Rafael Alvarez Díaz *

Seguridad pública y uso excesivo de la fuerza

En días recientes hemos observado cómo los cinco principios básicos de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza -necesidad, proporcionalidad, moderación, legitimidad y legalidad- han sido evidentemente atropellados por diversas autoridades, federales y locales, sin que ellas sean objeto de sanción alguna; es más, parte de la opinión pública parece estar de acuerdo en la aplicación de medidas de seguridad a toda costa, más allá de los marcos de la ley, que parecieran quedar estrechos para los defensores a ultranza del uso abusivo del poder.

No se puede perseguir el delito cometiendo otros delitos. Resulta del todo paradójico el argumento de imponer el estado de derecho con base en actos de fuerza, cuya legalidad es por lo menos cuestionable.

Tres episodios dramáticos han sido documentados últimamente por los medios de comunicación: la agresión y sometimiento a tratos crueles, humillantes y degradantes contra manifestantes altermundistas nacionales e internacionales detenidos en Guadalajara; la muerte de Manuel Zárate Villarruel, comerciante del mercado Sonora a manos de policías federales, y la golpiza del subsecretario de Seguridad Pública Gabriel Regino contra trabajadores de Limpia del Distrito Federal.

En todos los casos el mensaje que se manda a la sociedad parece ser similar: en la búsqueda de brindar mayor seguridad, todo se vale; la autoridad no tiene límites ni será castigada por ejercer fuera de la ley lo que mal entiende como cumplimiento de su deber.

Es falso que la seguridad pública se consiga mediante el uso excesivo de la fuerza. A mayor fuerza, más seguridad, parece ser la premisa de la que parten quienes se ostentan como defensores del estado de derecho, pasando precisamente por encima de la legalidad, para después hacer alarde de su poder e impunidad.

De la información aparecida en La Jornada (30/05/04) se desprende que el subsecretario Gabriel Regino utilizó una fuerza ilegítima contra los señores Vidal Elizondo Torres, Alejandro León García y Oscar Hernández Arellano.

Un motivo de gran preocupación para los defensores de derechos humanos, además del daño causado a las personas mencionadas, es la justificación que de los hechos han asumido tanto el secretario de Seguridad Pública como el subsecretario de Participación Ciudadana, exculpando a Regino bajo el argumento de que el incidente debe servir para que la ciudadanía comprenda que en algunas ocasiones los cuerpos policiacos se ven en "situaciones muy difíciles ante personas que agreden en forma muy severa".

Con estas declaraciones se envía un mensaje de permisibilidad a los miembros de la policía para utilizar la fuerza indiscriminadamente contra presuntos infractores o delincuentes. El hecho de que esa secretaría minimice la gravedad de los sucesos violatorios de derechos humanos, presuntamente cometidos por el subsecretario Gabriel Regino, contradice la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la adopción de iniciativas concretas para educar y formar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sobre la prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Por último, es pertinente recordar que en diversos instrumentos internacionales suscritos por México, el Estado se ha obligado a tomar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contempladas en ellos. Las manifestaciones públicas de los funcionarios de esa secretaría contrarían estas obligaciones, ya que el mensaje que se debiera dar a la población es que la ley y los derechos humanos deben ser respetados en cualquier circunstancia, más aún por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

* Defensor de derechos humanos