En diciembre de 2003, el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez, dio los argumentos gubernamentales para comerciar con la tierra de labor de los ejidos y comunidades del país. El Programa de Cerfificacón de Derechos Ejidales-Comunales (Procede) asoma así su rostro más mezquino, sin importar la vida de millones de campesinos.
 

El mercado de tierra es la expresión de una serie compleja de fenómenos y constituye una expresión fiel de la evolución del sistema económico en el campo, de sus círculos con los demás mercados y con los sistemas cultural y jurídico principalmente. La transformación de la tierra como mercancía es una proceso inacabado en la mayor parte de la sociedad rural mexicana, en relación estrecha con aspectos económicos de la agricultura y a su vez con fenómenos como la migración, el mercado de la fuerza de trabajo, el envejecimiento de los titulares de derechos de propiedad y la feminización del campo.
Con la reforma al artículo 27 constitucional, la expedición de la Ley Agraria y la instrumentación del programa Procede, las tierras ejidales o comunales se incorporaron al mercado de tierras mediante diversos mecanismos, sea a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales (cesión, compraventa, donación) o mediante la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles. (Tenencia de la tierra y derechos agrarios)¹

Uff. El Procede. Más claro ni el lodo. El Procurador Agrario se atreve a decir lo que los objetivos del Programa en cuestión no expresan con claridad. Por qué será que tantos ejidos y comunidades se niegan a entrar a un programa que aunque se anuncia machaconamente como voluntario, en los hechos se impone como requisito para obtener otros muchos programas del gobierno y abre la puerta para la compra-venta de algo que los pueblos indígenas consideran sagrado: la tierra.
 

Con lo dicho por Rivera Rodríguez ya no hace falta leer entre líneas a estos abogados del Procede. Aunque los títulos de bienes ejidales o bienes comunales eran, desde que se implantaron, la manera de asegurar una tenencia de la tierra amparada por la Constitución y las leyes agrarias, desde la contra reforma al artículo 27 se quiso fomentar que en los núcleos de propiedad social se abriera la posibilidad de "enajenar sus derechos". Ya lo dijo el Procurador Agrario.
 

Procede tiene como objetivo expreso: "dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten".

Por qué se inició una certificación individual de tenencia de la tierra en núcleos con lógica comunitaria. Lo dice el Procede: "Sabiendo con precisión lo que a cada campesino le pertenece, se propicia una mayor presencia de inversiones en el sector agropecuario, así como en otras actividades ligadas a los núcleos agrarios, como son las forestales, turísticas, de desarrollo urbano, etcétera; más aún, los documentos del Procede facilitan celebrar libremente contratos de asociación, renta, aparcería o mediería. Por ello, el Programa incide en el desarrollo económico del sector rural".

¿Se imaginan rentar un terreno para desarrollo urbano, con el ánimo y la ingenuidad de alguna vez recuperarlo para su uso labrantío? Tarde o temprano los núcleos agrarios inscritos al Procede o al Procecom se desmembrarán.

Y aunque fuera voluntario como insisten en sus presentaciones powerpoint, sus efectos inmediatos son claros en el ejido El Naranjal, en la Sierra Norte de Veracruz.

De ser un núcleo organizado para la faena y para enfrentar los conflictos frecuentes con los caciques de La Jabonera, con quienes han mantenido una lucha constante por la grava que les roban con cada crecida del río Binazco que sirve de límite muy móvil entre las tierras de los caciques y el ejido, hoy (certificados con el Procede) la gente del ejido tiene que enfrentarse en lo individual contra los poderosos señores de horca y cuchillo de la región, algunos de los cuales deben varias vidas, sin la fuerza, el dinero ni el tiempo para litigar en los tribunales (en lugares alejados como Tuxpan o Pachuca). Además, lo que antes fueran potreros colectivos eficientes del ejido --garantizando la rotación del ganado en una extensión apta para recuperar los pastos-- hoy, con parcelación cercada, el ganado se acaba el pasto y la rotación en predios de 3 hectáreas no lo recupera.

¿Conclusión? El Naranjal diluyó la colectividad que le permitía resistir ante sus vecinos, se fragmenta en estrategias individuales cansadas, y no es ya eficiente en el manejo de sus propios recursos. ¿Es esto un azar de la vida en el mundo o algo planeado ex profeso para desmantelar el campo de campesinos, si son indios y comunitarios con más razón?

El Procede presume de sus cifras. Sin embargo, Carlos González apunta²:
 

Procede y Procecom facilitan la venta de parcelas, la incorporación de las tierras de uso común a sociedades privadas y, bajo ciertos requisitos, la adopción del dominio pleno en los ejidos; permiten formalizar el acaparamiento y las ventas ilegales de tierras ejidales o comunales, favoreciendo todos los factores que tienden a privatizar las tierras y recursos naturales de los núcleos agrarios.

La Procuraduría Agraria y otros órganos de gobierno involucrados en la ejecución del Procecom han adoptado un criterio absolutamente ilegal que induce a la titulación privada de los cascos urbanos comunales en abierta contradicción con el artículo 99 de la Ley Agraria.

Los datos [...] de su página web indican que hay en el país 27 605 ejidos y 2 337 comunidades: 29 942 núcleos agrarios. Se afirma que por voluntad de sus asambleas se han incorporado al Programa 26 154 núcleos agrarios (87%). [Esto] resulta bastante relativo, pues nunca se menciona que hay comunidades que aceptaron la aplicación parcial del Programa [...] y que sus tierras las delimitaron en su totalidad como de uso común; tampoco se dice que en un número significativo de núcleos sólo una parte del total de ejidatarios y comuneros aceptaron...

Es mentira que por voluntad de sus asambleas se hayan incorporado al Programa 26 154 núcleos agrarios; en realidad el Programa de Certificación fue impuesto, con trampas y hasta violencia, condicionando a los campesinos la entrega de recursos y subsidios oficiales a la aceptación de dicho programa.

Hoy, las brigadas interinstitucionales de atención a los llamados Focos Rojos, presionan a las asambleas comunitarias wixárika para que, si quieren arreglar sus conflictos con los vecinos contra quienes sostienen demandas agrarias en los tribunales, ingresen al Procede/Procecom ya. Pero las comunidades indígenas, sean amuzgos de Xochistlahuaca, ñuhú de la Sierra Norte de Veracruz, zoques de los Chimalapas, tzotziles, tzeltales o tojolabales de Chiapas, tepehuanos o wixárika de Durango y Jalisco, están empeñados en defender su territorio y no aceptarán algo impuesto por los operadores, presionando y socavando a sus asambleas con mañas y amenazas. Tantas aberraciones comienzan a hartarlas.
 
 

²Ojarasca en La Jornada 67, noviembre de 2002.