Rechazan la cuenta pública de 2003; el PRI rompe con el panismo local

Detectan legisladores anomalías por $340 millones en San Luis Potosí

Involucran sobre todo a la administración del ex gobernador Silva Nieto

FRANCISCO RAMIREZ, LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosi, SLP, 30 de junio. El pleno del Congreso estatal rechazó la cuenta pública del gobierno del estado correspondiente a 2003, porque encontró irregularidades en el gasto por más de 340 millones de pesos.

La Contaduría Mayor de Hacienda informó que las anomalías corresponden a las gestiones del ex gobernador Fernando Silva Nieto y del actual mandatario, el panista Marcelo de los Santos Fraga.

La decisión se aprobó con 15 votos que emitieron las bancadas del PAN, PRD, PVEM y del Partido Conciencia Popular -de registro local-, contra 12 de los diputados del PRI, quienes se retiraron de las instalaciones legislativas al final de la sesión.

Las cuentas corresponden a las dos administraciones, pues la de Silva Nieto concluyó en septiembre del año pasado, y fue relevado por De los Santos Fraga.

En su momento, la Contaduría Mayor de Hacienda consideró "inconsistente e inconfiable" la información que proporcionó el gobierno del estado en relación con ocho dependencias que presentaron inconsistencias por un monto de 340 millones de pesos.

La discusión sobre las cuentas públicas de Silva Nieto empezó el martes pasado entre turbulencias y concluyó esta noche, luego de varios recesos.

Ante la resolución del pleno, el coordinador de la bancada priísta, Manuel Medellín Milán, anunció la ruptura de su grupo parlamentario con la fracción panista y con el gobierno estatal.

Se quejó de que los legisladores locales de Acción Nacional actuaron con ánimo de "revanchismo político" contra Silva Nieto. Los panistas votaron a favor porque consideraron que todas las irregularidades atañen directamente al priísta Fernando Silva.

La revisión también dividió a la fracción del PAN. Tanto, que su coordinador Eugenio Govea Arcos se retiró la noche del martes pretextando "sentirse mal".

Larga relación de anomalías

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, el ex priísta Juan Ramiro Robledo Ruiz, dio a conocer que la auditoría a la cuenta pública de 2003 del gobierno de San Luis Potosí reportó que en 10 de las más de 60 dependencias estatales hubo "graves irregularidades administrativas, que pueden originar hasta sanciones penales".

Destacó que las mayores irregularidades se hallaron en las secretarías de Finanzas, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, Recursos Hidráulicos, Salud, Fideicomiso de la Nómina, Instituto Estatal de Construcción de Escuelas y en la Junta Estatal de Caminos.

Robledo Ruiz indicó que en diversas dependencias fueron encontradas infracciones "en los procedimientos para adjudicar adquisiciones, bienes y servicios, construcción de obras. Hay irregularidades de naturaleza administrativa y de otra índole, que serán penales y políticas".

Sobre la presunta responsabilidad que tendría el ex gobernador Silva Nieto en las anomalías detectadas, el legislador por el PRD recordó que el titular del Ejecutivo estatal es "el responsable del manejo de la administración financiera, contable, presupuestal y programática de los caudales públicos".

Juan Ramiro Robledo comentó que el deber de la Contaduría Mayor de Hacienda es emitir resoluciones de la cuenta pública sobre el manejo de fondos públicos y no sobre el ejercicio político del gobierno; "esto que lo califiquen los ciudadanos en las urnas", indicó.

Expuso que los siguientes pasos son abrir expedientes de responsabilidad y delimitar la naturaleza de las irregularidades perpetradas, lo que involucraría empezar contra los responsables denuncias penales, juicios políticos, así como "procedimientos de amonestación, inhabilitación o de carácter penal".

Manuel Medellín Millán, diputado local del PRI, aseguró que todas las presuntas irregularidades "pueden ser aclaradas", pues existe documentación para comprobar erogaciones a deudores diversos, y otros gastos que fueron reintegrados pero que los auditores no lo solicitaron.

Por otra parte, Eduardo Martínez Benavente y Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputados del PRD, aseguraron que el contador mayor de Hacienda, Antonio Sandoval, y la familia de éste, han recibido amenazas de muerte y de secuestro. Martínez Benavente dijo que "el ambiente que se vive dentro del Congreso y en la Contaduría Mayor es muy tenso. Hay una distancia enorme entre los que quieren que se apruebe la cuenta de Silva Nieto y los que estamos presentando argumentos jurídicos de que no se puede aprobar esa cuenta".