Ojarasca 86 junio 2004
Hacía mucho que ninguna corporación policiaca
de México se daba el gusto de torturar a placer a un gran número
de personas como las detenidas arbitrariamente en las calles de Guadalajara
la última semana de mayo. Que los desmanes policiacos (no sólo
la represión y los gases) fueran tolerados por la sociedad tapatía,
apenas aludidos por la mayor parte de los medios, y premiados con sonrisas
y honores por el impresentable gobernador panista de Jalisco y su camarilla
de gerentes cristeros, habla de un alarmante retroceso en la cultura de
los derechos humanos. Esa que con tantos trabajos, penalidades y hasta
muertes se ha venido construyendo en México en los pasados veinte
años.
Con los gobiernos panistas último modelo ya se
puede desnudar, vejar, fingir violar o violar a revoltosos y revoltosas,
además de las usuales golpizas, descargas eléctricas y
torturas psicológicas. Eso, con los toques de queda para los jóvenes
y el uso faccioso del sistema de justicia, nos regresa de golpe al diazordacismo-echeverrismo,
pero con un ingrediente de fascismo conosureño que no fue habitual
en los como quiera muy nacionalistas cuerpos represivos del pasado.
Las sociedades educadas en la televisión comercial
y fanatizadas en el frenesí del consumo son el mejor caldo de cultivo
para la indiferencia. Parece ser el caso de Guadalajara, y de otras capitales
y ciudades de la República gobernadas por el partido de presidente
Vicente Fox.
Recordemos que el propio Estado priísta, ya en
su etapa neoliberal, se vio obligado a establecer la figura de ombudsman
y dotarlo de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, supuestamente
autónoma pero más paraestatal que las paraestatales. Esto,
sin negarle algunos aciertos en materia de justicia y reconociendo que
la CNDH dio aval a la defensoría de derechos humanos en todo el
país, y los organismos civiles se convirtieron en parte del paisaje
social. Sus promotores y abogados, aun incómodos, pocas veces eran
suprimibles por sus enemigos (como Digna Ochoa y algunos otros). Aquí
no es Guatemala, nos acostumbramos a suponer. Estos organismos independientes
de denuncia y defensoría han operado con loables resultados.
De manera destacada, los derechos de los indígenas,
parias de nuestra historia, ganaron un espacio y una legitimidad que las
leyes (y quienes las redactan y aprueban) se niegan a reconocerles, pero
ya son ineludibles.
En un giro inesperado, la CNDH se convirtió a
últimas fechas en fiscal y perseguidor de... defensores de derechos
humanos adscritos a la Comisión que preside José Luis Soberanes.
Las descalificaciones oficiales a Guadalupe Morfín (comisionada
especial para investigar los crímenes de Ciudad Juárez) y
Pedro Raúl López Hernández (ombudsman chiapaneco nada
grato para el gobierno estatal) ponen la forma sobre el fondo; la obediencia
a la necesidad política del poder por encima de la protección
omitida en ambos casos de los derechos humanos de la población.
No es casual que la política de los políticos
esté cada vez más a cargo de personalidades peligrosas por
su frivolidad: la consorte presidencial y precandidata idem; el diputado
fraudulento, boxeador fraudulento y empresario fraudulento que juega
a vedette en Big Brother cada noche en cadena nacional; el gobernador morelense
que puede nadar en el fango y salir airoso con su cara de boy scout y su
inmoral helicóptero del amor; el senador de la República
y abogado gesticulador de todos los poderosos que requieren su tráfico
(con fuero) de influencias.
Grave es que la sociedad mexicana tolere a esta gente
como sus representantes. Algo se corrompe y ya hiede. El olvido paulatino
de las garantías individuales y la ligereza ante violaciones flagrantes
son un síntoma. Aún es tiempo de detener la barbarie ultraderechista.
Su ascenso es un auténtico foco rojo. Hay que hacerle caso.
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