Responsables de la seguridad pública se constituyen en grupo de trabajo permanente

Exigen siete entidades $2 mil 500 millones para combatir al hampa

Plantean al gobierno federal que provengan de los recursos liberados por excedentes de crudo

Acuerdan iniciar operativos conjuntos este jueves en zonas limítrofes, entre 15 acciones

SUSANA GONZALEZ Y MIRNA SERVIN

Reunidos por primera a nivel regional para reforzar el combate a la delincuencia organizada, los responsables de la seguridad pública del Distrito Federal y seis entidades del país acordaron exigir al Ejecutivo federal 2 mil 500 millones de pesos, provenientes de los recursos fiscales liberados por los excedentes del petróleo, para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Además determinaron realizar operativos conjuntos con frecuencias compartidas de radiocomunicación, tener bases de datos comunes sobre secuestradores procesados y sentenciados, e impulsar iniciativas legales para homologar leyes contra la delincuencia organizada y penalidades contra plagiarios, pero también propiciar la participación de la sociedad civil.

El encuentro se efectuó ayer por la tarde en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, en la glorieta de Insurgentes, y, además del titular de ésta, Marcelo Ebrard, asistió su homólogo del estado de Morelos, Jesús Sebastián Isunza, así como los subsecretarios de Seguridad Pública de Tlaxcala, Juan Olmedo López; de Hidalgo, Prisciliano Gutiérrez, y de Puebla, Rodolfo Alvarado. También acudieron los directores de Seguridad Pública y Tránsito del estado de México, Luis Alberto Rivera López, y de Detección del Delito de Veracruz, Emilio Gómez Sánchez, además de José Luis Padilla, director de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dos horas de reunión

Al cabo de dos horas, Juan Olmedo López, de Tlaxcala, fue el encargado de dar a conocer a la prensa los 15 puntos de acuerdo alcanzados con sus homólogos, sin que se permitieran preguntas, y anunció la constitución de los funcionarios asistentes como "grupo de trabajo permanente" para la determinación y realización de acciones antisecuestro de la región central del país. Indicó que la próxima reunión será el 28 de junio, a la que se invitará al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y sus homólogos de las entidades mencionadas.

En materia de operativos, se precisó que se iniciarán este jueves en las zonas limítrofes de los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, así como en los siguientes puntos del Distrito Federal y estado de México: Azcapotzalco-Tlalnepantla, Gustavo A. Madero-Ecatepec e Iztacalco y Venustiano Carranza con Ciudad Nezahualcóyotl.

Como acciones inmediatas, se aprobó constituir un comité regional para la puesta en marcha de acciones antisecuestro, la integración de una base de datos compartida sobre secuestradores procesados y sentenciados, homologar la capacitación de los grupos antisecuestro, establecer una frecuencia de radio compartida en persecuciones y operativos conjuntos, concentrar información sobre secuestradores para entregarla a instituciones bancarias, colegios de notarios y registros públicos de la propiedad, así como registrar escoltas y empresas de seguridad privada.

En otro apartado, relacionado con los cambios sustantivos, el grupo estuvo de acuerdo en "preparar de manera conjunta iniciativas de leyes contra el secuestro y la delincuencia organizada", homologar los tipos, penas y procedimientos penales, al tiempo de hacerlas cumplir de manera irrestricta para que los secuestradores no gocen de ningún beneficio de ley y sean considerados delincuentes de alto riesgo.

Declaraciones previas

Por la mañana, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, entrevistado al respecto durante la puesta en marcha del programa Escuela segura en Cuajimalpa, se pronunció también por la adopción de la cadena perpetua contra los secuestradores y su traslado a prisiones de alta seguridad para que no convivan con los delincuentes comunes, así como que se establezca como obligatorio que los negociadores en plagios proporcionen información a las autoridades, pero estos puntos no fueron acordados ni mencionados en la reunión de anoche.

"El energético de los secuestros es la impunidad, en la medida en que se asegura que las víctimas no los van a denunciar, preparan el siguiente secuestro. Ganan mucho dinero y tienen un riesgo prácticamente nulo", aseguró Ebrard horas antes del encuentro con sus homólogos estatales.

Sostuvo que existen varios puntos de política criminal común que se deben promover entre las distintas entidades. Primero, dijo, la regulación efectiva de todos los servicios de seguridad privada, ya que o estas empresas son formadas por ex policías que se han expulsado de la corporación o por personas sin ninguna seriedad, por lo que necesita existir un control de cada uno de estos negocios.

