Le envía un citatorio para que declare; no menciona el delito que se le imputa

Lanza la PGR nuevo embate en contra de López Obrador

Por la noche la dependencia filtró a medios de comunicación que fue por desacato al TCA

ANGEL BOLAÑOS Y GUSTAVO CASTILLO

Sin mencionar el delito que se le imputa, la Procuraduría General de la República (PGR) citó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que declare en una nueva averiguación previa, radicada en la Subdelegación de Procedimientos Penales, Zona Oriente, adjunta al Reclusorio Oriente.

Hasta las 21 horas del martes, en el gobierno de la ciudad se desconocía cuál era la acusación formal, pese a que poco después de las 18 horas la PGR ya había dado a conocer a medios de comunicación que López Obrador deberá responder por desobediencia y resistencia de particulares, y contra la administración de justicia, por desacato a un mandato del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Inicialmente, la procuraduría ordenaba a López Obrador que compareciera acompañado de un abogado a las instalaciones de esa dependencia en el Reclusorio Oriente; sin embargo, por la noche la PGR reculó y supuestamente ''se le informó que por tratarse de un alto funcionario puede designar la forma, lugar y fecha para tomarle su declaración en los términos que juzgue convenientes''.

Este es el texto del citatorio: ''Solicito a usted se sirva comparecer ante esta unidad investigadora el próximo día 14 de junio del año en curso, a las 10 horas con la finalidad de que, en su calidad de probable responsable, en donde esta unidad investigadora le haga saber la imputación que obra en su contra y en su caso rinda su declaración ministerial'', indica el oficio entregado ayer a las 9:39 de la mañana en el edificio de gobierno del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Según la PGR, la citación al jefe de Gobierno ''fue con el objeto de darle a conocer los hechos materia de la denuncia a fin de respetar sus garantías individuales'', aunque oficialmente no se había notificado los delitos que se imputan a López Obrador.

Fuentes de la PGR revelaron que se trata de una denuncia que presentaron 38 ex trabajadores agremiados a la sección 17 del Sindicato Unico de Trabajadores del GDF, radicada con número AP 567/RO/2004, que fueron despedidos en la pasada administración y promovieron un juicio laboral por despido injustificado.

En octubre de 2002, la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó la reinstalación y el pago de salarios de los ex empleados, quienes se desempeñaban como lecturistas, actividad que quedó sin materia de trabajo desde hace varios años en el gobierno de la ciudad.

El GDF se inconformó e interpuso un recurso de amparo, el cual le fue negado. Según los datos de la averiguación previa de la procuraduría, la tercera sala en reiteradas ocasiones ordenó que se diera cumplimiento al resolutivo del 9 de octubre de 2002, sin que existiera respuesta positiva de parte del gobierno capitalino y por eso se le está citando.

Ayer, el jefe de Gobierno recibió la orden de presentación mientras terminaba de redactar un documento, dirigido a los habitantes del Distrito Federal y a la opinión pública nacional, sobre el caso El Encino.

Con el apoyo de los ciudadanos tienen que impedirse afanes autoritarios: el mandatario

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

A como dé lugar, con el apoyo de los ciudadanos, tienen que impedirse los afanes autoritarios del gobierno federal, señaló ayer el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al concluir su seminario-taller denominado La manipulación de la ley con propósitos políticos en el caso El Encino, donde advirtió que se pretende cometer una injusticia en su contra y violar sus libertades fundamentales.

Al hacer una síntesis de las cuatro sesiones anteriores, el mandatario capitalino resumió: ''Se trata de una maniobra política; están torciendo la ley porque les estorbamos para 2006''.

Si bien calificó de anticipado considerar la posibilidad de recurrir a movilizaciones y a la demanda de juicio político contra el procurador Rafael Macedo de la Concha ante la Cámara de Diputados, así como a instancias internacionales de derechos humanos, no descartó ninguna de ellas, pero afirmó de entrada que será con el apoyo de los ciudadanos como impedirá que el país retroceda con acciones autoritarias.

No nos adelantemos, pidió, al recordar que el proceso de juicio de desafuero que solicitó la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra apenas se inició en la Cámara de Diputados y una vez que responda a la notificación comenzará un periodo de 30 días para la presentación de pruebas; en caso de que así lo considere la sección instructora pasará al pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará en septiembre. ''Vamonos despacio, poco a poco, pero que quede claro: no vamos a permitir injusticias y vamos a luchar con firmeza y serenidad''.

Advirtió que lo que realmente le interesa a sus adversarios es inhabilitarlo: primero quitarlo del cargo; segundo, la inhabilitación, y tercero enviarlo a la cárcel; pero ''hablando en plata'', lo principal es lo segundo y lo demás es ''piocha'', como se dice en el sureste.

''Lo que me preocupa es que se cometa una injusticia, que se actúe de manera autoritaria; es un asunto de las libertades fundamentales; imagínense si nada más porque nos cae mal o piensa distinto a nosotros, porque quiere que se modifique la política económica o está a favor de ciertas causas, entonces ordenamos descalificarlo; búsquenle ahí a ver cómo le hacen, encuádrenle un delito y sáquenlo, elimínenlo políticamente. ¿Cómo es eso? Es un acto totalmente autoritario, de prepotencia; yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaron mis maestros que uno no debe permitir ninguna injusticia''.

En cuatro puntos, López Obrador expuso una síntesis de su seminario-taller sobre El Encino, para sacar conclusiones. En el primero dejó en claro que existió una relación del presunto propietario del predio con el entonces regente Carlos Hank González, lo que le permitió acaparar hace más de dos decenios unas 35 hectáreas de terrenos que son patrimonio de la ciudad, recuperados en esta administración, y que en los juicios de amparo y la averiguación previa dio información falsa sobre la superficie real del predio.

En el segundo punto señaló que en El Encino no hay el afán de hacer justicia, sino de perjudicarlo; en el tercer punto reiteró que no se violó ninguna suspensión definitiva de juicio de amparo y mucho menos ordenó el supuesto desacato.

Finalmente advirtió que la PGR pasó por alto que la responsabilidad penal de una persona es intransferible y en la hipótesis de la dependencia federal ''todos los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, seríamos culpables de delitos presuntamente cometidos por funcionarios dependientes del superior jerárquico. De modo que la acusación en mi contra no sólo es un absurdo, sino una ofensa al sentido común. Un dato y una reflexión final: la consejería jurídica del gobierno de la ciudad recibe más de cien notificaciones cada día por juicios de amparo. Es obvio que si el jefe de Gobierno tuviese que supervisar directamente todos estos trámites y actuaciones, sencillamente no tendría tiempo para realizar ninguna otra función''.