Víctor M. Godínez

Los escándalos que desembocaron en 2002 con la quiebra de Enron y WorldCom ­dos corporaciones emblemáticas de la "renovación" del capitalismo estadunidense de los años 90­ no fueron el punto final de un ciclo de excesos y timos empresariales, sino el punto de partida de una cauda de abusos, tráfico de influencias, fraudes e irregularidades de gestión en el sector corporativo de la mayor potencia económica del mundo.

Las secciones de negocios de los principales diarios de Estados Unidos debieron abrir un espacio cada vez más amplio a noticias y análisis de las tribulaciones judiciales a las que está sometida crecientemente la gestión tanto de grandes corporaciones privadas como de algunas prominentes instituciones financieras de interés público. Una muestra selecta de los escándalos en curso refleja con objetividad la dimensión alcanzada por este problema, que algunos expertos consideran como un hecho que fractura la confianza en los mercados financieros de ese país.

Wellington Management Company es el nombre de la correduría más antigua y respetada de Estados Unidos. Esta empresa es la consejera principal de los fondos de inversión (con un valor de cartera de 100 mil millones de dólares) que gestiona el Vanguard Group, la segunda compañía más grande de su género y una de las más acreditadas en la administración de fondos mutuales. Wellington está siendo investigada por la Securities and Exchange Commission por incurrir en prácticas de mercado presuntamente ilegales que, en la prosecución de ganancias altas y rápidas para un número pequeño y exclusivo de clientes, inflan los costos de gestión de los fondos y minan a mediano plazo su rentabilidad. Las prácticas impropias se extienden a las cuentas de todos sus clientes, incluyendo bancos, aseguradoras y fundaciones. Al cierre del primer trimestre del presente año, Wellington manejaba un portafolio con valor de 416 mil millones de dólares, tenía un millar de clientes y era la firma asesora de 250 fondos mutuales.

El multimillonario Richard S. Strong y su compañía administradora de fondos, Strong Capital Managemenet Inc., deberán pagar 140 millones de dólares en multas y restituciones en respuesta a acusaciones de autoridades financieras federales, de Nueva York y de Wisconsin. El cargo: llevar a cabo operaciones financieras indebidas en detrimento de sus inversores. Richard Strong realizó durante los últimos seis años un total de mil 400 operaciones ilegítimas que le procuraron ganancias netas de casi 2 millones de dólares. Además de ser inhabilitado de por vida para operar en el mercado de valores, Strong deberá liquidar 60 millones de dólares, la mayor suma pagada por un individuo en el curso de los actuales escándalos financieros. En septiembre de 2003, al iniciarse las investigaciones judiciales, la empresa manejaba un total de 71 fondos.

A finales de mayo, la Reserva Federal impuso a CitiFinancial, unidad de Citigroup, una multa por 70 millones de dólares por abusos cometidos al conceder préstamos personales e hipotecarios a deudores de bajos ingresos. Se trata de la máxima penalización jamás impuesta por la Fed con respecto a violaciones cometidas por un banco en operaciones de crédito al consumo. No es la primera vez que Citigroup tiene problemas con la autoridad regulatoria a propósito de este tipo de préstamos. En 2000 adquirió Associates First Capítal, que entonces era una de las mayores compañías de financiamiento para los consumidores de más bajos ingresos. Como después se hizo de conocimiento público, esta compañía también se distinguía por sus prácticas predatorias. En 2002, Citigroup fue obligado por la Comisión Federal de Comercio a pagar 250 millones de dólares en multas y restituciones a deudores a quienes Associates First Capital había impuesto alevosas sobretasas.

En las mismas fechas, las autoridades regulatorias impusieron una sanción por 225 mil dólares a Phua K. Young, ex analista de Merrill Lynch & Co., al tiempo que lo inhabilitaban por un año por compartir indebidamente informaciones reservadas y el resultado de sus investigaciones financieras y de mercado con ejecutivos de Tyco Internacional Ltd. Young fue cesado en 2002 por Merrill Lynch por violar las políticas de inversión del banco. Entonces estaba en el apogeo de su carrera financiera y tenía ingresos anuales de 4.5 millones de dólares. Phua K. Young es uno de los varios analistas del mercado de valores acusados de haber anudado fructíferos vínculos de negocios con dirigentes de compañías cuya calificación bursátil les fue confiada durante el auge del mercado de valores de los años 90.

Richard A. Grasso, ex presidente ejecutivo de la Bolsa de Valores de Nueva York entre 1995 y 2003, periodo que incluye tanto la espectacular fase de ascenso de los precios de las acciones como su desplome ulterior, está enfrentando un juicio civil en el que la Securities Exchange Commission y el fiscal general de Nueva York lo demandan por manipulaciones administrativas elaboradas en provecho propio. A raíz de esta demanda, Grasso debió renunciar a su puesto a finales del año pasado. Con base en una larga investigación, sus acusadores esperan probar que el ex presidente del mercado bursátil faltó a las responsabilidades fiduciarias que tenía ante el consejo directivo de la bolsa al crear las condiciones para asignarse un generoso paquete de primas y compensaciones por 139.5 millones de dólares.

Según el fiscal general de Nueva York, Grasso arrancó al consejo la autorización de este magnífico pago por medio de informaciones inexactas y con la complicidad de Kenneth G. Langone, ex jefe del Comité de Compensaciones entre junio de 1999 y junio de 2003, lapso en el que el pago anual de Richard Grasso observó incrementos sustanciales. Langone también ha sido demandado por las autoridades. De acuerdo con el expediente presentado por la parte acusadora, mientras fue presidente de la bolsa, Grasso mantuvo vínculos muy estrechos, cuestionables desde el punto de vista deontológico, con las principales empresas de Wall Street. Se afirma que Grasso daba un tratamiento favorable a las empresas cuyos ejecutivos aprobaban y convalidaban el nivel de sus pagos y compensaciones.

Es evidente que el sector corporativo de la primera potencia mundial tiene un grave problema de confianza y credibilidad, factores indispensables en materia financiera. La paradoja es que, después de varios años de recibir de Estados Unidos lecciones de virtud económica, transparencia y buenas prácticas de gestión, el mundo ahora contempla las dificultades que este país está enfrentando para disciplinar a mercados y empresas y, con ello, impedir que los escándalos financieros fracturen la confianza de dos piedras angulares de su sistema socioeconómico: los consumidores y los accionistas §

Foto: AFP