Un juez la emplazó a aclarar su decisión sobre el caso

La PGR debe explicar hoy la falta de acción penal contra Fox y Amigos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Un juez federal emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) a que a más tardar este martes envíe las constancias ministeriales en las que se basó la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) para decretar el no ejercicio de acción penal contra Vicente Fox y otras personas, a quienes Pablo Gómez Alvarez, diputado federal perredista, y Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), acusan de haber realizado operaciones ilícitas para financiar en 2000 la campaña electoral del actual Presidente.

El acuerdo del juez segundo de distrito B de amparo en materia penal, Edwin García Baeza, fue notificado al Ministerio Público Federal el pasado viernes, día en que le otorgaron tres días hábiles (que se vencen hoy) para que la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fepade envíe copia certificada de los documentos requeridos, con la finalidad de que el juzgador los analice y pueda emitir su sentencia.

De acuerdo con fuentes judiciales, la razón por la que el impartidor de justicia ordenó a la PGR que fuera a más tardar hoy cuando sean entregadas las constancias es que la audiencia constitucional del juicio de amparo 646/2004, ligado al caso, está programada para efectuarse este miércoles.

La Ley de Amparo establece que todas las pruebas y los alegatos de las partes involucradas en un juicio de garantías deben ser presentadas antes de que se efectúe la audiencia constitucional, ya que, a partir de ella, el juez debe analizar los documentos ofrecidos en el juicio para dictar sentencia.

El pasado 23 de marzo Gómez Alvarez y Cárdenas Gracia presentaron sendas demandas de amparo -que hace dos semanas fueron integradas en un solo expediente- con las que pretenden que la autoridad judicial, al final del juicio de garantías, ordene a la Fepade volver a realizar las investigaciones contra integrantes de Amigos de Fox, entre ellos Lino Korrodi, Carlota Robinson, Carlos Antonio Rojas Magnon y Marcelo de los Santos Fraga.

En su recurso, los quejosos argumentaron que el no ejercicio de la acción penal, establecido el 14 de noviembre de 2003, violó los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, porque el agente adscrito por la Fepade abandonó la investigación, dejando de allegarse elementos importantes, entre ellos la sanción del IFE al Partido Acción Nacional.