Acción Nacional, único que respaldaba la propuesta

Rechazan partidos redistritación con base en las proyecciones del Conapo

RENATO DAVALOS

La presión política de cinco partidos, con excepción de Acción Nacional, evitó que prosperara una propuesta inicial del Registro Federal de Electores (RFE) para redistritar el mapa electoral del país considerando las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) -organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación-, en lo que hubiera constituido una violación al artículo 53 constitucional, que establece la obligación de realizar este proceso con base en el Censo General de Población.

La pretensión hubiera significado que el Distrito Federal perdiera hasta seis distritos, que Zacatecas se quedara con dos y que aumentaran sustancialmente las de-marcaciones en el estado de México y que también se incrementaran en Jalisco y Nuevo León, entre otros.

Los cinco partidos representados en el RFE discutieron ayer los criterios que servirán de base para la nueva redistritación, que habrá de aprobar el consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) en su sesión del próximo 15 de julio. Finalmente se aprobó una contrapropuesta -con las observaciones de Acción Nacional, que insistió en el tema de las proyecciones- mediante la cual se desechó el plan y se remitió al IFE un documento en el que se preserva el criterio constitucional.

La semana pasada, la dirección ejecutiva del RFE informó a los partidos que había dos opciones para realizar la nueva redistritación. Una de ellas, a partir del censo, y otra con base "en las proyecciones de población 2004, 2006 y 2009 del Conapo, teniendo en cuenta el Censo General de Población", para salvar el texto constitucional.

El representante panista, Florencio González, planteó ayer que la información censal sería incorrecta para ser usada como equivalente de la población total en los años 2006 y 2009. "Tampoco se podrá estimar el número de personas que viven en los municipios que fueron creados después de celebrado el censo sin dejar de hacer consideraciones matemáticas", argumentó.

Señaló que el Conapo, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, El Colegio de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones, consideraron que el método de las proyecciones, "en particular las del Conapo", reunía todos los requisitos académicos para determinar la población en esos casos.

El documento finalmente aprobado tomó en cuenta la obligatoriedad marcada por el artículo 53 constitucional. Además, establece que se procurará la conformación de distritos con mayoría de población indígena. En todo caso, se preservará la integridad territorial y cultural de esas comunidades.

La representante del PRD, Yolanda Ruiz, señaló la necesidad de respetar el texto constitucional y no atender consideraciones de otra naturaleza, que serían violatorias del artículo 53 de la Carta Magna. Aplicando esta norma, la población total del país se divide entre los 300 distritos para obtener el promedio por cada uno de ellos que, en este caso, asciende a casi 325 mil ciudadanos por demarcación.

Con esos números, el nuevo mapa electoral del país se modificaría en una veintena de distritos. El Distrito Federal perdería cuatro distritos, para quedar en 26, mismos que por su crecimiento poblacional pasarían al estado de México. Las entidades que ganarían distritos serían Baja California Sur, con dos, y con uno Morelos, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo. Veracruz, en cambio, perdería dos distritos y con uno menos estarían Zacatecas, Durango, Guanajuato, Guerrero y Michoacán.