Activistas sociales lamentan que la Corte no haya ido al fondo del asunto

La Femospp, obligada a fortalecer pesquisas contra los responsables de la guerra sucia

ALFREDO MENDEZ Y GUSTAVO CASTILLO, Y JESUS SAAVEDRA REPORTEROS Y CORRESPONSAL

La ratificación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del criterio de que el delito de desaparición forzada de personas podrá ser imputado a ex funcionarios que ordenaron detenciones ilegales en décadas pasadas, siempre y cuando la víctima se encuentre desaparecida, fue tomada por familiares de desaparecidos, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y el Consejo Ciudadano de apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado (Femospp), como un ''acto positivo y alentador'', aunque coincidieron en que el fallo ''sólo es un nuevo motivo'' para que esa fiscalía ''fortalezca sus averiguaciones previas contra los responsables de la guerra sucia y las matanzas de 1968 y 1971''.

Entrevistados ayer por separado, los activistas sociales refirieron que el siguiente paso debe darlo la Femospp, por medio de ''nuevas y más sólidas consignaciones'', porque ''no podemos seguir esperando sin ver resultados concretos (...) sin que se haga justicia''.

Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, indicó que la resolución efectuada el pasado martes por la Corte complementa el fallo que emitió el año pasado, en el cual los ministros consideraron que en el delito de privación ilegal de la libertad el tiempo de prescripción no empieza a correr hasta que sea localizada (viva o muerta) la víctima.

Sin embargo, refirió que ''no estuvimos de acuerdo en que de nueva cuenta (la SCJN) omitió ir al fondo del asunto, porque no se pronunció sobre los delitos de lesa humanidad, además de que no resolvió el asunto del fuero militar, que era una parte del tema de la controversia presentada por Andrés Manuel López Obrador (jefe de Gobierno capitalino), y tampoco analizó de fondo el asunto de la reserva interpretativa que hizo el Senado en enero de 2002, cuando entró en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas''.

Joel Ortega, integrante del Consejo Ciudadano de Apoyo a la Femospp, opinó que la resolución de la Suprema Corte tiene ''importancia mayúscula'' en el contexto de las investigaciones por desaparición forzada que realiza el Ministerio Público Federal.

Consideró que ''esa decisión constituye una prueba de que quienes han luchado con tenacidad durante más de 30 años porque se haga justicia hoy han obtenido un premio y demuestra también que el Poder Judicial tiene hoy una independencia que no tenía ese órgano del Estado mexicano en los años 60 y 70''.

Aleida Gallangos, también integrante del consejo, consideró que la determinación del máximo tribunal del país ratifica que durante muchos años los señalamientos que ''hemos formulado quienes perdimos familiares, teníamos razón y es que ningún crimen puede quedar impune''.

Por su parte, Abdalla Guzmán, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien presentó en su momento denuncias en la Femospp por la desaparición de su padre y cuatro hermanos, refirió que la Corte ''dio un paso más en este complejo camino para buscar la verdad histórica y hacer justicia a quienes perdimos familiares durante la guerra sucia''.

Insistió en la necesidad de crear una ley para prevenir y erradicar en el país las ''tentaciones autoritarias de los funcionarios'' que pueden incurrir, como en décadas anteriores, en el delito de desaparición forzada.

En ese contexto, refirió que el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó en febrero una iniciativa encaminada a ''poner candados legales'' para evitar que se continúe cometiendo ese delito en México.

En Guerrero, familiares de más de 300 desaparecidos por motivos políticos durante la década de los 70 demandaron ayer al gobierno federal ''congruencia'' para que se lleve ante los tribunales judiciales a los responsables de la llamada guerra sucia en esa entidad y sean sancionados por haber cometido estos ilícitos.

Andrés Nájera Hernández, dirigente del comité de familiares de desaparecidos en Guerrero, manifestó que la decisión de la SCJN ''abre la esperanza de que se podrá sancionar a quienes de forma arbitraria desaparecieron a nuestros hermanos y padres''.

El académico universitario denunció penalmente el año pasado ante la Procuraduría General de la República al general Mario Arturo Acosta Chaparro y al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer como responsables de la desaparición de su hermano, Jacob Nájera.

Asimismo afirmó que los familiares de desaparecidos en Guerrero mantienen sus ''dudas'' sobre el trabajo que realiza la Femospp.