La banca opera como la otra cara del circuito criminal

Desempleados de la guerra sucia, en el origen de la seguridad privada

Empresarios de la violencia lavan ganancias ilegales en la economía regular

CARLOS FAZIO / II Y ULTIMA

En América Latina en general, y en México en particular, el arranque del violento proceso de transformación social que llega a nuestros días es contemporáneo del reaganismo y el thatcherismo. Si en América del Sur nos remite al ocaso de las dictaduras militares y su remplazo por gobiernos civiles que continuaron y profundizaron el proyecto neoliberal bajo la fachada de democracias tuteladas, en México se corresponde con la acción de los últimos cuatro gobiernos privatizadores (de De la Madrid a Fox), que tras la guerra sucia y las prácticas genocidas del totalitarismo priísta tuvieron campo abierto para arrasar las conquistas sociales de los trabajadores e incursionaron en nuevas formas de dependencia y satelismo imperial.

En ambos casos, a la deconstrucción de la represión estatal correspondió la acelerada privatización de la seguridad. Las formaciones extralegales de poder, autoridad y violencia de la fase dictatorial en países como Argentina, Chile y Uruguay (los grupos de tarea y el paramilitarismo creadores de la industria del secuestro), o del echeverrismo y el lopezportillismo en México (la Dirección Federal de Seguridad y su brazo "justiciero", la Brigada Blanca), se transformaron en herramientas de poderosas agrupaciones criminales de tipo mafioso que, apoyadas en la violencia y a la sombra de las corporaciones de seguridad estatales, fueron controlando los sectores informales y penetrando, apuntaladas en la corrupción y la impunidad, la economía regular.

Ante eso, el Estado, debilitado y propenso a la corrupción -y con apoyo de la clase gobernante-, se mostró omiso y/o pasó a formar parte orgánica, por medio de algunos "especialistas de la violencia" que han venido actuando con un pie en las corporaciones oficiales de seguridad y procuración de justicia, y otro en la ilegalidad, de la industria del crimen organizado (Morelos, Baja California, Chihuahua, estado de México, Sinaloa, Distrito Federal), transformándose así en un Estado delincuencial.

En México, como ejemplo de las "nuevas guerras" o de esa "transformación de la violencia bélica en violencia reguladora" a las que alude Peter Lock, está el caso de Francisco Ortiz Franco, el ex editor del semanario Zeta asesinado en Tijuana, que se suma a 234 muertes violentas en lo que va de 2004, sólo en Baja California; sin duda, un índice de homicidios que no envidia nada a los de Irak, país en guerra.

Otro ejemplo elocuente fue consignado en estas páginas por José Galán: "De 1990 a 2001, ocurrieron 106 mil 735 decesos, atribuibles a la violencia por arma de fuego, cifra 2.3 veces superior a las 46 mil 370 bajas de las tropas de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, cuya duración aproximada fue de 15 años" (La Jornada, 27 de abril de 2003).

Sobre policías y ladrones

Según Lock, al privatizarse, la seguridad (un bien público) puede emerger bajo "la figura de una usurpación criminal del aparato del Estado. El Estado mismo produce inseguridad y destruye los sistemas de reglas basados en la confianza de la sociedad civil. Esos sistemas de reglas son remplazados por actores de la violencia a la sombra de la clase estatal, y establecen una red de monopolio de la violencia que obliga al pago de tributo" (P. Lock, "La violencia como regulación: sobre la lógica de la globalización sombra").

Hay un dato que remite a la actual sicosis de los secuestros, alimentada amarillistamente desde los medios en México. Dice Lock: "Generar cierto nivel de inseguridad (entre la población) puede proporcionar un espacio operacional óptimo, porque cada red económico-criminal depende de la disponibilidad de una esfera y de un sitio que faciliten el intercambio simbiótico con la economía regular". En la "lógica" de funcionamiento de los sistemas de redes (circulación de mercancías, dinero, personas) la existencia de los mercados en la economía regular no puede ser puesta en peligro. Para que el "negocio" funcione, los "empresarios de la violencia" deben canalizar los ingresos a la economía regular (lavado de sus ganancias ilegales). De ahí la simbiosis entre las esferas legal y criminal de la economía; los banqueros son la "sombra" o la otra cara del circuito criminal. Pero no sólo los banqueros, porque Ƒadónde va a parar o quién se queda con el dinero de los secuestradores o narcotraficantes capturados?

