México D.F. Martes 22 de junio de 2004
Responde por escrito a la demanda presentada
por asambleístas del PAN
Flores Millán se deslinda del fraude por $30
millones cometido en la delegación
Existe 90% de posibilidades de que se le comprueben
ilícitos, afirma comité de vecinos
BERTHA TERESA RAMIREZ Y MIRNA SERVIN
Octavio
Flores Millán, jefe delegacional de Gustavo A. Madero (GAM), respondió
por escrito a la demanda presentada por diputados locales del PAN ante
la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, deslindándose
de toda responsabilidad por el fraude de más de 30 millones de pesos
cometido en esa demarcación por dos ex funcionarios, y reiteró
que los vehículos de su propiedad conforman casi todo su patrimonio,
del cual ya ha dado cuenta anteriormente.
Al filo del mediodía, antes de que Flores Millán
enviara su respuesta, Rogelio García, director de Atención
Ciudadana de la Contraloría, confirmó que el titular de la
GAM enfrenta un proceso de investigación, pero aclaró que
no está sujeto a un proceso administrativo disciplinario.
Indicó que hasta ahora lo único que consta
en el expediente del funcionario son imputaciones "y no tenemos ninguna
otra cosa más contra él".
Mediante un comunicado, se informa que Flores Millán
respondió en ocho puntos a las acusaciones de enriquecimiento ilícito
y sobre su presunto involucramiento con Carlos Ahumada para cometer fraude
en la delegación.
En su respuesta, Flores reitera que fue él quien
interpuso la denuncia por fraude y que debido a ello Ahumada está
en la cárcel.
Negó haber recibido dinero de manera directa y/o
mediante terceras personas vinculadas con Ahumada.
Explicó que la contratación de Luis Salazar
Cano y Martha Delgado fue realizada con base en sus currículos,
además de que presentaron su constancia de no inhabilitación
expedida por la Contraloría del GDF. Subrayó que no hubo
ningún aviso institucional que advirtiera de la no contratación
de los defraudadores.
Se informó que Flores Millán dio a conocer
documentación para comprobar que no giró ningún tipo
de autorización para que los ex funcionarios firmaran los documentos
por 31.5 millones y los cobraran.
En su respuesta, Flores Millán informó también
que en su gestión no se adjudicó ningún contrato de
desazolve u otro tipo de obra a la empresa Quart o compañías
relacionadas con Carlos Ahumada.
El comunicado enfatiza que las órdenes de pago
fueron realizadas por Salazar y Delgado sin la elaboración de expedientes
avalados por los comités de obras y de patrimonio, por lo que los
documentos fueron enviados de manera directa e irregular a la Secretaría
de Finanzas del GDF, donde se emitió el pago directamente.
Flores Millán sostuvo que las imputaciones de los
denunciantes carecen de sustento jurídico.
Por su parte, el director de Participación Ciudadana
de la Contraloría precisó que las imputaciones que pesan
en el expediente de Flores Millán son: que sus bienes son notoriamente
mayores a los que puede costear su ingreso comprobable, "situación
que tampoco está necesariamente comprobada", y que actuó
de manera imprudente al contratar a dos servidores públicos vinculados
con Carlos Ahumada.
Respecto a cuánto ascenderían los recursos
de Flores, dijo que esto "es una parte que está en un proceso y
que es discreta".
Interrogado sobre las declaraciones que hicieron miembros
de una comisión vecinal que ayer se entrevistó con funcionarios
de la Contraloría, la cual aseguró que existía 90
por ciento de posibilidades de que se acrediten las irregularidades en
que habría incurrido el jefe delegacional, el funcionario señaló:
"es imposible, sólo tenemos en el expediente -lo reitero- la imputación;
no hay nada más en este momento".
Añadió que la ley no establece un plazo
para llevar a cabo la investigación e indi- có que es posible
que antes de que ese órgano fiscalizador actúe, la Asamblea
Legislativa podría iniciarle un proceso o incluso la misma PGJDF.
A la Contraloría llegó otra vez un grupo
de personas que se identificaron como habitantes de esa demarcación,
el cual lanzó consignas de repudio contra el jefe delegacional;
entre los inconformes estaba Ricardo Barreda, coordinador del comité
vecinal de Zacatenco.
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