Existen, indicó, mil 900 individuos en prisión vinculados a diferentes tipos de secuestros, junto con los demás presos y lo mismo ocurre en los estados. "La propuesta es moverlos a penales de alta seguridad, lo que va a implicar una inversión considerable en toda la región y para ello tenemos que reunirnos".

Hoy se reúnen Encinas y Huerta

La Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal acordaron que la reunión pactada desde la semana pasada para tratar el tema de seguridad pública y de colaboración entre ambos niveles de gobierno se realice este martes a las 19:30 horas.

En un comunicado emitido anoche por Gobernación, se informó que dicha reunión será encabezada por el subsecretario de Gobierno de esa dependencia, Ramón Martín Huerta, y el secretario de Gobierno del GDF, Alejandro Encinas Rodríguez. "De esta manera, se ratifica la disposición al diálogo y al trabajo conjunto entre la administración local y federal", dice el comunicado.

No politizar el tema, pide Manuel Cadena; hay voluntad para colaborar: López Obrador

Acuerdan Edomex y GDF cooperar para combatir crimen e impunidad

Insiste Navarrete Prida en culpar a la autoridad capitalina por la falta de coordinación

BERTHA TERESA RAMIREZ E ISRAEL DAVILA

Autoridades del Gobierno del Distrito Federal y del estado de México acordaron ayer establecer mayor coordinación e intensificación de los operativos ya existentes en la zona connurbada al Distrito Federal, así como analizar la posibilidad de convocar a autoridades de otros estados circunvecinos, como Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Guerrero, con el propósito de diseñar una estrategia regional para reforzar y mejorar la lucha contra la delincuencia y la impunidad, informó el Gobierno del Distrito Federal.

Por la mañana, el jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador subrayó "la disposición permanente" de su administración para trabajar conjuntamente con otras autoridades en materia de seguridad pública; en tanto el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, adelantó que esta misma semana se podría concretar una reunión con el subsecretario de Gobernación Ramón Martín Huerta para buscar acuerdos en torno al combate a la delincuencia.

Las autoridades locales y del Edomex llegaron al citado acuerdo durante una reunión que sostuvieron ayer en el restaurante La Mansión, de Polanco, en la que participaron por el GDF el secretario de Gobierno Alejandro Encinas, el titular de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, el Procurador, Bernardo Bátiz, así como los secretarios mexiquenses de Gobierno, Manuel Cadena y de Seguridad Pública, Luis Alberto Rivera así como el subprocurador Sergio Hugo Chapital.

A pesar del encuentro entre ambas autoridades, el procurador de justicia del Edomex, Alfonso Navarrete Prida, insistió en culpar al gobierno del DF por la escasa coordinación que existe entre ambas entidades para combatir a la delincuencia organizada y llamó a los funcionarios capitalinos a no hacer retórica con el problema de la inseguridad.

El procurador mexiquense manifestó que este tipo de encuentros deben servir para diseñar programas conjuntos y no como "una mera respuesta mediática" a la elevada incidencia delictiva.

"Si no hay coordinación, si el asunto es mediático, seguiremos deteriorando más los niveles de seguridad en la zona centro del país. Fuera de política, necesitamos una coordinación adecuada porque, hasta el momento, hay hechos que nos indican que no ha habido voluntad para coordinarnos. Se distinguen más los no que los sí de López Obrador", recalcó.

Entrevistado tras acudir a Casa Estado de México, donde el gobernador Arturo Montiel sostuvo un encuentro con representantes de la comunidad judía, Navarrete Prida manifestó que sus señalamientos sobre la falta de vinculación del gobierno capitalino con otras entidades se encuentran justificados: "todo lo decimos con hechos, no hay asistencias del jefe de Gobierno a la Conago; en materia de agua no hay voluntad para resarcir el daño que se ha causado al estado por la extracción de este recurso; tampoco ha habido voluntad de platicar sobre los desperdicios que se tiran en el bordo de Xochiaca, y qué se podría hacer con las 12 mil toneladas de basura que ahí se depositan", apuntó.

Navarrete Prida reveló que durante la reunión los representantes de la comunidad judía también se quejaron de la falta de coordinación que existe en la zona limítrofe de ambas entidades para combatir la inseguridad, por lo se comprometieron a instrumentar operativos en Tecamachalco, Interlomas y La Herradura, entre otras, para inhibir la presencia de delincuentes.

