Ricardo Blanco V.

Cosas extrañas suceden en el mercado de bebidas alcohólicas. No necesariamente ocurren por el efecto de los rones, tequilas o coñacs en la mente y ánimo de las personas. En los últimos cinco años, la industria perdió una quinta parte del empleo que genera; el valor de las ventas internas del sector disminuyó de 14 mil a 13 mil millones de pesos entre 1994 y 2003, pero según las autoridades sanitarias el consumo de vinos y destilados no deja de crecer.

Casi no es necesario decir que se trata de una industria multimillonaria. En México se consumen cada año 3 millones de botellas de bebidas con algún grado de alcohol. En torno de esta actividad se mueven negocios que representan un volumen de 60 millones de dólares, según la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVL), entidad privada que promueve los intereses de los empresarios del sector.

La respuesta, como en muchas otras cosas de la vida, parece estar en la calle. Sólo que ahora no se trata de sabiduría popular, sino del ingenio puesto al servicio de la creación de una industria paralela que produce destilados al margen de cualquier regulación, que logró crear redes para comercializarlos y que, por si fuera necesario decirlo, etiqueta las botellas de las bebidas que produce con las principales marcas del sector, no sólo de México, sino también del champán o coñac, protegidas -al igual que el tequila mexicano- por normas de denominación de origen.

"La adulteración de vinos y licores avanza cada vez más", comenta Rosario Guerra, presidenta de la CIVL. La novedad es que las bebidas producidas en la clandestinidad ya no se venden sólo en las calles, sino que también comienzan a ser introducidas en establecimientos formales. Las cifras producen casi el mismo efecto que una larga noche de copas: por cada 10 botellas que se consumen, cinco pueden tener como origen las destilerías clandestinas.

Hay que agregar el contrabando. Jaime Cristo Alvarez, presidente de la Asociación de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas, calcula que en un año se consumen alrededor de 32 millones de cajas -de nueve litros cada una- de bebidas importadas. Poco más de una tercera parte tiene su origen en el contrabando.

Es claro que grupos de delincuencia organizada están al frente de la producción, distribución y venta de bebidas adulteradas. Guerra asegura que a la fabricación clandestina se suma el contrabando, como dos de las amenazas más serias para la industria.

El coctel está incompleto sin la Secretaría de Hacienda. El contrabando ingresa, por supuesto, por alguna aduana. Está, además, el tema de los impuestos. El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) varía de 40 a 60 por ciento del valor de producción. Ejemplo: una bebida destilada cuyo valor de producción es de 100 pesos por litro, eleva su costo en 40 pesos por el IEPS, hay que añadir otro 10 por ciento de margen de comercialización y el impuesto al valor agregado. Al final, el precio al público resulta de alrededor de 177 pesos.

Como las cifras de la Secretaría de Salud muestran que el consumo de bebidas alcohólicas no ha disminuido, el sentido común indicaría que lo mejor es establecer una mejor regulación y menores costos -dado el peso de los impuestos- para contener la fabricación clandestina y el contrabando.

Sobre todo si se piensa que, tal como van las cosas en el país y en el mundo, un buen trago siempre hará falta §