Avalan reformas a los códigos Penal y de Procedimientos para endurecer sanciones

Congresos estatales y ALDF pugnarán por acciones eficaces contra secuestros

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Diputados locales de cinco estados y del Distrito Federal acordaron ayer realizar una cumbre metropolitana de seguridad pública, en la que se buscará establecer acciones prontas y eficaces para hacer frente al fenómeno de la delincuencia, sobre todo el secuestro en la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM).

A la par, representantes de la Asamblea Legislativa (ALDF), del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como de la Consejería Jurídica y la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) de la capital, avalaron una serie de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal para hacer más severas las sanciones contra el delito de secuestro.

En el caso de la cumbre metropolitana, diputados del estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal fijaron los lineamientos que guiarán sus trabajos en esa reunión, a efectuarse en los primeros días de julio: hacer un llamado a los gobiernos federal y locales para que adopten mecanismos de cooperación "para cerrarle el paso a la delincuencia itinerante".

También, pugnar por una homologación de los "marcos normativos en materia penal y procedimental; asimismo se hace necesario revisar la competencia de los órganos de procuración de justicia locales y federales a fin de que ambos niveles puedan participar de forma concurrente en la persecución del delito".

En un documento consensuado entre los representantes de esos gobiernos, se estableció, además, "la urgente reforma a la norma que regula a las policías privadas, así como la constitución de una red informática común de policías en activo y de ex policías de nuestras propias entidades, ya que para nadie es desconocido que el nivel de sofisticación con que se cometen los secuestros presupone la participación activa o de protección de algunos de estos elementos".

De igual manera, los diputados de los Congresos estatales y de la ALDF se manifestaron por revisar "nuestro sistema de procuración y administración de justicia y, al mismo tiempo, desarrollar una campaña de difusión que desaliente la violencia y que promueva el valor de la denuncia, así como de los resultados positivos que vayan alcanzando las autoridades en esta materia".

Los convocantes a dicha cumbre expresaron que están invitados no sólo los diputados locales, sino que también los jefes de la policía y procuradores de justicia de cada entidad, así como especialistas y autoridades federales para que se sumen a esos esfuerzos.

En la sesión de preguntas y respuestas, varios de los diputados y representantes de los estados citados llamaron a hacer a un lado los intereses políticos y partidistas y pugnar por el bienestar de la población en materia de seguridad pública; a la vez, algunos consideraron factible incrementar las sanciones en el caso de ciertos delitos, como el secuestro.

Cambios al Código Penal

Por la mañana, representantes de los órganos encargados de la administración y procuración de justicia del Distrito Federal se reunieron para aprobar un documento que considera una serie de reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, con las cuales "sin duda" disminuirán los índices de secuestro en la capital.

Por ejemplo, se plantea incrementar las penas, ante el hecho de que en un delito de este tipo un adulto se valga de menores de edad. El planteamiento del TSJDF, ALDF, PGJDF, Consejería Jurídica y SSP pasa por castigar a aquel secuestrador que cause cualquier daño a su víctima, sobre todo en el caso de la mutilación; al mismo tiempo consideraron adecuado que este acto ilícito se persiga de oficio y no por denuncia de los afectados.

Dentro de los puntos avalados se contempla "otorgar beneficios procesales y punitivos para aquellos sujetos que hayan participado en un secuestro y que denuncien o aporten datos o información que lleven a la detención y enjuiciamiento de los cómplices".

Asimismo se plantea incluir en las reformas penales castigar a aquellas personas o empresas que sirvan como intermediarias en un caso de secuestro, tal como se proyecta en el ámbito federal.

Por lo que se refiere a los presos sentenciados o procesados por incurrir en esos delitos, se propone que se les prohíba el uso de celulares y que se les restrinjan las visitas.

A partir de estas acciones, los participantes en esta reunión se comprometieron a impulsar, en sus ámbitos de acción, esa serie de acciones para enfrentar de manera eficaz el secuestro.