Lo anterior se conecta con otro rasgo que destaca Lock: el debilitamiento y la renuncia del Estado a seguir proveyendo protección como un bien público llevó a la irrupción de una industria privada de la seguridad, que constituye uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía. Según la filial local de Kroll Inc., consultora internacional en seguridad, el "negocio del miedo" ha creado en México un mercado que factura entre 800 y mil millones de dólares anuales. La expansión de ese negocio trasnacional, que pone en su nómina a agentes policiales y militares (en actividad) del país sede -lo que garantiza una seguridad asimétrica y crea conflictos de intereses-, queda reflejado en el dato de que si en 2001 había 2 mil 332 empresas de seguridad privada registradas, la cifra asciende hoy a 5 mil 40.

Por simples razones de mercadotecnia no es descabellado suponer que la manipulación de emociones y la alimentación de angustia en materia de seguridad, a través de los medios masivos, beneficia a esas lucrativas empresas. Máxime sí, como se sabe, sus ganancias, en relación con la industria del secuestro, dependen del porcentaje de comisión que cobran a los familiares de las víctimas sobre el monto original del rescate solicitado por los captores (entre 20 y 25 por ciento). Si es verdad que, como afirma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de secuestro disminuyó 27 por ciento entre 2000 y 2003, la manera de evitar la disminución del negocio es generar un clima de tensión en torno al tema.

El negocio opera también en la "economía sombra". La seguridad transformada en mercancía genera una "carrera de protección intrasocial", lo que fomenta aún más la fragmentación de la sociedad, al crear gigantescos cinturones de miseria en las periferias de las megaciudades, donde la gente carece de los recursos para adquirir su seguridad, y cae presa de las agencias privadas "legales" (que operan dentro y fuera del ordenamiento jurídico vigente) y de servicios de venta de protección (rackets), bandas y estructuras de autodefensa que organizan la seguridad allí donde el Estado ha dejado de funcionar (de ejercer el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza) y donde la vida se ha convertido en un "infierno criminal". El dinero para comprar "protección" (la extorsión en el mundo informal) ocupa el lugar de los impuestos, y el silencio frente a los órganos estatales de procuración de justicia, obtenido mediante la amenaza de la violencia (una suerte de omertá mafiosa), se corresponde con la lealtad ciudadana.

Dentro de esa "economía sombra", dice Lock, "quien es pobre no tiene elección y asume los riesgos que acompañan a la actividad criminal. En las zonas del apartheid de la pobreza, la población joven desocupada conforma un ejército de reserva inagotable de la criminalidad". La expulsión masiva de jóvenes de la economía regular genera a su vez un "apartheid intergeneracional extendido", que se revela como "un atributo sistémico reprimido del globalismo neoliberal" y está marcado por "una creciente amargura social y por proyectos de vida alternativos individuales, que se sustentan en el empleo de la violencia como afirmación y para obtener logros".

La reducción del alcance de las funciones estatales del orden, la privatización legal e ilegal de la seguridad y la informalización y criminalización en expansión de las actividades económicas son procesos complementarios. Asimismo, la regulación económica violenta en los cinturones de pobreza urbanos genera una emigración ilegal masiva, a lo que habría que sumar la contrarreforma laboral gubernamental, impulsada en nombre de la "flexibilización", cuyo objetivo es seguir desmantelando lo social y enviar más gente a la informalidad. Durante los primeros tres años del mandato del presidente Vicente Fox, 80 por ciento de los empleos creados en el sector comercio (298 mil) se dieron en la informalidad, mientras al comercio formal apenas se incorporó la cuarta parte (75 mil).

El mensaje es claro: no hay futuro para los jóvenes. En lugar de promesas abstractas de bienestar, a través de un supuesto crecimiento basado en la desregulación de la economía, el Estado debería garantizar trabajo productivo en el marco y bajo la protección de un orden jurídico constitucional; ése, como dice Lock, es el único camino para superar a la "economía sombra" y la violencia reguladora asociada con ésta. Pero existe una moraleja "desesperanzadora": si el soberano garantizara la protección de sus súbditos, se vendría abajo la industria en expansión de la seguridad, afectando intereses privados. Igual pasaría con las universidades o los hospitales privados: si el Estado garantiza la salud y la educación públicas, se acaban los negocios lucrativos en esos sectores. En este contexto, la marcha del domingo respondió a una necesidad básica y a una demanda legítima de los súbditos que reclaman al Estado que cumpla su papel, pero encierra muchas contradicciones en el seno de un conglomerado de manifestantes divididos en clases sociales. Otro México es posible, sí, si se cambia el sistema.