La pensión ciudadana en el DF, el derecho más importante de los últimos 20 años, dice

Discrimina de la seguridad social el actual modelo económico: Laurell

Debe el Estado atender el problema, considera No es un acto de populismo, sino de previsión para cubrir una deuda con la sociedad En aumento, la cifra de ancianos sin este beneficio, señala

BERTHA TERESA RAMIREZ

La titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Asa Cristina Laurell, anticipó en entrevista que la pensión universal ciudadana -elevada a ley en la ciudad- constituirá a corto plazo el derecho social más importante que se haya logrado en los últimos 20 años, luego que la aplicación del modelo económico neoliberal provocó el estancamiento del empleo formal y con ello las aportaciones a la seguridad social y las pensiones.

La funcionaria alertó que en este periodo el país no ha podido alcanzar los niveles de crecimiento que se esperaban, ya que mientras el crecimiento per cápita se ha ubicado por abajo del uno por ciento, no se han creado los empleos y los ingresos suficientes para resolver el problema de la pobreza.

Aunado a ello, la población de adultos mayores sin seguridad social se incrementa frente a un sistema de seguridad social que se basa en la capitalización individual mediante las administradoras para el retiro (Afore), que aseguran a la población que aportó cotizaciones y discriminan a la población que no tiene empleo fijo.

Deuda con la sociedad

Indicó que el Estado debe considerar qué va a pasar con la población que -cada vez más- no ingresa al empleo formal y, por lo tanto, a la seguridad social. Señaló que poner atención a este problema no es un acto de populismo, sino de previsión para atender una deuda con la sociedad, sobre todo si se considera que en 10 años la población mexicana se enfrentará a un mayor nivel de envejecimiento.

Desde 2001, en su ensayo Mexicanos en defensa de la salud y la seguridad social, la doctora Laurell advertía que la cuestión de la seguridad económica de los adultos mayores se estaba convirtiendo en un problema social de suma importancia en México, no sólo por razones éticas y de solidaridad, sino por un conjunto complejo de causas.

Indicaba que en 1995 había en el país 4 millones de personas con 65 años o más, para 2000 este número creció a 4.8 millones y en 2010 serían 7 millones de personas. Es decir, en 10 años la cifra se habrá incrementado 2.2 millones. A ello, señalaba, se tendría que añadir el hecho de que sólo una minoría recibe pensión, por insuficiente que sea, del IMSS o del ISSSTE, ya que los jubilados sólo representan 30 por ciento de los adultos mayores.

De manera simultánea, las familias se enfrentan con dificultades para atender a sus integrantes mayores de edad, por el vertiginoso empobrecimiento que han sufrido. "Recordemos que 78 por ciento de los hogares mexicanos se encontraban en condiciones de pobreza en 1996".

A esto se agrega que las mujeres, las cuidadoras de siempre, están incorporándose al trabajo remunerado, por lo que les resulta materialmente imposible cumplir esta tarea.

Este cambio de la institución "familia" hace surgir un vacío que el Estado no está cubriendo o siquiera proporcionando un mínimo de apoyo para ayudar a las familias a solventar su situación.

Para la mayoría de ellas las soluciones del mercado resultan además inalcanzables en vista de sus bajos ingresos. "Estamos así ante una triple falla de las fuentes de bienestar social -la familias, el Estado y el mercado-, que redunda en la desprotección crítica de un grupo numeroso de ciudadanos. Una expresión cruel de esta situación es la incorporación al paisaje urbano de ancianos y ancianas pidiendo limosna".

La funcionaria señaló que en el mundo existen varios sistemas de protección social. México optó por la vía del seguro social al cual sólo tienen derecho aquellas personas que hayan contribuido con una aportación específica al IMSS o al ISSSTE.

La idea original de este proyecto era que gradualmente toda la población se iba a incorporar a estos sistemas en la medida en que se incorporara al empleo formal, y esto fue cierto hasta los años 80, ya que año con año un número mayor de personas ingresaron al Seguro Social en sus distintas variables; sin embargo, a partir de la aplicación del modelo neoliberal se estancó el empleo formal y con ello las aportaciones económicas a las instituciones de seguridad social.

Aunado a esto, durante ese periodo se incrementó la esperanza de vida de la población de adultos mayores y por lo tanto el número de personas que requieren de garantías sociales en la vejez.

Ante ello nos enfrentamos a un sistema de jubilaciones y pensiones que asegura sólo a una parte de la población y deja fuera de la seguridad social a más de 70 por ciento de las personas en edad de jubilarse a nivel nacional.

La funcionaria previó que la inseguridad social puede afectar a un mayor número de adultos mayores, aunque hayan aportado a algún sistema de seguridad, ya que en 1995 se realizaron reformas a la Ley del Seguro Social mediante las cuales se aumentó el número de semanas que se tienen que cotizar para alcanzar el derecho a una jubilación o a una pensión.

Tarea difícil

Apuntó que si esto se combina con una situación en la que el empleo no sólo es escaso, sino también altamente inestable, y "el hecho de que la gente vaya acumulando las mil 200 semanas que se requieren, según la ley, para alcanzar la jubilación, se vuelve una tarea cada vez más difícil de cumplir".

Por otra parte, alertó que el sistema de capitalización individual tampoco va a garantizar mejores pensiones, ya que las comisiones que cobran las Afore es de entre 25 y 30 por ciento de las cotizaciones que efectúan los trabajadores.

Además, muchas personas ni siquiera llegan a reunir el fondo que se requiere, por lo que el Estado tiene que subsidiar estos fondos, abundó la funcionaria, quien señaló que los críticos de este tipo de sistema, en su momento advirtieron que pasar de un sistema de capitalización individual o crear la pensión universal ciudadana tenía el mismo costo económico.

Al adoptar aquella decisión, dijo, el gobierno federal en realidad tomó una decisión política, ya que en ese momento creyeron que por medio de esto se permitiría poner grandes fondos en manos de las Afore, con lo cual se esperaba reactivar la economía; sin embargo, a nueve años de que se aprobó esa ley, esto no ha sucedido, pues estos fondos han tenido que estar respaldados por papel gubernamental, "finalmente, por medio de recursos fiscales".