"Confío en que no prosperará nada de lo que se está manejando en mi contra"

Descarta López Obrador negociar con el PRI para evitar desafuero

Prepara informe jurídico con el que busca demostrar que se cumplió la ley en el caso de El Encino

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no negociará en la Cámara de Diputados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para impedir el desafuero, y dejará que el juicio se desahogue por los cauces normales.

"Yo confío en que no prospere nada de lo que se está manejando en mi contra, por la sencilla razón de que no violé ningún amparo, no cometí ningún delito y eso es lo que me tiene tranquilo", afirmó.

El mandatario capitalino adelantó que la próxima semana dará a conocer un informe técnico-jurídico en el que intentará demostrar que no violó ningún amparo relacionado con la suspensión de obras en el predio El Encino, como aseguran el juez noveno de distrito en materia administrativa, Alvaro Tovilla León, y la Procuraduría General de la República (PGR).

La prueba más relevante, refirió, es que no existe la vialidad cuya construcción el juez ordenó suspender; las obras se detuvieron desde 2001, y se tuvo que buscar una vía alterna, que comenzó a construirse una vez que se tramitó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el uso del derecho de vía de la autopista federal México-Toluca, para hacer un rodeo.

Advirtió que de haber adoptado el gobierno capitalino una actitud prepotente, autoritaria y dolosa, contraria a la autoridad judicial, se hubiese realizado la obra vial.

"Sin embargo, se me responsabiliza, sin haber dado una instrucción ni ordenado a nadie para que se violara la ley; entonces no hay fundamento, que me disculpen, se les pasó la mano y desde luego el propósito es otro", acusó.

Cuestionamiento a la legalidad

El jefe de Gobierno destacó los señalamientos del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juventino Castro y Castro, quien cuestionó la legalidad del procedimiento del juez Tovilla León, al dar vista a la PGR, en lugar de hacerlo a la misma SCJN, para solicitar el retiro de la inmunidad directamente a la Cámara de Diputados.

López Obrador se abstuvo de hacer nuevas críticas al Poder Judicial de la Federación, que el miércoles publicó un desplegado en el que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal respaldan la decisión del juez, pero se centró en el punto, "totalmente atípico", de que el juez administrativo haya dado vista al Ministerio Público Federal para solicitar a la Cámara de Diputados que le retiren el fuero constitucional y proceder penalmente en su contra por el delito de abuso de autoridad.

Comentó al respecto que "hay muchísimas autoridades, funcionarios del más alto nivel, que están denunciados en los juzgados por no acatar resoluciones de amparo. Sin embargo, no conozco ningún caso en donde un juez haya pedido a la Procuraduría General de la República que se sancione y se consigne a esos funcionarios públicos del gobierno federal, y de todos los gobiernos. Yo creo que la mayoría de los secretarios del gobierno federal tienen este tipo de demandas".

Tan sólo en los casos de despido de un trabajador en alguna dependencia, si éste recurre a Conciliación y Arbitraje y gana la demanda, al no resolver la autoridad responsable el laudo hay un incumplimiento y sin embargo no hay ningún juez que traslade el asunto a la PGR, explicó.

La semana próxima, anunció López Obrador, "vamos a entregar todos los documentos para explicar bien el proceso; lo vamos a hacer mediante un documento técnico, o sea jurídico, explicando cuándo fue la primera resolución del juez, cómo se detiene y se avisa que las obras se suspenden, cómo es que el mismo juez tiene que aclarar porque su primera resolución es totalmente ambigua.

"No estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de 100 o 150 metros, que en una semana se termina, se construye la obra, pero no fue así, fuimos respetuosos, por eso no hubo violación", añadió.

Reiteró que el propietario del predio, Federico Escobedo Garduño, es un acaparador de tierra que cada vez que iniciaba un nuevo gobierno, después del periodo de Carlos Hank González al frente del Departamento del Distrito Federal -quien le otorgó en 1979 varios predios en concesión para explotar minas de arena a cambio de nivelarlos-, buscaba regularizarlos, siempre mediante argucias legales para mantener la invasión sobre ellos.