Propinan brutal golpiza a joven inconforme; policías asedian agencia informativa

Arrecia la represión en Guadalajara; antimotines dispersan plantón pacífico

Medios electrónicos hacen eco a la fobia del gobernador Ramírez Acuña contra fuereños

JAIME AVILES ENVIADO

Guadalajara, Jal., 2 de junio. La represión contra los jóvenes inconformes se agudiza aquí día tras día. Desde esta mañana, patrullas de la policía preventiva mantienen rodeado el Centro de Medios Independientes (CMI) -filial de la agencia internacional Indymedia-, en la esquina de Zaragoza y Juan Manuel, y por la tarde, agentes antimotines dispersaron por la fuerza un plantón pacífico frente al palacio municipal. Durante varias horas, siete muchachos estuvieron detenidos, uno de los cuales, Benjamín Quirarte, fue brutalmente golpeado en instalaciones de Seguridad Pública.

Dos muchachas estaban fijando carteles sobre la fachada de ese edificio para exigir la libertad de sus 44 compañeros recluidos desde el lunes en el penal de Puente Grande, cuando los uniformados arremetieron contra la pequeña muchedumbre y, tal como hicieran la noche del viernes, desataron una nueva ola de redadas, aunque en escala menor, contra los manifestantes.

Por su parte, los juzgados noveno y décimo fijaron fianzas que oscilan entre 25 mil y 185 mil pesos contra los muchachos sujetos a procesos, pero, según la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el monto impuesto a quienes proceden de la ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa es muy superior, "no se sabe por qué", al que le señalaron a los oriundos de Jalisco por los mismos "delitos".

Liliana Galaviz López, la fotógrafa y activista regiomontana adscrita al CMI, cuyo paradero se ignoraba desde la mañana del lunes, cuando fue sacada de los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), donde sufrió vejaciones y torturas, fue localizada ayer (martes) en el Hospital Civil viejo. La muchacha, con graves lesiones causadas por golpes en la cabeza y en la espalda, permanece internada como detenida en la "sala chica" del nosocomio, donde ha rendido ya su declaración ante personal del juzgado décimo del fuero común.

El cumpleaños de El Mapache

Jorge Octavio Castilla Gutiérrez, El Mapache, preso en Puente Grande a disposición del juzgado noveno de lo penal por los delitos de motín, lesiones, ataques a las vías generales de comunicación y resistencia a la ley y al arresto, puede enorgullecerse de algo: no firmó ninguna declaración autoinculpatoria a pesar de las torturas físicas y sicológicas que le aplicaron en los separos de la PGJEJ, sucursal jaliscience de la prisión de Abu Ghraib.

"Me dijeron: vas a conocer 'el calor de Jalisco'. Me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y me golpeaban el estómago con garrotes envueltos en esponja para no dejar huellas. Cuando me doblaba del dolor y quería jalar aire por la boca, sentía que me ahogaba por el plástico en la cara", asentó en su declaración ante el actuario del juzgado.

Agregó: "Muchas veces me dijeron que me iban a violar si no firmaba. Y como me negué, me bajaban los pantalones y varios de ellos se abrían la bragueta; luego me empinaban, pero entonces me daban toques eléctricos en los genitales".

Esos, reconoció, fueron los peores momentos de la tortura. Cuando la situación era más "tranquila", le asestaban puñetazos en la cabeza y patadas en las piernas. "Yo les decía que en la cabeza no, porque el año pasado me asaltaron en Contreras (Distrito Federal) y de la tranquiza que me dieron en el cráneo estuve dos meses en coma. Pero ni caso hicieron y hasta me surtían con más gusto", relató impertérrito frente al escribiente que tecleaba sus palabras sin inmutarse.

Sin embargo, cuando expresó: "no me dejaban dormir", el funcionario del juzgado redactó: "que los agentes le decían que ya se fuera a dormir". Cada vez que describía una nueva secuencia de golpes, el cagatintas lo cortaba: "Ya no repitas, ya lo dijiste muchas veces". Y cuando intentó quitarse la camisa para mostrar los moretones que dan a su piel un siniestro aspecto de jirafa, el tinterillo ni siquiera volteó a verlo, pero le reclamó: "Me hubieras avisado antes, ya cerré el acta".

Originario de la ciudad de México, El Mapache se enorgullece porque no se quebró, pero esto, aunque habla muy bien de su entereza moral, fue un error según los abogados, porque en los separos "hay que firmar lo que te pongan para salir cuanto antes, y cuando llegas al juzgado lo niegas, y como fue una declaración ilegal automáticamente se anula".

En cualquier caso, El Mapache cumplió 22 años el lunes y se siente satisfecho y confiado en que pronto se esclarecerá su situación legal.

Chovinismo en las fianzas

Miembro de la ANAD, el licenciado Francisco González Razo no comprende por qué los jueces establecieron fianzas de 25 mil pesos a los detenidos que nacieron en Jalisco y de 50 mil a los de otras entidades. Ello tal vez se deba al clima de chovinismo generado por el gobernador Ramírez Acuña, quien no ha desperdiciado un momento para externar su odio contra los habitantes del Distrito Federal y los estudiantes de la UNAM.

