Un consejo nacional incómodo

La propuesta para una ''Ley de Fomento y Difusión de la Cultura" circula como ya se sabe en la Presidencia de la República, las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y, según trascendió, de Hacienda y Crédito Público, en la que al parecer no sería bien vista porque supondría mayor presupuesto.

Sin embargo, ni la opinión pública, ni miembros de la comunidad cultural y artística ni legisladores de los diversos partidos han podido conocer el documento para analizarlo.

Hace unas semanas, durante una reunión con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) ofreció que se daría a conocer en dos meses y sería presentado para su aprobación en septiembre, al inicio del periodo ordinario de sesiones (La Jornada, 9/06/04).

De aprobarse ese marco jurídico, explicó Sari Bermúdez en aquella ocasión, se otorgaría "autonomía de gestión y presupuestal" al CNCA y le permitiría cabildear, negociar y ejercer sus recursos de manera directa. El CNCA, agregó, asumiría ''todas" las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública en materia de cultura.

Con la aprobación el CNCA contaría además, a 13 años de su creación y luego de varias promesas del ex titular Rafael Tovar y de la propia Bermúdez, con un marco jurídico avalado por el Poder Legislativo y no por un decreto presidencial.

Ese decreto fue emitido en diciembre de 1988 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces ha sido criticado como impositivo, con duplicidad de funciones y burocrático.

De hecho, se sabe que varios han sido los intentos, reuniones no públicas, consultas con grupos de juristas y documentos previos para terminar con esa irregularidad jurídica, pero nunca se había podido o querido avanzar al respecto.

ARTURO JIMENEZ