Es un hecho aislado, afirma la dependencia al anunciar consignación de efectivos

Sí hubo abusos de agentes de la AFI, pero el vendedor murió de asfixia, dice la PGR

El caso, entre las más de mil averiguaciones previas contra funcionarios de la dependencia

JESUS ARANDA Y ALFREDO MENDEZ

El Ministerio Público consignó ayer ante el juzgado décimo de distrito en materia penal a los siete agentes federales que golpearon al comerciante Manuel Zárate Villarruel y le provocaron la muerte. Los policías fueron acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y robo.

La consignación de los agentes se suma a los casos de 35 efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR) que actualmente son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo o ejercicio indebido del servicio público; y su caso se agrega a las mil 343 averiguaciones previas relacionadas con conductas ilícitas de funcionarios de la dependencia.

De acuerdo con la versión del visitador general de la PGR, Angel Buendía Buendía, Zárate Villarruel fue golpeado y sufrió "mútiples contusiones" al ser sometido; no obstante, el funcionario sostuvo que la víctima falleció "de asfixia por broncoaspiración", pues, como se encontraba en estado de ebriedad, "inconsciente, inmovilizado y boca arriba", al vomitar se ahogó con su propio alimento.

Respecto al delito de robo, Buendía dijo que según los familiares de la víctima, los agentes robaron la cantidad de 50 mil pesos, aunque no aclaró si el dinero lo sustrajeron del local o si "bolsearon" al comerciante luego de su detención.

En conferencia de prensa, Buendía Buendía dijo desconocer si en el operativo realizado el pasado sábado en la madrugada, los agentes federales contaban con orden de cateo para revisar el local del comerciante asesinado, ubicado en las inmediaciones del mercado Sonora. Tres días después, el visitador general no pudo acreditar que los agentes contaran con la orden de aprehensión correspondiente, so pretexto de que la orden judicial incluye la revisión de varios locales y que, por estar pendientes de llevarse a cabo, no podía adelantar información al respecto.

Añadió que la PGR coincidió con la procuraduría capitalina -que fue la encargada de realizar los primeros peritajes de los hechos y de tomar las primeras declaraciones a testigos presenciales, policías y familiares de la víctima- en que estaban acreditados los cuerpos del delito en las acusaciones en contra de Germán Valle Gutiérrez, Paulo César Mendoza Martínez, Eddy Edmundo Pérez de Viana, Jorge Cervantes Ramírez, Miguel Martínez Ornelas, Rogelio Velasco Hernández y Ricardo Riande Santiago, todos ellos "reclutados y capacitados" por la Agencia Federal de Investigación.

Tras asegurar que la muerte del comerciante constituye "un hecho aislado", el funcionario rechazó que haya falta de capacidad de los agentes federales para someter a una persona, y atribuyó los hechos a "un exceso, un error o una desviación de los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

"Cada día se fortalecen las técnicas de capacitación de los servidores públicos, hay un proceso constante de preparación, se dan nuevos cursos y cada uno de los integrantes de la AFI están sometidos a distintos métodos de entrenamiento."

Sin ofrecer mayores detalles sobre la muerte del comerciante, el funcionario indicó que los hechos ocurrieron en el contexto del cumplimiento de la orden 15/2004-V, librada por el juez tercero de distrito en procesos penales en el Distrito Federal, en el marco de los operativos que se realizan en para combatir la piratería y el contrabando de mercancías.

Y añadió que una vez que la PGR ejerció su facultad de atracción e inició la averiguación previa 170/DGDCSPI/2004, continuarán los interrogatorios de agentes federales, agentes del Ministerio Público Federales y elementos de la policía del Distrito Federal que tomaron parte en el operativo del pasado 29 de mayo, para determinar si se configuran otros delitos.

Insistió en que el trabajo de la PGR en el combate a la piratería ha tenido éxito, y que, pese al incidente, continuará el combate a la venta de mercancías apócrifas y otros ilícitos en la zona de Tepito y la Merced.

Por otra parte, los siete agentes fueron consignados penalmente ante el juez décimo de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Oriente, al filo de las siete de la mañana de ayer por los delitos referidos, y se inició la causa penal 57/2004. Sin embargo, debido a que cerca de las 14 horas, el juzgador no había recibido en su totalidad las constancias médicas de los indiciados, determinó que será este martes cuando se empiecen a tomar sus declaraciones preparatorias.

Fuentes cercanas a la defensa de los policías indicaron que se acogerán a su derecho a no declarar, con base en el artículo 20 constitucional, y que pedirán la ampliación del término constitucional, para que sea el próximo sábado cuando el juzgador determine si les dicta auto de formal prisión o libertad por falta de pruebas.