Los contratos de cogeneración de energía eléctrica podrían suscitar diferendo

Aprueban en San Lázaro dictamen de las cuentas públicas 2001 y 2002

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la estructura del dictamen de las cuentas públicas 2001 y 2002, hecho que podría generar un enredo legal, porque al someterse al pleno camaral durante el próximo periodo ordinario de sesiones, la revisión del segundo año de la administración de Vicente Fox resultaría incompleta, al existir una controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal contra los contratos de cogeneración de energía eléctrica.

A finales de mayo pasado, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dio a conocer un análisis de la revisión de la cuenta pública de 2002, donde descubrió que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incurrieron en faltas graves al autorizar contratos que incumplieron las normas vigentes.

En la mayoría de los convenios entre la CFE y empresas privadas, los requisitos no fueron atendidos, y la Comisión de Vigilancia determinó que dichos contratos son inválidos. Los legisladores se respaldaron en el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinó esa circunstancia a partir de un estudio encargado al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para determinar la constitucionalidad o invalidez de dichos documentos.

El instituto consideró que los contratos de cogeneración de energía eléctrica violaron el artículo 27 de la Constitución. Ese argumento fue suficiente para que el Poder Ejecutivo promoviera una controversia constitucional contra las conclusiones del instituto universitario y no contra la determinación de la ASF.

Ante la premura de los diputados por aprobar las cuentas públicas de 2001 y 2002, la semana pasada la Comisión de Presupuesto convalidó la ruta crítica del dictamen.

La estructura del documento contempla un análisis de la situación económica nacional, que incorpora los indicadores macroeconómicos y los de política económica; un estudio de las finanzas públicas, que incluye la ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como el estado de la deuda pública y la evaluación del avance y conclusión de programas gubernamentales.

En el tercer apartado se contemplan los resultados del informe de la ASF, sus principales alcances y seguimiento. Una vez concluido el análisis, la Comisión de Presupuesto emitirá recomendaciones al predictamen con objeto de aplicarlos al documento para elaborar un proyecto de decreto final, que será puesto a consideración del pleno para su aprobación.

Si esto último sucediera, el pleno incurriría en un error de procedimiento, al aprobar una cuenta pública, la de 2002, sobre la que pesa la controversia constitucional del Ejecutivo.