Luis Javier Garrido

La acusación

La absurda acusación penal del gobierno federal a Andrés Manuel López Obrador buscando inhabilitarlo como candidato en 2006 constituye un acto más de grave irresponsabilidad de Vicente Fox que parece estar buscando un estallido social.

1. El anuncio hecho por la PGR de que está solicitando a la Cámara de Diputados se haga un juicio de procedencia al jefe de Gobierno de la capital a fin de procesarlo, supuestamente por no respetar en 2001 el amparo otorgado por un juez federal a los propietarios del predio El Encino para que no se prosiguiera la construcción de unas vialidades (17 de mayo), buscando así que le sean suspendidos a éste sus derechos políticos por estar sometido a un proceso penal, ha causado, como era de suponerse, una condena en amplios sectores, precisamente porque es evidente que pone en riesgo el futuro del país y la paz social, y sin embargo el gobierno no se da por enterado.

2. La decisión de Fox de encausar ilegalmente a López Obrador para tener manos libres en 2006, y que es consecuencia del fracaso que tuvo con el caso del complot en que se involucró con Carlos Ahumada, junto con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari para los mismos fines, alcance o no sus objetivos, es desde ahora una decisión arbitraria que confirma a los mexicanos la urgencia de que el grupo foxista deje cuanto antes el poder, pues no sólo ha estado atentando contra los intereses fundamentales de México sino que su presencia impide cualquier posibilidad de convivencia democrática.

3. La acusación de la PGR contra el jefe de Gobierno por ese supuesto desacato al Poder Judicial es una aberración en lo jurídico, no sólo por el hecho de que desde ese mismo año de 2001 la obra de construcción de esas vialidades, que es la base de la acusación mal fundada, fue detenida y en consecuencia no hubo desacato, sino también por algo muy obvio: y es que dicha figura delictiva no está tipificada en nuestras leyes, y por lo mismo no se puede aplicar una ley que sólo existe en la cabeza de Fox, pues ello sentaría un precedente deplorable en la vida jurídica de México.

4. Las políticas abusivas de Fox de utilizar el aparato judicial del Estado para protegerse de las presuntas y probables actividades delictivas que ha cometido y para alcanzar una serie de objetivos políticos (su obsesión enfermiza por destruir políticamente al jefe de Gobierno de la capital) está conduciendo, por otra parte, a aquello que tanto buscaron impedir los liberales mexicanos del siglo XIX: la politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sabían que ésta le haría perder toda credibilidad al sistema de impartición de justicia. La Corte es hoy, sin embargo, no sólo un almácigo de abogados oscuros, en su mayoría filopanistas, sino que algunos de ellos como "Marianito" Azuela no han tenido pudor alguno para lanzarse en declaraciones de política partidaria, y el desplegado de la Corte y del Consejo de la Judicatura del pasado día 19, pretendiendo que la justicia en México es "honesta" e interviniendo en el caso de El Encino, a pesar de que se halla en curso, así lo demuestra, pues no hace más que confirmar lo que todo mundo sabe y que es precisamente lo contrario: que hay jueces, magistrados y ministros corruptos, que fallan por dinero o por consigna del poder.

5. La principal ironía de esta acusación es por lo mismo que la hace Vicente Fox, un gobernante que, según las evidencias existentes, mereció desde hace mucho ser destituido por corrupción y por la comisión del delito de traición a la patria en los que incurrió al entregar los recursos básicos del país a quienes le entregaron millones de dólares para su campaña en un abierto tráfico de influencias, o por su asociación delictiva con Ahumada, y que todo el tiempo se ha encontrado envuelto e impune en asuntos de corrupción, como el último fraude contra los azucareros, supuestamente cometido por sus hermanos (La Jornada, 20 de mayo).

