El jefe de Gobierno reitera que no ha violado ninguna ley ni cometió delito alguno

Dignidad y principios, por encima de mis aspiraciones, dice López Obrador

Se inició el Taller sobre la manipulación de la ley con propósitos políticos

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Ni siquiera la aspiración de ser Presidente de la República justifica hacer a un lado la dignidad y los principios, dijo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al reiterar que no violó ninguna ley ni cometió delito alguno en el caso del predio El Encino, y defendió su postura de negarse a pagar mil 810 millones de pesos como indemnización por la expropiación del Paraje San Juan.

Al iniciar su taller sobre el caso El Encino, al que tituló Sobre la manipulación de la ley con propósitos políticos, el mandatario capitalino aseguró que este asunto, en el que se le acusa de desacato y por ello enfrentará un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, no es más que una ''maniobra política'' que terminará por aclararse más temprano que tarde, y forma parte de una cadena de hechos cuyos eslabones son los casos Paraje San Juan; el de su coordinador de logística, Nicolás Mollinedo, y los videoescándalos, todos ellos en el contexto de ''una confrontación política en la cual se debate sobre dos proyectos de nación distintos y contrapuestos''.

López Obrador dijo estar convencido de que la mayoría de la gente sabe que no se le acusa por violar la ley, ''sino porque les estorbamos para 2006'', sea quien sea el candidato a la Presidencia.

''Hay que cerrar el paso a la corrupción''

Aprovechó para defender su proyecto alternativo de nación por una sociedad con menos desigualdad social y más justicia y dignidad. ''Queremos un cambio verdadero que detenga el empobrecimiento de la gente; que impulse la economía para generar empleos; garantice la tranquilidad y la seguridad de todos; purifique la vida pública, y que realmente le cierre el paso a la corrupción, que ha sido el lastre que ha impedido a México salir adelante''.

No es casual, advirtió, que los ataques en contra de su gobierno se hayan iniciado cuando su programa de gobierno tenía los mejores niveles de aceptación y respaldo de los habitantes de la ciudad de México. Recordó que el primer caso fue el del Paraje San Juan, que estuvo acompañado con una campaña en la que se le acusó de actuar al margen de la ley.

''Una cosa es que no estemos dispuestos a aceptar la manipulación que se hace con las leyes y otra, muy distinta, el que no respetemos el marco legal y a las instituciones encargadas de impartir justicia'', sostuvo. Preguntó: ''ƑQué hubiese pasado si, como lo pedían a gritos los supuestos defensores del estado de derecho, hubiésemos pagado los mil 810 millones de pesos del Paraje San Juan? ƑCon qué cara habríamos enfrentado los reclamos de la gente, ahora que está al descubierto que se trató de un fraude y que los terrenos son propiedad de la nación? ƑCon qué autoridad moral y política podríamos gobernar la ciudad si en aras de una falsa legalidad aceptáramos formar parte de las componendas de siempre, entre particulares y funcionarios?''

Refirió luego la ''embestida'' por el caso de su coordinador de logística, Nicolás Mollinedo, convertido en chofer con un sueldo de 62 mil pesos mensuales, donde los ataques fueron para cuestionar el principio de austeridad republicana de su gobierno. Vino después el escándalo de los videos, en el que se demostró que, independientemente de los actos de corrupción en que incurrieron funcionarios, había un complot contra su administración. En este caso, agregó, la consigna fue poner en entredicho la consigna de ''honestidad valiente'', lema de su campaña política a la jefatura de Gobierno.

Y para explicar el uso de instituciones de gobierno como ''instrumentos de acoso y descalificación política'', como la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Gobernación, el senador del PAN Diego Fernández de Cevallos, con la participación del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, pidió no olvidar que se han cometido grandes injusticias en nombre de la ley, y que ''todo acto autoritario siempre se envuelve en un discurso de aparente devoción por el estado de derecho''.

Consideró por ello que no es casual ni ''mala suerte'' que de 4 mil 688 denuncias que existen en contra de autoridades por inejecución de sentencias de amparo, fue la suya la que procedió.

Fue un asunto dirigido contra mí, apuntó López Obrador, donde el juez y el Ministerio Público actuaron por consigna. ''Todo es una maniobra política que tarde o temprano, más bien más temprano que tarde, terminará por aclararse''.