México D.F. Domingo 23 de mayo de 2004
La procuraduría, herramienta de Fox para
perseguir a adversarios, solapa ilícitos, dice
Si la PGR fuera neutral, Korrodi y Derbez estarían
encarcelados: Bartlett
Apoya la iniciativa del PRD para reabrir las investigaciones
sobre Amigos de Fox
ANDREA BECERRIL
Después del fallo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), ¿qué espera la
Procuraduría General de la República (PGR) para perseguir
por delincuencia organizada a Lino Korrodi y los funcionarios del gabinete,
como el canciller Luis Ernesto Derbez, que formaron parte del grupo Amigos
de Fox?, pregunta el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Manuel Bartlett.
El mismo responde: "No lo hace porque el gobierno foxista
utiliza el aparato judicial y en especial la PGR, para perseguir a adversarios
y opositores políticos, como lo hizo con los priístas a los
que se involucró en el llamado Pemexgate y ahora recientemente
al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador.
Es
clarísimo, agrega, que Korrodi y varios funcionarios del gobierno
federal deberían estar en la cárcel, investigados en torno
a "esa red criminal que formaron para hacer llegar recursos ilegales a
la precampaña y campaña de Vicente Fox, pero no quieren actuar".
En cambio, "tienen como indiciados a cuatro senadores
del PRI, sin prueba alguna, sigue la persecución de líderes
petroleros y de adversarios políticos", añade el legislador
y ex secretario de Gobernación.
Bartlett advierte que la PGR es omisa en el asunto "del
grupo mafioso Amigos de Fox" y tampoco ha investigado qué hacía
un funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) en el hotel Presidente Intercontinental, de Polanco, el pasado
20 de febrero, cuando el Ministerio Público decidió tomar
ahí la declaración del empresario Carlos Ahumada.
De lo que dice estar plenamente seguro es que con el fallo
del tribunal, en el que se dan detalles de las redes de dinero con que
se realizó la campaña de Fox, a éste "se le cae la
careta de limpieza, honestidad y respeto a la ley, porque sabía
de dinero ilegal que llegaba a su campaña".
Bartlett advirtió que "eso es muy grave y es más
grave que el Presidente no lo reconozca y diga que sólo es una violación
administrativa, porque son delitos electorales ¡clarísimos!"
A su juicio, a la precampaña y campaña de
2000 de Fox llegaron miles de millones de pesos de manera irregular -gran
parte de ellos de Enron y otras corporaciones extranjeras, que ahora exigen
a cambio los energéticos- no los 90 millones que documenta el TEPJF,
pero lo importante es "que ahí está la sentencia del tribunal,
aunque la suma sea ridícula en relación con lo que fueron
las aportaciones, porque se trata de serie de argucias, de maquinaciones,
que son ilegales y que requieren investigarse.
Antes, recalcó, en el caso específico del
presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña
de Francisco Labastida, el procurador Rafael Macedo de la Concha utilizó
a la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO)
para investigar a los líderes petroleros y hasta a senadores de
la República.
¿Qué espera la PGR para hacer lo mismo con
Korrodi y compañía, y los propio secretarios, entre ellos
el de Relaciones Exteriores, que incurrieron en lo que se llama crimen
organizado? ¿Por qué a los Amigos de Fox no les echa también
a la UEDO o la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, de la señora Fromow?
¿Qué mayor prueba quiere la PGR si el TEPJF
describió ya a una red mafiosa que ocultaba recursos del exterior
y los triangulaba a la campaña del ahora Presidente?
La respuesta, precisó Bartlett, es que la PGR "está
más preocupada en perseguir a senadores de la República y
al jefe del Gobierno capitalino. Para eso sí se mueve el general
Macedo de la Concha".
Precisó que a él, Dulce María Sauri,
Emilio Gamboa y Humberto Roque, la PGR los mantiene como indiciados, es
decir, sujetos a una averiguación previa, por el Pemexgate,
pese a que no hay elemento alguno para que se les enjuicie.
"Lo
que es peor, ni Roque ni yo estábamos en la dirección el
partido, éramos adversarios del grupo de Labastida y no estuvimos
en la campaña, pero aun así fuimos indiciados y seguimos
como indiciados".
¿Qué esperan para acusar de crimen organizado
a Korrodi y sus cómplices, como hicieron con los líderes
petroleros y con nosotros?, insistió.
Obviamente, recalcó, hay el uso "faccioso" de la
PGR, para promover incluso delitos contra los adversarios. Por ello, consideró
Bartlett, ese discurso "contra la corrupción" del que no se despega
el Ejecutivo desde marzo "es un desplante de honorabilidad absolutamente
falso", ya que tapan los delitos electorales que cometieron para llegar
a la Presidencia, mientras persiguen a quien les conviene con todos los
instrumentos del Estado".
-¿Así han actuado en el caso del jefe de
Gobierno del Distrito Federal?
-Claro, ahí está toda la danza de los videogates,
la reunión de los funcionarios públicos en el hotel de Polanco
con Ahumada, todo esto que salió a la luz pública y tendría
que ser investigado por la justicia, sobre todo por la presencia de un
agente del Cisen.
De acuerdo con su experiencia, "no tiene justificación
alguna" que en una diligencia ministerial, en la que Ahumada presentaba
su denuncia, estuviera presente un funcionario del área de inteligencia
de Gobernación y menos que ésta se llevara a cabo en un hotel
y el agente del Cisen pagara además el salón.
Es una muestra más, agregó Bartlett, de
la decisión de pasar por encima de la Constitución.
Bartlett consideró que es acertada la decisión
de su partido y del PRD de exigir que se reabra el caso Amigos de Fox.
"Aunque la acción penal la monopoliza la PGR, hay que hacer algo,
hay que seguir adelante, porque en el gobierno federal van a querer, como
hacen los gatos, echarle tierra a sus porquerías".
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