de PRI, PRD, PVEM y Convergencia aprobaron la procedencia del proceso en su contra. 舠Como consecuencia de la declaración de procedencia se incoa el procedimiento de juicio político correspondiente舡, y procede turnar el expediente a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su aplicación.

En el controvertido documento de 26 cuartillas, la mayoría opositora establece que 舠los actos y omisiones denunciados son violaciones expresas  que calificamos como graves a la Constitución Política del estado, porque causan perjuicio a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho舡.

De acuerdo con el dictamen se consideraron fundadas las imputaciones de omisión en contra del gobernador, señaladamente por haber designado al coordinador de la Policía Ministerial (Agustín Montiel) 舠cuando sobre éste pesan múltiples recomendaciones de los derechos humanos de Guerrero舡.

Se destaca que aunque el jefe inmediato de Montiel era el procurador estatal Guillermo Tenorio, 舠consta que el Ejecutivo estatal se negó (a removerlo) y protegió al coordinador, a pesar de las diversas denuncias, recomendaciones y reclamos en su contra舡. Asimismo, las denuncias contra Montiel por sus relaciones con el narcotráfico no fueron atendidas, corroborándose el incumplimiento de las funciones del gobernador por no actuar debidamente en defensa del interés público.

El dictamen enumera otras responsabilidades del gobernador, entre las que destaca velar por la conservación del orden público y la seguridad interior del estado; impedir los abusos de la fuerza armada contra los ciudadanos, y adoptar las medidas necesarias para la buena marcha de la administración estatal.

舠Facultades que el gobernador ha incumplido gravemente, violaciones constitucionales que han tenido consecuencias lógicas en perjuicio de la sociedad y de las instituciones del estado, por el abandono y desatención injustificada  de sus funciones, por no adoptar las medidas necesarias para la buena marcha de la administración estatal; por la violación reiterada y sistemática a las garantías individuales de ciudadanos y no hacer efectivo el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos;  que como jefe de la fuerza pública estatal no veló por la conservación del orden público y la seguridad.舡 Con ello se recoge gran parte de la demanda que dio origen al proceso de juicio político y en donde se pormenorizan los diversos actos de represión en contra de pobladores de Temoac y del Frente del ex Casino de la Selva y trabajadores de Confitalia, entre otros. (Alonso Urrutia, enviado, y La Jornada Morelos)

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