Empresarios recurren a trampas legales para escamotear el beneficio a trabajadores

"Está en franco desuso" el derecho al pago de utilidades

No hay cifras disponibles sobre el número de trabajadores que reciben la participación
Ante ese panorama Ramírez Gamero propone establecer un bono anual por productividad

FABIOLA MARTINEZ

En lo que va del año sólo 13 trabajadores han promovido demandas para exigir el pago de utilidades, aun cuando a millones de empleados sus patrones les escamotean ese beneficio, principalmente mediante argucias contables.

A 42 años de su reglamentación en la Ley Federal del Trabajo (LFT), este derecho constitucional "está en franco desuso y nos obliga a explorar otras vías, como el pago de un bono de productividad anual para obtener un ingreso adicional", admite José Ramírez Gamero, secretario de Educación y Capacitación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), responsable de uno de los escasos seminarios que se imparten en esta época del año a sindicatos y público en general.

No existen cifras disponibles sobre el número de empleados que reciben la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), pero el ínfimo nivel de asesorías registradas por la autoridad laboral (apenas 143 en el primer cuatrimestre de este año) respalda la opinión de dirigentes sindicales: "las utilidades son, para la mayoría, una ilusión".

Inclusive, para trabajadores de empresas grandes y altamente rentables como Teléfonos de México, privilegiados en este ámbito, con utilidades equivalentes a seis meses de salario, este año recibieron 13.5 por ciento menos que en el ejercicio anterior. Ello porque decidió destinar recursos al fondo de pensiones para alcanzar una garantía de pago de 98 por ciento para los futuros trabajadores en retiro, informó el sindicato.

Y es que las empresas optan por contratar los servicios de especialistas (en contabilidad fiscal) con experiencia en reducir al mínimo la ganancia neta a repartir entre los empleados. De acuerdo con la experiencia de los representantes sindicales, es común que los patrones recurran a acciones consideradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como legales, es decir, realizar a final del año fiscal inversiones en sus empresas que se evidencian en la compra de equipo y maquinaria, automóviles o inmuebles.

Sin embargo, muchos recurren también a "verdaderas trampas" para evadir su responsabilidad, a partir de la subcontratación de mano de obra con empresas intermediarias; abruptos cambios de razón social y/o declaración de "pérdidas fiscales o utilidades fiscales menores", aun cuando en la realidad se reporten avances en la producción y ventas, es decir, se mantengan como unidades rentables.

Cuando los empleados consideran que la utilidad recibida no corresponde al desempeño de la empresa y deciden entablar juicios por esta causa, se enfrentan a información inaccesible o documentos incompletos respecto de los ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Si logran salvar esos obstáculos deberán invertir en la contratación de los servicios de un especialista y esperar -afirma Ramírez Gamero- alrededor de ocho meses para culminar el litigio, tras los cuales, "en la etapa final, la SHCP es frecuente que otorgue la razón a los trabajadores".

Información de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) precisa que de enero a abril de este año, 143 empleados (111 del Distrito Federal) recurrieron a esta instancia a solicitar asesoría; 17 casos se encuentran en etapa de conciliación, y sólo 13 están en juicio para exigir el pago de PTU por el ejercicio de 2003.

En el periodo anterior, es decir, correspondiente a 2002, la Profedet reporta 322 asesorías, 10 conciliaciones y 36 juicios, es decir, sólo 368 empleados manifestaron su inconformidad por este motivo. La cifra resulta reducida si se compara con los 12.5 millones de trabajadores con empleo formal registrado ante el IMSS y con los 5 millones que, al menos oficialmente, pertenecen a un sindicato.

El 30 de mayo es la fecha límite para que las empresas (personas morales) entreguen la PTU; este mes es también el lapso en el cual la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades -integrada por representantes patronales y de trabajadores- recuerda a los asalariados que tienen este derecho, consagrado en la Constitución como alternativa para "la distribución de la riqueza".

Ramírez Gamero alertó que los trabajadores sólo tienen un mes (mayo) para hacer valer su inconformidad, porque para el primero de junio el derecho habrá prescrito. El lapso es insuficiente si se considera que hay que analizar, con el apoyo de expertos en materia fiscal, la carátula que presenta el patrón ante la SHCP.

Es por ello que, en lo individual, el obrero "difícilmente tendría oportunidad o acceso para impugnar la hoja del PTU, porque tiene que apoyarse en un contador y tal vez el dinero que obtenga al final del proceso no le alcance ni para pagarle al especialista. Por ello, los sindicatos tenemos una gran responsabilidad en ese sentido y también para llevar el tema a la reforma de la LFT", agregó.

-ƑQué suerte tendrían los trabajadores no sindicalizados?

-Simplemente, quedan en la orfandad y a la buena voluntad de su empresa. Esa es la realidad.

-ƑQué porcentaje de trabajadores recibe este derecho?

-Si acaso, menos de 40 por ciento tiene posibilidad de aspirar al PTU, aunque ello no significa que reciban el monto correcto.

-ƑCuál es la razón de tal incumplimiento y evasión de lo dispuesto en la LFT?

-No existe la conciencia empresarial de que la plusvalía que genera el esfuerzo del trabajador se reparta con equidad. Si hubiera un reparto correcto habría impulso a la reactivación del mercado interno y el empleado "se pondría la camiseta" para hacer mejor su labor. Lo cierto es que el incumplimiento en el pago de utilidades es causal de emplazamiento a huelga, pero hasta el momento ningún sindicato ha colocado las banderas rojinegras por ese motivo.