"Aquí en Jalisco no vamos a permitir que ningún chilango venga a meter desorden", advirtió el sábado cuando recorría la zona del centro de esta ciudad donde se produjeron los choques entre altermundistas y granaderos. "Aquí estamos contra los vándalos de la UNAM", afirmó en una entrevista. "Esto no es el Zócalo de la ciudad de México, donde ponen tiendas de campaña y se quedan eternamente", aleccionó ayer (martes) a los granaderos que reunió en la Plaza del Sol para homenajearlos por la brutalidad que exhibieron contra los jóvenes.

Como si sus palabras fueran una consigna, la gran mayoría de las estaciones de radio y televisión locales repiten día y noche ese discurso de fobia contra los chilangos. Pero al ver al gobernador, tan "recio", tan obsesionado por "defender" los "valores" locales, uno no puede sino recordar que líderes políticos de esa calaña, con esas concepciones tan lamentables, fueron los mismos que en la ex Yugoslavia terminaron ocasionando espantosas guerras de limpieza étnica, en las que perecieron decenas de miles de personas cuya única "culpa" era no ser del mismo origen que sus enemigos.

Inspirados por esta línea, los jueces que procesan a los muchachos arrestados el viernes -muchos de los cuales ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos, sino que cayeron en redadas policiacas ordenadas a discreción- han establecido dos tipos de libertad bajo fianza sin que para ello existan normas constitucionales que así lo determinen. El grave problema para los detenidos es que, si acaso logran reunir el dinero necesario para salir del penal, tendrán que volver cada ocho días a Guadalajara a firmar el libro de reos.

La legislación mexicana contempla, sin embargo, que quienes regresen a las ciudades donde viven puedan continuar el proceso allá, pues dada su condición económica simplemente no podrían pagar los gastos de sus continuos viajes, hospedaje y alimentación. Por eso, en esta forma de castigo selectivo contra los fuereños, existe quizás el deseo perverso de impedirles que abandonen el penal.

"Hay muchos factores que los jueces deben tomar en cuenta", explica el licenciado González Razo. "Uno muy importante es que los muchachos son primodelincuentes, o sea, que nunca habían estado en esta situación. Otra cosa que se tiene que ver es qué grado de estudios tienen, si están en la escuela, si están trabajando, si contribuyen al sostenimiento de su familia, etcétera. Además, no olvidemos que la fianza no se paga en su totalidad, el porcentaje depende de la compañía afianzadora que se contrate".

Las sanciones económicas, abunda, son de dos clases. "Una es el pago de la fianza y otro el de la reparación de los daños que demandan las empresas afectadas por los disturbios", agrega. "Así, vemos que a los muchachos de aquí de Jalisco les piden una fianza individual de 25 mil pesos, más una pena adicional que asciende a 187 mil pesos en algunos casos, pero que se divide entre el número de muchachos que estén bajo el mismo expediente. O sea, que si a ti te ponen 25 mil pesos de fianza, pagarás sólo 2 mil 500 o 3 mil más otros 27 mil por la reparación de daños", ilustra.

Sea como fuere, las familias y las organizaciones que respaldan a los presos políticos de Puente Grande deberán reunir cerca de 250 mil pesos, que sigue siendo muchísimo dinero. Sin embargo, hay dos expedientes, el 344/04-B y el 365/04-B, ambos del juzgado noveno, en que, dice González Razo, "además de echarles encima todo el Código Penal los están acusando de robo calificado, y como ése es delito grave, no tiene fianza".

Bajo esta acusación están Eduardo Carvajal Avila, Aarón García García, Juan Carlos Ortega Castellanos, Felipe de Jesús Landeros, Jaime Daniel Vázquez Valdivia (que es mudo y tendrá que defenderse escribiendo su alegato de propia mano), Ricardo Zaleta Colmenero, Jearin Fernández Sagredo (que estaba vendiendo los libros del doctor Raúl Rojas Soriano en la manifestación del viernes y lo acusan de "robar" su propia mercancía), Norberto Ulloa Martínez, Juan Carlos Flores González, Juan Manuel Barrios González, José Cruz Luján Sánchez, Francisco Felipe García, Francisco Berenice Vázquez y José Luis Alejo Vázquez.

Catedrático de derecho de la Universidad de Guadalajara, miembro de la ANAD y defensor de Liliana Galaviz López, el abogado Napoleón Díaz Medina afirma que su clienta presenta huellas de macanazos en la cabeza, en la espalda y en la parte trasera de las piernas, porque estaba tomando fotos cuando los granaderos la atacaron por atrás. No obstante, se le acusa de "lesiones calificadas", como si ella hubiera sido la agresora. "El juez deberá considerar que si hubiera atacado a la policía tendría los moretones en la parte delantera del cuerpo. Debe quedar libre en el término que marca la ley", aseguró.

Eso aún está por verse. Como Liliana es de Monterrey, tal vez sufrirá, en consecuencia, la furia de la limpieza étnica emprendida ciegamente por el panista Ramírez Acuña y secundada por los medios de comunicación de Jalisco.