México D.F. Martes 4 de mayo de 2004
Legisladores aprueban procedimiento contra el
mandatario
Cuernavaca, Mor., 3 de mayo. Por considerar que quedaron acreditadas las diversas causales
presentadas en la denuncia de juicio político contra el gobernador,
Sergio Estrada Cajigal, los coordinadores parlamentarios de PRI, PRD, PVEM
y Convergencia aprobaron la procedencia del proceso en su contra.
舠Como consecuencia de la declaración de procedencia se incoa
el procedimiento de juicio político correspondiente舡, y
procede turnar el expediente a la Comisión de Gobernación y
Gran Jurado para su aplicación.
En el controvertido documento de 26 cuartillas, la
mayoría opositora establece que 舠los actos y omisiones
denunciados son violaciones expresas que calificamos como graves a la
Constitución Política del estado, porque causan perjuicio a
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho舡.
De acuerdo con el dictamen se consideraron fundadas las
imputaciones de omisión en contra del gobernador,
señaladamente por haber designado al coordinador de la
Policía Ministerial (Agustín Montiel) 舠cuando sobre
éste pesan múltiples recomendaciones de los derechos humanos
de Guerrero舡.
Se destaca que aunque el jefe inmediato de Montiel era
el procurador estatal Guillermo Tenorio, 舠consta que el Ejecutivo
estatal se negó (a removerlo) y protegió al coordinador, a
pesar de las diversas denuncias, recomendaciones y reclamos en su
contra舡. Asimismo, las denuncias contra Montiel por sus relaciones
con el narcotráfico no fueron atendidas, corroborándose el
incumplimiento de las funciones del gobernador por no actuar debidamente en
defensa del interés público.
El dictamen enumera otras responsabilidades del
gobernador, entre las que destaca velar por la conservación del
orden público y la seguridad interior del estado; impedir los abusos
de la fuerza armada contra los ciudadanos, y adoptar las medidas necesarias
para la buena marcha de la administración estatal.
舠Facultades que el gobernador ha incumplido
gravemente, violaciones constitucionales que han tenido consecuencias
lógicas en perjuicio de la sociedad y de las instituciones del
estado, por el abandono y desatención injustificada de sus
funciones, por no adoptar las medidas necesarias para la buena marcha de la
administración estatal; por la violación reiterada y
sistemática a las garantías individuales de ciudadanos y no
hacer efectivo el fincamiento de responsabilidades a los servidores
públicos; que como jefe de la fuerza pública estatal no
veló por la conservación del orden público y la
seguridad.舡 Con ello se recoge gran parte de la demanda que dio
origen al proceso de juicio político y en donde se pormenorizan los
diversos actos de represión en contra de pobladores de Temoac y del
Frente del ex Casino de la Selva y trabajadores de Confitalia, entre otros.
(Alonso Urrutia, enviado, y La Jornada Morelos)
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