Nora Patricia Jara

Escándalos y justicia

El rompimiento del acuerdo entre México y Estados Unidos para el intercambio de información estratégica en el ámbito financiero puede ser, de una vez por todas, la circunstancia que lleve a los gobiernos federal y de la capital a darle cauce institucional a uno de los escándalos de corrupción más graves que se haya evidenciado en el país.

Los miles de dólares que los políticos involucrados echan en maletas o bolsas de plástico en acciones videograbadas y puestas a disposición de la opinión pública, como supuesta denuncia de corrupción, resultó más que una acción un acto que expone la inmoralidad de un grupo político de oposición en el poder, hecho que alimenta la llamada industria de la denuncia, que se utiliza para denostar o desacreditar a oponentes, las cuales se realizan bajo premisas falsas y se erigen como tutores morales de una legalidad que no se respeta, porque al hacer una imputación con argumentos falaces se deslegitiman al esconder los verdaderos fines.

Lo que vimos en los medios exhibió además el poco respeto que se tiene del muy cacareado estado de derecho, que se ensaña en los que no pueden pagar una defensa o contra los adversarios políticos, pero que, cuando de delincuentes de cuello blanco o sobornadores profesionales 舑como el empresario Carlos Ahumada Kurtz舑 se trata, ni por lavado de dinero se les toca. Las instituciones de procuración de justicia se convierten en arietes para traspasar reglas de convivencia que dan confianza al ciudadano y credibilidad al sistema político, como que los hechos criminales se atiendan en los espacios jurídicos correspondientes.

Ahora el problema es resarcir la confianza a las dependencias pilladas en actos de corrupción, mismas que han sido señaladas y que han quedado al descubierto como grupo faccioso, entendiéndose a éste como el que rebasa las leyes y los acuerdos para obtener beneficios por encima de la colectividad. El daño causado a nuestra relación bilateral con los socios del norte y a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que decreció entre 4 y 10 por ciento, según la empresa encuestadora Indemerc Louis Harris, alcanza también a las instituciones de procuración de justicia, tanto nacional como local, puestas en entredicho en el afán de dirimir asuntos electoreros anticipados en sus tribunales.

De estas acciones, el gobierno del presidente Fox es responsable, pero también los partidos políticos y las instituciones que ampara la legislación electoral, que se observan como cómplices al no transparentar asuntos como Amigos de Fox, el Pemexgate, los negocios del niño verde y ahora el PRD. En casi todos el comportamiento se manifiesta intencional y doloso, ya que se organizaron para defraudar órganos fiscalizadores o simplemente actuar con impunidad. Es necesario saber dónde quedó el dinero que recibieron René Bejarano y Carlos Imaz, cómo saber de dónde salió la información que intentó socavar la gobernabilidad en el Distrito Federal antes que perseguir corruptelas.

Poner el videoescándalo fuera de las oficinas de gobierno y de las filtraciones ayudará a destensar los ánimos y con voluntad hasta conocer la verdad, dejar de un lado el escándalo, el ruido político y el alboroto. Ello favorecerá el análisis de los acontecimientos separando lo político de lo judicial, la verdad mediática 舑que vimos en la televisión舑 de la verdad jurídica 舑que investigan los ministerios públicos舑, que debe argumentarse con la correspondencia de hechos y afirmaciones, la verdad evidente, genuina, que se basa en principios de realidad que se pueden cotejar y definir, según el filósofo Karl Popper, mediante el estudio de la obra de pensadores antiguos como Jeófanes, que sustentaron que la verdad corresponde a los hechos y no a la creencia o razonamiento lógico que puede ser infundado. Pensamiento que amplió Popper en sus investigaciones sobre la concepción semántica de la verdad de A. Tarsky (1944), que advierte que la verdad como ciencia pura es la búsqueda del conocimiento y que vista como ciencia aplicada es sólo la búsqueda del poder o de instrumentos de los poderosos.

Por lo que, mientras instancias como la PGR persigan teorías para adecuarlas a ciertos propósitos, estarán más alejadas de la verdad verídica, que es la única que importa para regular nuevamente la convivencia política.