Financiamiento a partidos, punto débil de la incipiente democracia mexicana, afirma

Propone Huchim anular comicios cuando se usen fondos ilícitos

ANDREA BECERRIL

Entre las reformas electorales pendientes existe una trascendental: además de disminuir el financiamiento público a los partidos, se deben anular los comicios cuando los candidatos reciban aportaciones ilegales o rebasen los topes de campaña, advirtió el consejero Eduardo Huchim.

De no anularse los triunfos, quienes contiendan estarán dispuestos a recibir recursos de manera ilegal, pues la sanción federal es sólo económica, como ocurrió en el caso Amigos de Fox, y en las elecciones intermedias de 2003, recalcó el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

En una ponencia que presentó durante un foro organizado por el Senado de la República, Huchim destacó que el talón de Aquiles de la "incipiente democracia mexicana" es el financiamiento a los partidos políticos, que en el proceso electoral de 2003 fue de 4 mil 800 millones de pesos, monto superior al presupuesto de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte y de la mayoría de las secretarías de Estado.

Una cantidad "desmesurada", toda vez que se trató de elecciones intermedias, en las que sólo se eligieron diputados federales, y superior en términos reales en 34.4 por ciento al proceso electoral de 2000, cuando se eligió presidente y senadores.

Por ello, tanto en la iniciativa que el presidente Vicente Fox envió al Senado, como en las reformas electorales propuestas por legisladores de PRI y PRD en la Cámara de Diputados, se plantea disminuir los recursos públicos a los partidos.

Sin embargo, Huchim hizo notar que hay un asunto crucial que prácticamente no ha recibido atención y es la posibilidad de anular los comicios por causas vinculadas al dinero, en especial a las aportaciones ilegales y al rebase de los límites que las autoridades electorales fijan a los gastos de campaña.

Es una causal que no prevé la legislación federal, ya que sólo impone sanciones económicas, como en abril pasado cuando el IFE multó los rebases de topes de campaña en 165 de los 300 distritos comiciales del país. "De esta manera hay líderes partidistas y candidatos que fácilmente pueden llegar a la conclusión de que vale la pena pagar las sanciones, e incluso las consideran como una inversión más entre sus gastos, porque finalmente obtienen el puesto de elección popular".

La legislación electoral del Distrito Federal es más severa que la federal, explicó, porque además de considerar como causal de nulidad el exceder el tope de gastos de campaña, con la sanción adicional de que el partido y el candidato responsables no pueden participar en la elección extraordinaria respectiva -según los artículos 40 y 218 del Código Electoral del DF-, además de que se considera ese exceso como delito electoral y se castiga con penas de uno a cinco años de prisión.

Debido a ello, el delegado panista que rebasó los topes de campaña en Miguel Hidalgo podría ir a la cárcel, y también pueden enfrentar la cárcel los ex perredistas involucrados en los llamados videoescándalos, en caso de que se acredite delito electoral.

"En cambio, en el caso Amigos de Fox, que es mucho más importante, la única sanción impuesta a los partidos responsables -PAN y PVEM- fue económica", toda vez que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no prevé otro castigo, aparte de la cancelación del registro.

El consejero resaltó que sería un avance muy importante si se aprueba quitar triunfos obtenidos a través del uso de recursos ilegales o de rebasar topes de campaña, como se propone en las iniciativas presentadas por los diputados perredistas Emilio Zebadúa y Manuel Camacho Solís -una de ellas- y por el priísta Alberto Aguilar Iñárritu.

"El uso excesivo de dinero en las campañas electorales debe ser frenado, so pena de lanzar al abismo a nuestro sistema de partidos e incluso a nuestra incipiente democracia", concluyó.