| Editorial
'Sin precedentes' se ha calificado el fallo de
un Tribunal federal a favor de un militar con VIH/sida que fue dado de
baja del Ejército mexicano por ese motivo. Y no es para menos, el
fallo que obliga a las Fuerzas Armadas mexicanas a restituirle todos sus
derechos laborales, a la salud y a no ser discriminado constituye un precedente
muy importante para los demás casos en litigio de militares que
están en la misma situación.
La sentencia de los magistrados determinó que el
militar afectado recibió un trato discriminatorio al ser forzado
a abandonar las filas el Ejército sin reconocerle sus derechos laborales
ni garantizarle la continuidad de la atención médica a él
y a su esposa e hijo, quienes también están afectados por
el VIH/sida. El fallo se apoya en las garantías que otorga nuestra
Constitución y tres leyes federales a la protección de esos
tres derechos. Además, también se apoya, lo que resulta relevante,
en los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por nuestro
país, a los que otorga mayor importancia y pone por encima de cualquier
ley; en este caso, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, reformada el año pasado para 'legitimar' las bajas automáticas
de soldados seropositivos. La argumentación de los magistrados,
invalida la sola aplicación de la legislación militar y declara
inconstitucional la baja obligatoria de los militares portadores del VIH.
El fallo del Tribunal, de carácter inapelable,
abre la puerta a los legisladores para argumentar la inconstitucionalidad
de dicha ley y proponer su reforma, lo que debiera ser el siguiente paso
lógico para enmendar el error de la legislatura pasada.
Los militares querellantes y su abogado, Pedro Morales,
se han anotado un limpio triunfo en la lucha contra la discriminación
a las personas que viven con VIH/sida y nos han dado a todos una lección
ejemplar de responsabilidad ciudadana. |