México D.F. Miércoles 12 de mayo de 2004
Está acusado del delito de fraude procesal
Dictan formal prisión a Enrique Arcipreste
Se ostenta como propietario del predio Paraje San Juan,
en Iztapalapa
AGUSTIN SALGADO
Poco antes del mediodía, el juez 36 penal con sede
en el Reclusorio Norte, Enrique Gallegos Garcilazo, dictó el auto
de formal prisión en contra de Enrique Arcipreste del Abrego, por
su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal.
Sin
que el indiciado se encontrara en la rejilla de prácticas, Gallegos
Garcilazo notificó a los abogados de Arcipreste de la nueva situación
jurídica de su cliente. Minutos después, el presunto dueño
del Paraje San Juan apareció en la rejilla de prácticas y
fue informado de la decisión del juez.
Interrogado sobre el hecho de que su cliente no estuviera
presente desde el inicio, el abogado Arturo Vázquez Ayala señaló:
"no vengo a pelearme con el juez. No lo presentaron en la rejilla porque
está en trámites administrativos dentro del penal y la ley
permite esta situación, entonces no hay ningún problema".
A diferencia de la vez pasada, cuando el inculpado se
dio tiempo para contestar las preguntas de los reporteros, en esta ocasión
se limitó a escuchar la notificación del auto de formal prisión
en su contra.
No obstante que Vázquez Ayala afirmó que
"no es con declaraciones como se gana un juicio", ayer se refirió
a una supuesta "presión" que el gobierno capitalino ejerce sobre
el juez 36 penal: "creo que él (Gallegos Garcilazo) tiene una fuerte
presión política de Andrés Manuel López Obrador,
quien hoy (ayer) a las siete de la mañana declaró ante la
prensa que don Enrique es un delincuente. Lo hace antes de que se agote
un proceso, antes de que se agoten las instancias.
"Para él ya es un delincuente y con ello ejerce
autoridad política hacia los juzgadores. Nosotros respetamos al
juez y vamos a agotar los medios de impugnación que están
en la ley hasta que salgamos adelante".
El abogado adelantó que "platicará" con
su cliente para establecer la estrategia a seguir en la defensa, aunque
anticipó que promoverán un amparo ante un tribunal federal:
"siempre confiamos más en los tribunales federales, tienen alto
grado de especialización, mayor independencia y autonomía
a los poderes y, además, es una justicia altamente ética".
En torno a las pruebas que presentó durante la
ampliación del término constitucional que solicitaron, Vázquez
Ayala dijo que "se aportaron escritos donde se establece que hasta la fecha
el Gobierno del Distrito Federal no ha hecho un solo pago a don Enrique".
Según el litigante, Arcipreste del Abrego ha recibido
amenazas dentro del Reclusorio Norte: "el jueves anterior, una persona
que se ostentó como subdirector de reclusorios en la ciudad de México,
junto con cuatro personas más, se presentó en su celda y
lo presionaron. "Le dijeron que no se hiciera el tonto, que reconociera
que conocía a Ahumada y firmara una declaración en tal sentido.
Además le dijeron que no se fuera a colgar, al tiempo que señalaban
una varilla que está en el techo de su celda".
Inquirido al respecto, el subprocurador de Procesos, Rosendo
Gómez Piedra, quien acudió también al Reclusorio Norte,
rechazó el señalamiento: "no es cierto, nada de eso es cierto.
Todos son argumentos que la defensa está manejando, pero si tiene
pruebas, que las presente".
Por la tarde, la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del gobierno capitalino, por medio de un boletín
de prensa, negó rotundamente "las aseveraciones sin fundamento que
hicieran personas allegadas a la defensa del señor Enrique Arcipreste
del Abrego (...) en el sentido de que ha sido objeto de hostigamiento y
presión sicológica por personal de seguridad".
Finalmente, Vázquez Ayala adelantó que denunciará
las "presiones sicológicas" ante las comisiones de Derechos Humanos
local y nacional.
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