Minutos más tarde, el secretario general de Gobierno de la entidad, Manuel Cadena Morales, puntualizó, luego de acudir a la reunión con Alejandro Encinas, que la posición de la administración estatal no es de reclamo a las entidades vecinas, y añadió que si se politiza el problema de la seguridad pública los ciudadanos seguirán sufriendo por la delincuencia.

"No podemos seguir teniendo policías amarillos, tricolores y azules, debemos entender que la delincuencia es una y de forma coordinada la podremos combatir."

Cadena Morales manifestó que, independientemente de la respuesta que tengan de las autoridades capitalinas a la propuesta mexiquense de impulsar la cadena perpetua para secuestro, violación y homicidio calificado, el gobierno del estado presentará una iniciativa al Congreso local para instaurarla en el estado de México.

"Sabemos que esto puede generar una polémica hasta de ámbito constitucional, pero la ciudadanía ya no puede esperar. En la actualidad hay delincuentes que gozan de beneficios en estos delitos graves que finalmente les aminoran su pena, ya sea por buen comportamiento u otras cuestiones, y por esto debemos acabar" con las prebendas.

La propuesta de implementar la cadena perpetua para delitos graves es producto de una serie de foros que desde el año pasado promovió el gobierno del estado, por medio de la procuraduría estatal; sin embargo, no se había presentado la coyuntura para que la propuesta tuviera respaldo social, aseguró.

Avalan reformas a los códigos Penal y de Procedimientos para endurecer sanciones

Congresos estatales y ALDF pugnarán por acciones eficaces contra secuestros

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Diputados locales de cinco estados y del Distrito Federal acordaron ayer realizar una cumbre metropolitana de seguridad pública, en la que se buscará establecer acciones prontas y eficaces para hacer frente al fenómeno de la delincuencia, sobre todo el secuestro en la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM).

A la par, representantes de la Asamblea Legislativa (ALDF), del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como de la Consejería Jurídica y la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) de la capital, avalaron una serie de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal para hacer más severas las sanciones contra el delito de secuestro.

En el caso de la cumbre metropolitana, diputados del estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal fijaron los lineamientos que guiarán sus trabajos en esa reunión, a efectuarse en los primeros días de julio: hacer un llamado a los gobiernos federal y locales para que adopten mecanismos de cooperación "para cerrarle el paso a la delincuencia itinerante".

También, pugnar por una homologación de los "marcos normativos en materia penal y procedimental; asimismo se hace necesario revisar la competencia de los órganos de procuración de justicia locales y federales a fin de que ambos niveles puedan participar de forma concurrente en la persecución del delito".

En un documento consensuado entre los representantes de esos gobiernos, se estableció, además, "la urgente reforma a la norma que regula a las policías privadas, así como la constitución de una red informática común de policías en activo y de ex policías de nuestras propias entidades, ya que para nadie es desconocido que el nivel de sofisticación con que se cometen los secuestros presupone la participación activa o de protección de algunos de estos elementos".

De igual manera, los diputados de los Congresos estatales y de la ALDF se manifestaron por revisar "nuestro sistema de procuración y administración de justicia y, al mismo tiempo, desarrollar una campaña de difusión que desaliente la violencia y que promueva el valor de la denuncia, así como de los resultados positivos que vayan alcanzando las autoridades en esta materia".

Los convocantes a dicha cumbre expresaron que están invitados no sólo los diputados locales, sino que también los jefes de la policía y procuradores de justicia de cada entidad, así como especialistas y autoridades federales para que se sumen a esos esfuerzos.

En la sesión de preguntas y respuestas, varios de los diputados y representantes de los estados citados llamaron a hacer a un lado los intereses políticos y partidistas y pugnar por el bienestar de la población en materia de seguridad pública; a la vez, algunos consideraron factible incrementar las sanciones en el caso de ciertos delitos, como el secuestro.

Cambios al Código Penal

Por la mañana, representantes de los órganos encargados de la administración y procuración de justicia del Distrito Federal se reunieron para aprobar un documento que considera una serie de reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, con las cuales "sin duda" disminuirán los índices de secuestro en la capital.

Por ejemplo, se plantea incrementar las penas, ante el hecho de que en un delito de este tipo un adulto se valga de menores de edad. El planteamiento del TSJDF, ALDF, PGJDF, Consejería Jurídica y SSP pasa por castigar a aquel secuestrador que cause cualquier daño a su víctima, sobre todo en el caso de la mutilación; al mismo tiempo consideraron adecuado que este acto ilícito se persiga de oficio y no por denuncia de los afectados.

Dentro de los puntos avalados se contempla "otorgar beneficios procesales y punitivos para aquellos sujetos que hayan participado en un secuestro y que denuncien o aporten datos o información que lleven a la detención y enjuiciamiento de los cómplices".

