El país no cumple totalmente con recomendaciones internacionales: especialistas

Lavó por lo menos 24 mil mdd el sistema financiero mexicano en 2003

Se anunció la aprobación de reformas en México y EU para reforzar la supervisión

DAVID ZUÑIGA

El sector financiero mexicano lavó el año pasado al menos 24 mil millones de dólares y la mayoría de los implicados goza de impunidad, afirmó ayer Patricia Torres, gerente de Inteligencia Financiera del despacho internacional de contadores Mancera, Ernst and Young, quien advirtió que México no ha cumplido totalmente las recomendaciones de organismos internacionales para combatir esta práctica.

En conferencia de prensa, la ejecutiva hizo una presentación sobre las reformas aprobadas en Estados Unidos y en México para reforzar la supervisión sobre el sistema financiero, y dijo esperar que antes de que termine el año las autoridades mexicanas den resultados y apliquen sanciones.

Torres explicó que los países más expuestos al blanqueo de fondos son aquellos donde priva un ''mal gobierno'', es decir, donde existen narcotráfico, trata de blancas, secuestros, corrupción de políticos y procuradores de justicia, manipulación de precios en el mercado de valores, extorsión y apuestas, evasión fiscal, utilización de organizaciones no gubernamentales y caritativas e incluso de partidos políticos para lavar dinero.

Al respecto, recordó que de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional, América Latina es la región en la cual se lava más dinero. Asimismo, señaló que en 2002 México y Colombia estaban empatados en el lugar 57 de una evaluación internacional sobre corrupción; un año después Colombia pasó al sitio 59 y México al 64. Los primeros puestos corresponden a las naciones más transparentes y los últimos a las más corruptas.

La especialista consideró ''muy delicado'' que la Secretaría de Hacienda no tenga capacidad para vigilar más operaciones financieras y le recomendó pedir ayuda al Grupo de Acción Financiera (Gafi o Financial Action Task Force, en inglés), organismo formado originalmente por el grupo de siete países más industrializados (G-7).

De acuerdo con información de la DEA (agencia estadunidense antidrogas) citada por Torres, en 2002 se lavaron en México 25 mil millones de dólares; es decir, en un año se redujo en sólo mil millones de dólares o 4 por ciento. También refirió que mientras en Estados Unidos se analizan diariamente 20 mil operaciones financieras, en México apenas suman 5 mil, y mientras en el vecino país se procesó el año pasado a 2 mil 500 personas por lavado de dinero, en México no fueron más de 20.

En la región, Colombia es el país más expuesto al blanqueo de fondos, con una calificación de ocho en una escala de uno a diez. México le sigue con siete puntos, mientras Chile sólo tiene cuatro.

Torres explicó que entre las entidades más expuestas se encuentran las del sector financiero no bancario, como casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado (Sofol), aseguradoras, afianzadoras e incluso administradoras de fondos de pensiones. Como ejemplo mencionó que en Tijuana, Baja California, se han detectado centros cambiarios que tienen utilidades diarias de 50 mil dólares. ''Quisiera ver a la autoridad yendo a supervisar eso'', dijo con una sonrisa.

Por lo que respecta al riesgo de lavado a partir de la instalación de casinos en México, Torres advirtió que este giro, al igual que las joyerías, las agencias de viajes, la venta y renta de yates y la hotelería están entre los sectores más expuestos al lavado por la falta de regulación.

El análisis de Mancera Ernst and Young destaca que México no ha cumplido totalmente las 40 recomendaciones del Gafi. De las 30 medidas contra el lavado de dinero, México ha acatado 19 totalmente, siete en forma parcial y no cumple con cuatro.

En este último punto destaca que México no ha aplicado medidas para prevenir delitos con nuevas tecnologías como Internet; tampoco ha elaborado requisitos y normas para profesiones no financieras; no ha aplicado acciones para detectar y combatir bancos pantalla que realizan operaciones en paraísos fiscales, ni ha establecido directrices para la retroalimentación de datos entre empresas y autoridades.

En cuanto a las ocho acciones para combatir el financiamiento al terrorismo, cinco las ha cumplido totalmente, tres en forma parcial y una no la ha acatado.

Sobre las reformas aprobadas en Estados Unidos como parte de la US Patriotic Act, Torres advirtió que las empresas mexicanas que reciban recursos de Estados Unidos y no cumplan las disposiciones podrían enfrentar procesos en aquel país. De la misma forma, los empresarios tendrán hasta noviembre para cumplir las modificaciones a las leyes mexicanas que entraron en vigor el 14 de mayo.

Entre ellas destaca que el secreto bancario ya no será impedimento para que las autoridades hacendarias investiguen operaciones sospechosas. Asimismo, las pesquisas que involucren a ''personas políticamente expuestas'', como ex presidentes y otros funcionarios, se ampliarán a sus familiares y socios.