Predio El Encino

Desmiente a la PGR ex director de Servimet

LAURA GOMEZ FLORES

La Procuraduría General de la República (PGR) miente cuando señala que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones para continuar las obras en la franja expropiada y no liberar los accesos del predio denominado El Encino, cuando de inmediato se acató el mandato judicial, por lo cual no existe argumento válido para acusarlo de desacato, afirmó el ex director de Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Heredia Zubieta.

Explicó que en diciembre de 2000 la empresa Promotora Internacional Santa Fe, que representa a los dueños del predio, promovió un amparo dirigido, inicialmente, a detener las obras viales en la franja expropiada en noviembre de ese año.

Las autoridades judiciales le otorgaron, en marzo de 2001, la suspensión provisional con el propósito de que el gobierno capitalino, por medio de Servimet, que era la encargada de los trabajos, detuviera la apertura de vialidades, pero únicamente en dicha franja, y no cancelara los accesos al terreno, como finalmente se hizo.

En su momento, los actuarios y notarios enviados a la zona constataron que el terreno en litigio se encontraba delimitado con líneas de cal, aunque la maquinaria pesada se encontraba en áreas aledañas, pues "nuestra obligación era cumplir con el programa parcial de desarrollo y dotar de infraestructura a la zona de Santa Fe, lo cual no significaba una violación al mandato", argumentó.

Controversia sobre límites

Sin embargo, señaló que desde entonces los límites y colindancias de El Encino eran objeto de controversia y correspondía a las autoridades judiciales precisar cuántos metros amparaba el contrato de transmisión de propiedad en ejecución del fideicomiso que celebraron Banoro, que por instrucciones de Federico Escobedo Garduño adquiere Promotora Internacional, como quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad en 1997.

En entrevista, aclaró que dicha situación se pasó por alto y provocó que se interpusiera un incidente de violación del amparo porque las obras de construcción de vialidades seguían en las zonas aledañas y periféricas del predio, lo que un juez declaró infundado porque no se obstaculizaron los accesos y se respetó la franja expropiada.

La extensión de dicha área, así como la bitácora de trabajos y suspensión de los mismos se encuentran en el expediente en manos de la PGR, "a lo cual no hemos tenido acceso, pese a solicitarlo, como tampoco a las declaraciones testimoniales que hice ante esta autoridad en febrero y diciembre del año pasado, porque no es común que las entreguen, me dijeron.

"Nunca afirmé, como testigo del caso, que el jefe de Gobierno me instruyera a continuar las obras en la zona expropiada, como dio a conocer la PGR, según versiones aparecidas en la prensa este jueves, porque no fue así".

-ƑMiente la procuraduría al señalar que varios de los funcionarios del gobierno capitalino acusaron a López Obrador de seguir los trabajos cuando había un mandato judicial de por medio? -se le preguntó.

-Sí, porque la orden emitida por la consejería jurídica fue parar las obras de inmediato en esa franja y liberar los accesos. Quizá el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Carlos Javier Vega Memije, interpretó las respuestas de los funcionarios que fueron llamados a comparecer, pues una de las preguntas clave que se nos hicieron era que quién era nuestro jefe inmediato y a quién se tenían que rendir cuentas. En mi caso era al consejo de administración de Servimet, encabezado por López Obrador.

La copia de esta declaración se encuentra en manos de las autoridades ministeriales y se puede constatar, de autorizarlo, "que nunca declaré que el jefe de Gobierno me había dado instrucciones de continuar las obras, porque es falso, ya que cumplimos categóricamente y el juez del caso lo constató al negar el incidente de violación a la suspensión provisional promovido por la empresa; se puede ver también en las bitácoras integradas al expediente", precisó el ex funcionario.

Posteriormente, el tribunal colegiado modificó dicho criterio y consideró que no bastaban las veredas que existían de acceso al predio y las autoridades capitalinas estaban obligadas a dotarlo de una vialidad, que no existía cuando se declaró la suspensión provisional del amparo, lo cual resulta, desde su punto de vista, indebido porque se trata de una propiedad privada. Así que se abandonaron los trabajos, tal como están hoy en día.