Miguel Marín Bosch*

Tormenta ginebrina

La semana pasada el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas religió a México miembro de la Comisión de Derechos Hu-manos (CDH) por otro trienio (2005-2007). Desde 1981, ininterrumpidamente, hemos sido miembro de este foro de composición restringida. Antes lo habíamos sido entre 1955 y 1960, y de 1971 a 1973. Nuestro reingreso en 1981 obedeció a la política activa que en materia de derechos humanos llevó a cabo el gobierno del presidente López Portillo. Durante la segunda mitad de su sexenio, y a instancias de su canciller, nuestro país ratificó buen número de instrumentos multilaterales sobre la materia. Para dar mayor realce a nuestra participación en la CDH se designó a don Luis Padilla Nervo jefe de la delegación y al embajador Antonio González de León como su alterno.

Desde hace casi seis décadas la CDH se ha venido reuniendo en Ginebra cuando menos una vez al año durante seis semanas al principio de la primavera. Es una de las reuniones más folclóricas de la ONU. Son muchas las propuestas que se presentan y muchas las organizaciones no gubernamentales que asedian a los delegados. Son muchas también las presiones sobre los gobiernos ahí representados y cada uno tiene su agenda particular y su blanco predilecto.

Durante la década de los años 80, la delegación mexicana, junto con algunas europeas, abogó por el respeto a los derechos humanos en el Chile de Pinochet. Año tras año la CDH aprobó sendas resoluciones condenando a ese régimen. No recuerdo que en esa época en México se haya criticado al gobierno por su postura abiertamente intervencionista en los asuntos internos chilenos (como antes lo había hecho en las postrimerías del franquismo).

El fin de la guerra fría tuvo fuerte impacto en los trabajos de la CDH. El equilibrio de fuerzas en su interior cambió cuando los países del antiguo bloque de Europa oriental se pasaron al bando occidental. Aparecieron (o reaparecieron) ciertas cuestiones que la guerra fría había impedido que se examinaran en la comisión.

En la CDH persiste una dicotomía que ha caracterizado durante décadas cualquier discusión en torno a los derechos humanos. Hay gobiernos que defienden más los llamados derechos humanos colectivos, incluyendo el derecho al desarrollo, mientras que otros han privilegiado las llamadas garantías individuales. Estos últimos suelen preocuparse más por el estado que guardan los derechos humanos en determinado país e invariablemente, por bienintencionada que sea la propuesta, acaba por politizar la cuestión. Los casos nacionales son, por lo tanto, los más tormentosos en Ginebra.

Antes de abordar algunos aspectos de lo ocurrido este año en esa instancia, hay que señalar que en sus trabajos se abusa de una práctica parlamentaria a la que también se recurre en otros órganos de la ONU: la moción de no acción. Ante un proyecto de resolución que quizás fuera aprobado si se sometiera a votación, cualquiera de las 53 delegaciones que la integran puede pedir que no se proceda a una votación. Entonces la comisión se pronuncia sobre esa moción de no acción. Siempre he pensado que, al margen de los méritos de la propuesta de fondo, debería evitarse esta práctica que equivale a tratar de imponer una mordaza a la CDH. No debe negarse a las delegaciones su derecho a pronunciarse sobre una propuesta de fondo por incómoda que pueda resultar.

En la pasada sesión hubo cuando menos cuatro mociones de no acción. Tres lograron su propósito y, por ende, la comisión no pudo pronunciarse sobre los proyectos de resolución referentes a la situación de los derechos humanos en China, Zimbabwe y Sudán. En el caso de este último, logró aprobar un proyecto distinto. La cuarta moción fue derrotada y pudo dictaminar sobre la situación en Bielorrusia. Aquí nuestro país se abstuvo en la moción, pero luego apoyó la resolución. Por otro lado, la comisión rechazó (con la abstención de México) un proyecto de resolución sobre la situación en Cheche-nia. De hecho, nuestro país se abstuvo en todas las mociones de no acción. Por lo tanto, no dio color en los casos de China, Zimbabwe y Chechenia.

Si la cantidad de resoluciones es un indicio de productividad, entonces la pasada sesión de la CDH fue todo un éxito. Aprobó 91 resoluciones, de las cuales 40 se sometieron a una votación: 31 se aceptaron con más de 30 votos a favor, mientras que sólo 9 se aprobaron con menos de 30 votos afirmativos. De éstas, la relativa a Cuba fue sin duda la más peleada (22 a favor, 21 en contra y 10 abstenciones).

Hace más de una década que la CDH se viene pronunciando de una manera u otra sobre el caso de los derechos humanos en Cuba. En el pasado México había rehusado apoyar los textos presentados por diversos países, casi todos obrando a control remoto de Estados Unidos. Esa práctica de abstención se siguió en 2001. En la cancillería hubo algunos funcionarios que abogaron por un voto condenatorio de Cuba, entre otras razones para marcar una diferencia con los gobiernos anteriores. Pero prevaleció la cordura, inspirada en parte en una razón de índole práctica: México aspiraba a ingresar al Consejo de Seguridad y Cuba nos iba a ayudar a lograrlo, sobre todo abogando por nuestra causa entre los países africanos. Al año siguiente, habiendo ingresado al consejo, pasamos de una abstención a un voto afirmativo, mismo que repetimos en 2003 y el mes pasado en Ginebra. Una vez más nuestro voto provocó la ira de La Habana y sirvió para complicar el actual sainete político que estamos padeciendo.