El líder petrolero es acusado de desviar más de mil millones de pesos del erario

Eximen a Romero Deschamps de garantizar reparación de daño a Pemex

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El cuarto tribunal unitario en materia penal del Distrito Federal consideró que Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), no debe garantizar la reparación del daño causado en 2000 a Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando se habrían desviado más de mil millones de pesos del erario, 500 millones de los cuales terminaron en la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa.

En tanto, fuentes gubernamentales afirmaron que el departamento jurídico de Pemex ya estudia la posibilidad de recurrir al juicio de amparo, como coadyuvante de la Procuraduría General de la República (PGR) en el asunto del Pemexgate, para que otro tribunal unitario determine si estuvo apegada a derecho la resolución del primer órgano mencionado.

El cuarto tribunal unitario determinó el pasado viernes que no hay razones jurídicas para incrementar el monto de las dos fianzas que garantizó Romero en febrero pasado (por casi 5 millones de pesos) para enfrentar en libertad los dos procesos penales a que está sujeto por delitos derivados del Pemexgate.

Fuentes judiciales consultadas informaron que el cuarto tribunal, al resolver el recurso de inconformidad (114/2004) presentado hace poco más de tres meses por Pemex (como informó en exclusiva La Jornada) contra una sentencia del juzgado decimotercero de distrito, ratificó en los mismos términos la resolución de primera instancia, la cual eximió a Romero de garantizar la reparación del daño, con el argumento de que la paraestatal ya se había dado por satisfecha del presunto daño causado por el STPRM al erario.

En noviembre pasado Pemex entregó al juzgado decimotercero de distrito un escrito firmado por Raúl Muñoz Leos, director de la paraestatal, y por Jorge Alfonso Iturbide Guerra, gerente jurídico de la misma, mediante el cual informaron a la autoridad judicial que el adeudo millonario había sido subsanado y Pemex estaba satisfecha con el pago del STPRM.

Ese documento, titulado Declaración de reconocimiento de adeudo que hace el STPRM a Pemex -al cual tuvo acceso La Jornada-, fue indispensable para que el juez décimo de distrito, José Luis Moya Flores, fijara al ex diputado federal priísta dos fianzas "menores" y éste pudiera así enfrentar en libertad los procesos penales a que está sujeto por peculado y peculado electoral.

La primera de las cauciones, correspondiente al delito de peculado, fue por 2 millones 949 mil 995 pesos. La segunda fianza, relativa al delito electoral, fue fijada por el juez Moya Flores en un millón 654 mil pesos.

Además se ahorró a Romero Deschamps la complicación de una caución impagable que lo hubiera llevado a la cárcel, como sucedió con Manuel Gomezperalta, único implicado en el Pemexgate que estuvo preso y a quien el mismo juzgador impuso en un principio una fianza de 2 mil 200 millones de pesos.

En respuesta, el departamento jurídico de Pemex, por conducto del Ministerio Público Federal, impugnó a finales de febrero pasado la determinación del juez Moya Flores de eximir al líder petrolero de garantizar la reparación del daño, con el argumento de que se busca preservar el patrimonio de la paraestatal.

Así, a Pemex sólo le queda recurrir a una demanda de amparo ante otro tribunal unitario, con la finalidad de que sea revocada la sentencia del cuarto tribunal.

Según las fuentes consultadas, existen jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejan abierta la posibilidad de que un coadyuvante del Ministerio Público recurra a un juicio de amparo en segunda instancia (ante tribunales) cuando se trata de una inconformidad derivada de una resolución judicial que exima de la reparación del daño a un procesado, que es el caso de Romero Deschamps.

Por el momento, el líder petrolero continúa sujeto a dos procesos penales, al final de los cuales el juzgado decimotercero de distrito deberá resolver si Romero Deschamps es inocente o culpable de los cargos que la PGR le imputa.