El escrutinio financiero está en manos de órganos internos de cada institución

Se vale el gobierno del secreto fiduciario para obstaculizar auditorías a 153 fondos

En 2003, la administración foxista dispuso $53 mil 725 millones de esas arcas

RENATO DAVALOS

Con el argumento del "secreto fiduciario", 153 fondos y fideicomisos manejados por el gobierno foxista -en 2003 dispuso de 53 mil 725 millones de pesos- no pueden ser auditados. En la mayoría de los casos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se limitó a emitir una "recomendación" para que los órganos de control interno "apliquen una sanción si es el caso".

Sin embargo, no hay respuestas para expedientes como el fideicomiso Transforma México que, por ejemplo, otorgó a la ciudadana estadunidense Patricia Ann Murray un contrato por 1.2 millones de pesos para atender el "mercado internacional" de la Lotería Nacional.

Tampoco hay una indagatoria a fondo en el caso del Fideicomiso de Apoyo a Trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria, con un saldo de 771.8 millones de pesos, que ofrece a elevados funcionarios de esa institución "liquidaciones especiales" que no existen en otras áreas del gobierno, aunque para los trabajadores de base ese monto no llegue a los dos millones de pesos, revelan reportes de la ASF.

A este respecto, la diputada Dolores Padierna Luna, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, estableció que las solicitudes de información de la ASF a las distintas dependencias del gobierno federal no tienen efecto, porque todo queda a la discreción de los órganos internos. La Ley de Ingresos estableció la obligación que tiene el Ejecutivo de informar sobre las disponibilidades de fondos y fideicomisos.

Recientemente, recordó Padierna Luna, el auditor de la Federación, Arturo González de Aragón, señaló que el fundamento legal para auditar los fondos y fideicomisos "es endeble" y que ello no ha permitido la realización de las auditorías integrales. Sin embargo, el artículo 74 constitucional establece que para fines de revisión de la cuenta pública "no opera el secreto fiduciario", argumento esgrimido por las dependencias para impedir que se revisen sus cuentas, comentó Padierna.

Más aún, precisó, la Secretaría de Hacienda aparece como fideicomitente en todos los fideicomisos y comités técnicos. Todos ellos se integran por "importantes funcionarios" de la administración y, consecuentemente, no debieran poner obstáculos para su revisión a cargo de la ASF, indicó la legisladora.

Los informes de la auditoría señalan que, por ejemplo, la Lotería Nacional no cumplió con el requisito de legalidad al otorgar sus donativos, pues los recursos destinados al fideicomiso Transforma México debieron entregarse primero a la Tesorería de la Federación y después a la Secretaría de Salud para que los aplicara a la asistencia pública, como lo ordena el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

No obstante, la "recomendación" de la auditoría consistió en que sucesivamente los donativos "cumplan con la ley". Aún así, entre otros, el Instituto Tecnológico de Monterrey, una institución con fines de lucro, violó las cláusulas del fideicomiso al recibir 8.9 millones de pesos.

Al respecto, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además del fideicomiso referido, aparece un Fondo de Reserva para el Retiro por 43 millones de pesos para pagar la "prima de antigüedad" de prestaciones laborales. Junto con el monto para la "liquidación especial" de altos funcionarios, se alcanza una cifra de casi 815 millones de pesos.

Se trata de una suma adicional a los salarios y prestaciones de la alta burocracia de la comisión, cuyo presidente percibe 217 mil 28 pesos mensuales más prestaciones, seguro de vida, gastos médicos, prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo de 40 días, gastos de alimentación por 6 mil 500 pesos mensuales y celular por 6 mil 750 pesos mensuales. Los nueve vicepresidentes de la comisión tienen un salario bruto de 196 mil pesos más prestaciones.

Otro de los fideicomisos que aparecen en la estructura gubernamental es el de Financiamiento a la Vivienda del magisterio. La Secretaría de Educación Pública tiene depositados en los bancos 253.6 millones de pesos, de los que 243 millones son para el fideicomiso. La ASF registra en sus reportes las quejas de maestros que han solicitado la auditoría de ese fondo que les es descontado cada quincena para obtener una vivienda, sin lograrlo a lo largo de muchos años. El sindicato magisterial tiene, además del fideicomiso, sus propias cuentas con cuotas que deducen a los trabajadores.

En la Secretaría de Energía existen varios fideicomisos. Uno es el fondo de pensiones para el personal activo del Instituto Mexicano del Petróleo, con un saldo de 356.6 millones de pesos, y el establecido para pensionados, por 8.9 millones de pesos. En Turismo hay dos fideicomisos. Uno para trabajadores del Camino Real, con un saldo de 4.4 millones de pesos, presuntamente para "eventualidades laborales" de dicho hotel.

Otro fondo es el de la Financiera Rural, con un saldo de 10.5 millones de pesos. Esta institución sustituyó al Banrural, cuyo quebranto en 2002 representó 48 mil 878 millones de pesos, financiado con un monto de 20 mil millones con recursos de las Afores, destinados a las pensiones de los trabajadores.

En Comunicaciones y Transportes aparece no sólo el del rescate carretero sino otro más que suma 60 millones de pesos. Se trata de concesiones autorizadas a particulares por la secretaría. En el caso de aeropuertos hay varios, existe uno con un saldo de mil 138 millones de pesos destinado a comprar terrenos, obras y estudios para la ampliación de la terminal aérea de esta ciudad. No obstante, la auditoría practicada al fideicomiso reveló que hubo un gasto de 63.4 millones de pesos en hacer un proyecto de nuevo aeropuerto que no fue autorizado por el comité técnico.

En esta área figura un fideicomiso fondo de cobertura social en telecomunicaciones con 805.9 millones de pesos para ampliar la protección en telecomunicaciones, aunque éstas estén concesionadas.