Asimismo se plantea incluir en las reformas penales castigar a aquellas personas o empresas que sirvan como intermediarias en un caso de secuestro, tal como se proyecta en el ámbito federal.

Por lo que se refiere a los presos sentenciados o procesados por incurrir en esos delitos, se propone que se les prohíba el uso de celulares y que se les restrinjan las visitas.

A partir de estas acciones, los participantes en esta reunión se comprometieron a impulsar, en sus ámbitos de acción, esa serie de acciones para enfrentar de manera eficaz el secuestro.

A menudo se les deja en el olvido, señala el ombudsman Emilio Alvarez Icaza

Partidas especiales para resarcir a víctimas, propone Bátiz

SUSANA GONZALEZ G.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, propuso que la sociedad se haga cargo de resarcir el daño a las víctimas de delitos, de la misma forma que se brinda atención a los sectores marginados, pues dijo que aunque por ley los responsables de un crimen están obligados a hacerlo, no siempre pueden cumplirlo por falta de solvencia económica o debido a la sentencia judicial que se les impone.

Bátiz comentó que si bien a nivel local ya hay "un esbozo" para resarcir el daño a las víctimas o sus familiares con la creación de un fideicomiso en la PGJDF, deben darse "pasos más a fondo" en este problema para que en los gobiernos locales y federal existan "partidas especiales" como un acto de "justicia distributiva".

El planteamiento del funcionario capitalino fue hecho durante la inauguración del primer curso interinstitucional de formación de capacitadores para la atención a víctimas y ofendidos del delito, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y donde participaran 40 funcionarios de ambas instituciones así como de sus homólogas en el ámbito federal.

El presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, advirtió que existe una deuda con las víctimas del delito, a quienes a menudo se les deja en el olvido y el abandono con el pretexto de las competencias entre autoridades, pero en cambio sólo se les toma en cuenta para las estadísticas sobre la incidencia delictiva. "La gente busca una respuesta independientemente de las competencias. Se trata de administrar justicia, no venganza", manifestó el ombudsman.

Por solidaridad humana o justicia social, dijo el procurador, "viene la obligación colectiva de resarcir a la víctima en sus daños, tenemos que buscar mecanismos legales y jurídicos para que la sociedad responda. Si pensamos en una sociedad de acento social y economía mixta, como todavía parece que es la nuestra, podemos encontrar relativamente fácil mecanismos para ellos: del fondo común, que es de todos, y del cual se destina una parte a atender a los sectores marginados, débiles y más pobres, y ahí pudiéramos incluir a las víctimas que no pueden obtener la reparación del daño directamente del autor del delito".

Al mismo tiempo aclaró que las autoridades no son quienes crean los delitos ni tampoco son "magos" como para desaparecerlos de un plumazo, porque responden a muchos factores y seguirán existiendo como ha ocurrido por decenas o miles de años atrás.

Secuelas provocadas por delitos

Las personas que han sido víctimas de secuestro presentan hasta 60 síntomas postraumáticos, desde depresión y pérdida de peso, hasta trastornos del sueño, además de las mutilaciones y lesiones físicas o sexuales que hayan sufrido durante el cautiverio, pero muchas de ellas prefieren no solicitar apoyo sicológico. "Inadecuadamente piensan que si no vuelven a hablar del evento va a funcionar, pero evidentemente no es así", advirtió Bárbara Illán, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Subrayó que esta dependencia es la única en todo el país que cuenta con un Centro de Atención a Víctimas del Delito Violento -ubicado en Mérida 212, colonia Roma-, al que acude tanto gente del DF como de otras entidades del país, principalmente residentes de la zona conurbada. Para recibir los servicios especializados de este centro, los que inclusive se hacen extensivos a los familiares de las víctimas de secuestro, no se requiere haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público, porque ante todo, dijo la funcionaria, "lo importante es que la víctima esté bien".

Con lo anterior, la subprocuradora reconoció que en la PGJDF existen dos cifras de víctimas de secuestro: aquellas que denuncian y quienes no lo hacen, pero acuden al centro mencionado. Consideró que hasta el momento ha recibido 12 casos de víctimas de secuestro -los más recientes de un par de muchachas que prefirieron no presentar la denuncia-, y mencionó que 60 por ciento de las víctimas de delitos violentos, que también incluyen violación o violencia intrafamiliar, acuden al 60 por ciento de las terapias programadas.

SUSANA GONZALEZ G.