Semarnat, Profepa y el Grupo Chiapas los consideran una amenaza para esa reserva

Sacar a los indígenas de Montes Azules, obsesión del gobierno y conservacionistas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 31 de mayo. Desalojar a buena parte de los pobladores indígenas de Montes Azules parece una asignatura pendiente del gobierno federal. Y una obsesión de los ''conservacionistas'' internacionales, de los sucesivos titulares de Semarnat y Profepa, del denominado (y silencioso) Grupo Chiapas, que conforman diversas entidades públicas federales y estatales. Según las versiones oficiales, los moradores indígenas son la principal (en sus palabras, casi la única) amenaza para ese tesoro natural tan codiciado.

Muchos otros ojos observan lo que ocurre en Montes Azules. Para diversos organismos civiles independientes de la región (de derechos humanos, ambientalistas, promotores de alternativas educativas o de salud), la verdadera amenaza no son los asentamientos indígenas dentro y en el perímetro mencionado, sino lo que vendría tras ellos una vez que los desalojos se consumaran.

Ante las lagunas legales que dificultan el desalojo de los indígenas, el partido gobernante busca el aval del Congreso de la Unión para realizarlo. En la Cámara de Diputados, la iniciativa fue del PVEM (ver La Jornada, 27 de mayo). La de los senadores, ya firmada por todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se dio a conocer el 6 de abril. El operador fue Rubén Nordhausen González, senador de Campeche por el PAN, quien anunció que, de aceptar el punto, el Senado exhortaría a las autoridades correspondientes ''a continuar con las acciones tendientes a restaurar el orden y la legalidad en la Reserva de la Biosfera Montes Azules''.

A modo de consideraciones, el legislador panista ofreció una instantánea reveladora: ''La importancia y particularidad de la selva Lacandona, en el estado de Chiapas, propicia que ésta no deje de aparecer en el escenario político, económico y social de nuestro país. En lo político, dicha región ha sido objeto de pugnas entre líderes y autoridades del lugar, derivando en múltiples conflictos legales; en lo económico, basta decir que destaca a nivel nacional por ser la región con mayor diversidad biológica de México, lo cual es posible gracias a la gran variedad de ecosistemas que en ella se encuentran, y en lo social debemos mencionar las condiciones de marginación y pobreza extrema en que viven sus pobladores''. De este admirable resumen del senador Nordhausen sobre la selva Lacandona, cabe destacar su primer punto: ''Ha sido objeto de pugnas entre líderes y autoridades del lugar'', así como el considerar la diversidad biológica como el aspecto ''económico'' del problema. La instantánea dice más de lo que parece: retrata a sus autores.

''Los desalojos llevados a cabo en la Reserva de la Biosfera Montes Azules -agregó el vocero de la comisión senatorial- no consisten en medidas arbitrarias, sino en acciones fundadas en la ley y motivadas por las invasiones que se habían venido presentando en los últimos años, en perjuicio y menoscabo del patrimonio natural de la nación. Los senadores que suscribimos, avalamos las medidas que las autoridades correspondientes han llevado a cabo en relación con la restauración del orden y la legalidad en la selva Lacandona, no sólo en atención a los diversos llamados que se han hecho en esta soberanía para solucionar la problemática, sino también como parte del estricto cumplimiento de la ley. Especialmente aplaudimos la manera en que el gobierno del estado de Chiapas, encabezado por el licenciado Pablo Salazar Mendiguchía, ha intervenido en las acciones, controlando la situación a pesar de que sabemos que la región es posiblemente la zona más tensa del país, debido a los levantamientos armados y subversivos que se han suscitado desde principios de 1994.''

Tras las consideraciones, los senadores que suscriben la propuesta manifestaron su ''apoyo a los desalojos de los pobladores asentados irregularmente en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, toda vez que dichas acciones están encaminadas al respeto irrestricto del derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, otorgado por el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''. En vista de lo cual, senadores de todos los partidos (PAN, PRI, PRD y PVEM) suscribieron el siguiente punto de acuerdo:

''Primero. Se exhorta a que el gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente continúen los desalojos y demás acciones tendientes a restaurar el orden y la legalidad en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, con la finalidad de garantizar que en ella se protejan y se conserven los ecosistemas y recursos naturales que comprenden parte del patrimonio natural de todos los mexicanos.

''Segundo. Se exhorta a que, en la ejecución de las acciones contenidas en el resolutivo anterior, se incluyan soluciones integrales a la problemática social de los grupos de invasores, observando las condiciones particulares de marginación y pobreza extrema de los mismos, con la finalidad de prevenir que en el fututo vuelvan a invadir áreas naturales protegidas.'' (18 de marzo de 2004)

El ex delegado incómodo

En tanto, los aplicadores directos de estas políticas enfrentan otros problemas. No sólo porque la complejidad política y cultural de la selva Lacandona no es tan esquemática ni tan simple como se lee en los proyectos gubernamentales y legislativos. También porque los administradores de la ley no siempre las traen todas consigo.

El hasta hace una semanas delegado en Chiapas de la Profepa, Hernán Alfonso León, enfrenta acusaciones diversas -de proteger la tala ilegal, de permitir el tráfico de especies animales, de acoso sexual a sus subordinadas-, y al menos la última podría relacionarse con su remoción del cargo, pues provocó cierto escándalo en Tuxtla Gutiérrez a principios de año. Además de haber sido denunciado por acoso, por al menos una colaboradora, Hernán Alfonso resultó tener una cámara de video en el baño de mujeres, la cual fue descubierta.

El gobierno federal panista sostuvo a su delegado durante el escándalo. Posteriormente fue ''relevado''. Si bien la Profepa niega estar investigando a su ex delegado, una fuente de la propia procuraduría asegura que se efectúa una auditoría a su gestión. (Cosa que podría ser normal).

A lo largo de la semana anterior, la radio estatal y el diario Expreso Chiapas difundieron denuncias contra el ex delegado. El representante estatal de la Comisión Nacional de la Industria Forestal, Carlos Peña Caballero, reiteró lo que ya otras veces ha expresado: que Hernán Alfonso protegía a taladores ilegales, con la ventaja de su cargo. Por su parte, el Instituto de Historia Natural denunció al ex funcionario de cuando menos tolerar el tráfico de especies animales. Por lo visto, estas acusaciones no han sido presentadas ante las autoridades. Adicionalmente, la Dirección General de Comunicación Social de Profepa sostiene que ''es falso que el ex delegado se encuentre bajo proceso de investigación de la contraloría interna de la dependencia''. Está bueno saberlo.