6. La campaña millonaria del gobierno en los medios, moviendo todo el aparato de desinformación del Estado, para tratar de hacer creer a los mexicanos que la acusación por el caso de El Encino no es política sino jurídica, y que además Fox no está atrás de ella, ha fracasado de manera tan estrepitosa como la de los dos meses anteriores para tratar de convencer inútilmente que el titular del Ejecutivo no estaba enredado como un vulgar delincuente de Estado con Salinas y Diego en la conjura con Ahumada. Una encuesta de CNI-canal 40 del día 20 mostró que alrededor de 60 por ciento de los mexicanos saben que la acusación es de carácter político y que no está apegada a derecho, y otros tantos estiman que unas elecciones en 2006 sin López Obrador serían ilegítimas.

7. La nueva intentona de Fox para eliminar de manera ilegal de la carrera presidencial a López Obrador parece haber sorprendido sin embargo a quienes no han entendido todavía cuál es la naturaleza fascistoide del régimen foxista, y no quieren comprender que siendo una prolongación del salinismo, el gobierno de Fox entraña una forma de ejercicio del poder atrabiliaria y sin principios, que está cancelando de manera implacable los derechos sociales de los mexicanos y desmantelando a la nación. El error de los dirigentes del PRD fue creer después de 2000 que a) no podría haber en México otro régimen más corrupto y venal que el de los tecnócratas priístas, y b) que con la alternancia en el Ejecutivo habría un supuesto cambio democrático en México, nada de lo cual fue cierto, pues el país está, por el contrario, en el umbral de una fascistización cada vez mayor.

8. Los legisladores del PRI, en particular, que al ser el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados tienen la clave para aprobar el ilegal juicio de procedencia demandado desde Los Pinos, deben saber que lo que está en juego no es tan sólo una posible candidatura presidencial o el hecho de que el proceso electoral de 2006 vaya a ser desde ahora ilegal e ilegítimo, como lo entienden ya muchos analistas, y el país dé un retroceso político hasta 1913 por satisfacer la ambición de Fox de imponer a su sucesor, sino mucho más que eso: la posibilidad de que la ultraderecha se apodere por completo del aparato estatal y prosiga la destrucción del país. De avalar los priístas la aberrante exigencia de Fox se harían un verdadero harakiri, pues no sólo cancelarían sus perspectivas para 2006, allanándole el camino al foxismo que los podría liquidar más fácilmente al concentrar el voto anti-PRI, sino que legitimarían una vía para que el foxismo proceda contra ellos.

9. La apuesta de Fox de que puede vencer política y jurídicamente a López Obrador, utilizando el caso de El Encino, e inhabilitarlo como candidato en 2006 para imponer a Marta Sahagún o a Santiago Creel, va a fracasar y a revertírsele aún más. En lo político, porque se funda en el supuesto de que los priístas por disciplina al salinismo votarán contra la razón y contra el derecho y, más aún, contra el futuro de México, tan sólo por favorecer su capricho. Y en lo jurídico, porque a pesar de la venalidad de algunos jueces y ministros, la PGR se ha equivocado de nuevo al inventar un delito inexistente y presentar una acusación descabellada, y su chicana no puede prosperar en todo el ámbito jurídico del país.

10. El aspecto más grave de lo que está aconteciendo no se puede empero soslayar: la ambición desaforada de Fox y de sus amigos por perpetuarse en el poder en 2006 pone en juego no sólo la paz social sino el futuro de México, y por ello muchas voces han demandado la intervención de mediadores ante un gobernante que inmerso en la corrupción ha perdido toda cordura y razón. De Los Pinos se ha filtrado la noticia de que para el caso de fallarles esta nueva confabulación, la SHCP investiga a más funcionarios y ex funcionarios capitalinos y que la PGR está integrando 3 expedientes más contra el jefe de Gobierno por el supuesto "incumplimiento de resoluciones judiciales y laborales" (El Universal, 19 de mayo), y ello hace pensar que lo que buscan quienes gobiernan a México es un estallido social.