La PGR no retira cargos, a pesar de ser inocentes: legislador

Piden a Xóchitl Gálvez interceder por liberación de 2 ecologistas tarahumaras

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 8 de junio. La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Local solicitó que Xóchitl Gálvez, titular de la Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indios, interceda ante la Procuraduría General de la República por la liberación de los tarahumaras ecologistas Isidro Baldenebro y Hermenegildo Rivas, procesados por portación de armas y drogas, quienes continúan en prisión a pesar de que se comprobó que su detención fue ilegal y que la acusación en su contra se sustentó con siembra de pruebas por agentes de la Policía MInisterial estatal.

Rogelio Yáñez Bustillos, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, sostuvo que la PGR mantiene negativa "inexplicable" a la solicitud que hizo el procurador de Justicia del estado, Jesús Antonio Piñón, para que retire los cargos por delitos federales -presunta portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de mariguana-, a pesar de que está "plenamente comprobado" que resultaron falsas las acusaciones formuladas por los policías estatales, "pagados por Artemio Fontes, cacique de la comunidad de Coloradas de la Virgen".

Los dos indígenas tienen más de un año en prisión, luego de que fueron detenidos en su comunidad, Coloradas de la Virgen, en marzo de 2003, por agentes ministeriales del estado, destacamentados en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La aprehensión de los dos tarahumaras ecologistas fue denunciada por la organización no gubernamental Alianza Sierra Madre, la cual calificó el hecho de "represalia" por la defensa que Isidro Baldenebro y Hermenegildo Rivas hicieron de los bosques del ejido del mismo nombre, que Artemio Fontes, cacique del lugar, pretendía talar.

De hecho, Isidro Baldenebro, de 38 años de edad, es quien ha sustentado las demandas de la comunidad rarámuri de Colorada de la Virgen ante los tribunales agrarios contra el presidente del comisariado ejidal, "controlado" por Artemio Fontes, quien hace cinco años obtuvo un permiso de aprovechamiento forestal para talar un bosque virgen de la zona. Desde entonces, los ejidatarios indígenas mantienen una constante movilización en contra de los taladores, y han llegado incluso a cerrar los caminos e interceptar camiones para evitar el saqueo de madera, recurso natural que consideran su patrimonio.

No obstante, el 7 de marzo de 2003 el Tribunal Unitario Agrario falló en favor de Baldenebro, al resolver "suspender la explotación del bosque". Pese a esto, 21 días después fue detenido por los agentes policiacos, junto con Rivas.

Con ese antecedente, organismos ecologistas como Alianza Sierra Madre comenzaron a asumir la defensa legal de los rarámuris, cuyo expediente fue analizado por Amnistía Internacional, organismo que los declaró "presos de conciencia".

Bajo la presión internacional, la Fiscalía de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió el año pasado una investigación sobre la detención de los dos indígenas, la cual concluyó que los cuatro agentes de la Policía Ministerial aprehendieron a Baldenebro y Rivas de "forma ilegal", por lo que la dependencia decidió ejercitar acción penal contra los elementos policiacos.

Jesús Antonio Píñón, procurador del estado, envió un oficio a la PGR, solicitando el retiro de los cargos que hizo el Ministerio Público, "tomando en cuenta que ya se comprobó que la detención de Isidro Baldenebro y Hermenegildo Rivas fue producto de una acusación falsa de los policías ministeriales".

Sin embargo, la PGR mantiene el expediente en estudio y hasta ahora no ha dado una respuesta que permita la liberación de los dos ecologistas tarahumaras.