A pesar de que el auditor superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, ha señalado en sus informes diversas irregularidades de la administración foxista en el manejo de fondos y fideicomisos millonarios a cargo de distintas dependencias, a la instancia auditora no le ha sido posible realizar su trabajo debido a que se ha topado con el "secreto fiduciario", argumento del gobierno federal para evitar que los fideicomisos sean sometidos a examen.

Esta situación es particularmente grave en el caso de la Lotería Nacional, cuya administración está siendo duramente cuestionada desde el Senado de la República por diversas irregularidades detectadas en sus propios informes, en particular por la sospecha de la triangulación de recursos hacia organismos de asistencia privada vinculados a la fundación Vamos México, por conducto del fideicomiso Transforma México. Dicha sospecha ameritaría abrir las cuentas al escrutinio de la ASF sin más dilaciones. Tal apertura sería congruente con el discurso de la transparencia que promueven el titular del Ejecutivo, su gabinete y la dirigencia del Partido Acción Nacional. Sin embargo, la actitud del gobierno federal observada hasta ahora dista mucho de la voluntad discursiva de ofrecer cuentas claras a la nación y pone en entredicho ese compromiso, uno de los más importantes de este sexenio.

Es evidente que los obstáculos a la fiscalización perjudican a las propias instituciones involucradas en presuntos malos manejos, incluida la fundación Vamos México, dado que las investigaciones periodísticas siguen sacando a la luz irregularidades frente a las cuales no hay explicación oficial. A este respecto, en páginas interiores se consigna información de documentos en poder de La Jornada que constituyen evidencias de varias de las irregularidades en la administración de la Lotería Nacional durante la gestión de su actual directora, Laura Valdés. En esta investigación se halló que cerca de 85 por ciento de las compras se han realizado por adjudicación directa y el resto, por invitación restringida, lo que es una evidente anomalía; los beneficiados en estas adquisiciones son empresarios que tienen una relación personal con Valdés y, en casos como el de Eduardo Henkel -quien forma parte del Consejo de Administración de Transforma México- y Rosaura Longoria de Henkel, se trata de amigos de Vicente Fox y su esposa. La empresa Tierra Mía, propiedad de los Henkel, recibió en 2002, sin licitación alguna, un contrato de la institución por un millón de pesos para los adornos navideños del Salón de Sorteos y para un árbol de Navidad, a pesar de que se presentaron cotizaciones más bajas para la misma adecuación. Asimismo, los documentos dan cuenta de adquisiciones irregulares, que datan de 2001, de materiales de cómputo, así como de la contratación, al margen de la normatividad, de asesores y empresas. Un caso de esto último fue la contratación de la consultora Patricia Ann Murray, realizada directamente por Laura Valdés para la planeación y promoción de nuevos productos para atender el mercado internacional de la Lotería, tareas por las que cobró más de un millón de pesos, a pesar de que no hubo una autorización oficial de la institución para contar con sus servicios. Se trata, en suma, de graves violaciones a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cuyo cumplimiento estricto están obligados todos los empleados gubernamentales. Cabe subrayar que precisamente esa legislación es una pieza fundamental de la transparencia en la rendición de cuentas, que a su vez constituye un importante parámetro del avance democrático.

Al referirse ayer a los cuestionamientos a la Lotería Nacional, del dirigente nacional panista, Luis Felipe Bravo Mena, metió las manos al fuego por Valdés y retó a comparar su administración con la de sexenios pasados que se caracterizaron por "manejos oscuros y discrecionales". Vale decir que no le falta razón; pero por desgracia, todo parece indicar que esos vicios persisten, por lo que el llamado gobierno del cambio sigue sin cumplir su promesa de transparencia.