Destacó avances en México y Brasil en su informe de 2003 sobre garantías individuales

Gobiernos de AL "sacrificaron" derechos humanos en nombre de la seguridad: AI

Considera que EU debe ayudar económicamente a gobiernos de la región que lo han apoyado

AFP

Montevideo, 25 de mayo. Los gobiernos latinoamericanos "sacrificaron" los derechos humanos en "nombre de la seguridad" durante el año pasado, y excluyeron como amenaza otros asuntos más apremiantes como el hambre, la pobreza y la salud, indicó Amnistía Internacional en su informe 2003.

La "guerra de Washington contra el terrorismo", que según AI se lleva a cabo con medios "indiscriminados y fuera de proporción", permeó a toda la región.

En Colombia, políticas de seguridad adoptadas en 2002 "continúan exacerbando severas crisis humanitarias y de derechos humanos", en las cuales han muerto o desaparecido "miles de civiles", o han sido secuestrados por "las fuerzas armadas, los paramilitares apoyados por el ejército o los grupos armados de oposición".

La iniciativa del gobierno de crear una milicia de soldados campesinos o informantes amenaza con "arrastrar más a los civiles hacia el conflicto" interno colombiano, que dura ya más de cuatro décadas.

Cuba también esgrimió razones de seguridad nacional para detener en marzo de 2003 a 75 disidentes que fueron condenados hasta a 28 años de prisión, a quienes AI considera "prisioneros de conciencia", y pidió su liberación.

Pero aparte del "terrorismo", hay otras amenazas apremiantes para la seguridad de la región, que no han sido interpretadas apropiadamente por los gobiernos, según AI.

Unos 220 millones de personas (43 por ciento de la población) viven en la pobreza en América Latina y el Caribe, y una de cada cinco en la extrema pobreza, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de cada cinco menores de cinco años padece desnutrición crónica, la distribución de la tierra todavía no es equitativa y los precios cada vez menores de las exportaciones mantienen a la región en la pobreza.

Fueron estas condiciones de vida las que provocaron una revuelta en Bolivia que derrocó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con saldo de 80 muertos; y a inicios de 2004 el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide corrió la misma suerte.

En tanto, Estados Unidos impulsa el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y "otros acuerdos similares que provocaron respuestas hostiles de muchos sectores de la sociedad civil" preocupados por su impacto en los derechos económicos, sociales, culturales, laborales, ambientales, de acceso a la salud y servicios públicos, indicó AI.

Marchas particularmente violentas contra el ALCA ocurrieron en República Dominicana y Estados Unidos, reprimidas con "fuerza indiscriminada por parte de la policía", y motivaron declaraciones de estados de excepción en Perú y Ecuador.

Campesinos que se oponen a la explotación de los recursos nacionales por corporaciones transnacionales arriesgaron su seguridad también en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay, según el documento.

En medio de la pobreza alarmante, la delincuencia, el crimen y la inseguridad social "alcanzaron proporciones alarmantes", y tanto las sociedades rurales como las urbanas "permanecieron rotas por la exclusión social y la discriminación basada en factores como clase, raza o género".

Sin embargo, AI anotó varios progresos en derechos humanos en Argentina, Brasil, México y Chile.

En Argentina AI destacó las reformas de instituciones como la policía y la judicatura que aplicó el presidente Néstor Kirchner.

Además, alabó los planes de reforma de seguridad pública y estándares de derechos humanos del presidente brasileño Luiz Inacio da Silva; y la elaboración de un estudio sobre derechos humanos en México junto al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que recomendó reformas estructurales y comprometió al gobierno a elaborar un programa nacional a esos fines.

También destacó los esfuerzos de los países de la región para procesar a los represores de las dictaduras de los años 70 en Argentina, Chile, Paraguay y México, y los trabajos de las comisiones de la verdad en Perú y Uruguay.

Centroamérica aún no se recupera de los conflictos de la década de los 80, y así en El Salvador la Legislatura no apoyó los esfuerzos de familiares y organizaciones en búsqueda de niños desaparecidos entre 1980-1991. En Guatemala fueron amenazados, acosados y asesinados testigos o defensores de los derechos humanos en casos vinculados a la guerra interna (1960-96), que dejó más de 200 mil muertos o desaparecidos.

AI concluyó que espera que los nuevos líderes de la región entiendan que la seguridad y los derechos humanos "no son incompatibles, sino indivisibles e interdependientes".

En Londres, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés) señaló en su informe anual que la situación en la región andina es mayoritariamente caótica, por lo que Estados Unidos y las potencias regionales, como Argentina y Brasil, deberían actuar para intentar solucionar "los problemas de seguridad y estabilidad en la zona norte de los Andes".

Consideró que es necesario que Estados Unidos apoye a los gobiernos de la región que han cooperado con Washington ("con la notable excepción de Venezuela") y que vaya más allá del apoyo para la lucha contra la guerrilla o el narcotráfico. Debería "ayudarlos a solucionar sus problemas a través de una ayuda económica bilateral o multilateral", concluyó.