En sólo 24 horas dictó la suspensión provisional

Dictamen de la SCJN impide temporalmente que el Congreso de BC fiscalice al Ejecutivo local

ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Mexicali, BC, 30 de junio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó, en sólo 24 horas, una suspensión temporal de los efectos y consecuencias de actos de fiscalización del Congreso de Baja California que pudieran afectar al Poder Ejecutivo local.

La administración que encabeza el gobernador Eugenio Elorduy promovió ante la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN el correspondiente recurso judicial, asentado en el expediente número 69/2004. En consecuencia, la ministra instructora, Margarita Beatriz Luna, concedió "la suspensión de los efectos y consecuencias" de la práctica de auditorías que vulneren la esfera de atribuciones del gobierno estatal, "tendientes a fincarles responsabilidades o causarle algún perjuicio".

Con la medida cautelar que emitió la SCJN no puede impedirse que se ejerzan atribuciones que la ley otorga a la Legislatura, entre otras en materia de fiscalización, "pero en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna" que afecte el ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo, o bien "fincarle cualquier tipo de responsabilidad", en tanto no se resuelva el fondo del asunto.

El subsecretario de Gobierno, Carlos Reynoso, dio a conocer que el Ejecutivo bajacaliforniano presentó este martes una controversia constitucional ante la SCJN, "buscando evitar que se cometan más actos ilegales antes de la toma de posesión de la nueva Legislatura, que será el próximo primero de octubre".

Sobre la integración formal del Poder Legislativo y sus órganos, como es el Superior de Fiscalización, Reynoso afirmó que "es evidente" que "violan el estado de Derecho y no tienen por lo tanto carácter legal" las acciones realizadas por el Congreso a partir del 12 de junio, cuando se destituyó a siete legisladores panistas inconformes con sesionar en las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuyo control tomó el resto de las bancadas. "Consideramos que dichas acciones tienen una motivación electoral que busca crear intranquilidad y agitar el ambiente político del estado."

El gobierno estatal impugnó tres asuntos. El primero fue el acuerdo que aprobó el Congreso local el 12 de junio para nombrar al sustituto del contador mayor de Hacienda, Jorge Alberto Coral, por "violaciones al procedimiento legislativo".

El segundo fue aplicar los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, "en perjuicio del Poder Ejecutivo", al llamar a los suplentes de los diputados panistas ausentes en la sesión del día 12, para convalidar "el inconstitucional nombramiento del hoy encargado de despacho por ministerio de ley de la Contaduría Mayor de Hacienda ". El tercero es la realización de auditorías, visitas, intervenciones y cualquier acto que afecte al Ejecutivo.