Responsables de la seguridad pública se constituyen en grupo de trabajo permanente

Exigen siete entidades $2 mil 500 millones para combatir al hampa

Plantean al gobierno federal que provengan de los recursos liberados por excedentes de crudo

Acuerdan iniciar operativos conjuntos este jueves en zonas limítrofes, entre 15 acciones

SUSANA GONZALEZ Y MIRNA SERVIN

Reunidos por primera a nivel regional para reforzar el combate a la delincuencia organizada, los responsables de la seguridad pública del Distrito Federal y seis entidades del país acordaron exigir al Ejecutivo federal 2 mil 500 millones de pesos, provenientes de los recursos fiscales liberados por los excedentes del petróleo, para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Además determinaron realizar operativos conjuntos con frecuencias compartidas de radiocomunicación, tener bases de datos comunes sobre secuestradores procesados y sentenciados, e impulsar iniciativas legales para homologar leyes contra la delincuencia organizada y penalidades contra plagiarios, pero también propiciar la participación de la sociedad civil.

El encuentro se efectuó ayer por la tarde en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, en la glorieta de Insurgentes, y, además del titular de ésta, Marcelo Ebrard, asistió su homólogo del estado de Morelos, Jesús Sebastián Isunza, así como los subsecretarios de Seguridad Pública de Tlaxcala, Juan Olmedo López; de Hidalgo, Prisciliano Gutiérrez, y de Puebla, Rodolfo Alvarado. También acudieron los directores de Seguridad Pública y Tránsito del estado de México, Luis Alberto Rivera López, y de Detección del Delito de Veracruz, Emilio Gómez Sánchez, además de José Luis Padilla, director de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dos horas de reunión

Al cabo de dos horas, Juan Olmedo López, de Tlaxcala, fue el encargado de dar a conocer a la prensa los 15 puntos de acuerdo alcanzados con sus homólogos, sin que se permitieran preguntas, y anunció la constitución de los funcionarios asistentes como "grupo de trabajo permanente" para la determinación y realización de acciones antisecuestro de la región central del país. Indicó que la próxima reunión será el 28 de junio, a la que se invitará al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y sus homólogos de las entidades mencionadas.

En materia de operativos, se precisó que se iniciarán este jueves en las zonas limítrofes de los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, así como en los siguientes puntos del Distrito Federal y estado de México: Azcapotzalco-Tlalnepantla, Gustavo A. Madero-Ecatepec e Iztacalco y Venustiano Carranza con Ciudad Nezahualcóyotl.

Como acciones inmediatas, se aprobó constituir un comité regional para la puesta en marcha de acciones antisecuestro, la integración de una base de datos compartida sobre secuestradores procesados y sentenciados, homologar la capacitación de los grupos antisecuestro, establecer una frecuencia de radio compartida en persecuciones y operativos conjuntos, concentrar información sobre secuestradores para entregarla a instituciones bancarias, colegios de notarios y registros públicos de la propiedad, así como registrar escoltas y empresas de seguridad privada.

En otro apartado, relacionado con los cambios sustantivos, el grupo estuvo de acuerdo en "preparar de manera conjunta iniciativas de leyes contra el secuestro y la delincuencia organizada", homologar los tipos, penas y procedimientos penales, al tiempo de hacerlas cumplir de manera irrestricta para que los secuestradores no gocen de ningún beneficio de ley y sean considerados delincuentes de alto riesgo.

Declaraciones previas

Por la mañana, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, entrevistado al respecto durante la puesta en marcha del programa Escuela segura en Cuajimalpa, se pronunció también por la adopción de la cadena perpetua contra los secuestradores y su traslado a prisiones de alta seguridad para que no convivan con los delincuentes comunes, así como que se establezca como obligatorio que los negociadores en plagios proporcionen información a las autoridades, pero estos puntos no fueron acordados ni mencionados en la reunión de anoche.

"El energético de los secuestros es la impunidad, en la medida en que se asegura que las víctimas no los van a denunciar, preparan el siguiente secuestro. Ganan mucho dinero y tienen un riesgo prácticamente nulo", aseguró Ebrard horas antes del encuentro con sus homólogos estatales.

Sostuvo que existen varios puntos de política criminal común que se deben promover entre las distintas entidades. Primero, dijo, la regulación efectiva de todos los servicios de seguridad privada, ya que o estas empresas son formadas por ex policías que se han expulsado de la corporación o por personas sin ninguna seriedad, por lo que necesita existir un control de cada uno de estos negocios.

Existen, indicó, mil 900 individuos en prisión vinculados a diferentes tipos de secuestros, junto con los demás presos y lo mismo ocurre en los estados. "La propuesta es moverlos a penales de alta seguridad, lo que va a implicar una inversión considerable en toda la región y para ello tenemos que reunirnos".