Adela Mac-Swiney, Madrid, España

Con 25 miembros desde el 1° de mayo pasado, la Unión Europea (UE) enfrenta de nuevo el debate sobre la regulación y sus efectos sobre la economía. Uno de los problemas estructurales de la integración es la capacidad competitiva, además del paro y el que, abandonado el instrumento del tipo de cambio, la flexibilidad del mercado se ha convertido en el medio de ajuste de la economía.

En Europa, la regulación y sus efectos sobre la economía son temas polémicos. En los últimos 20 años, se ha impulsado un amplio programa de liberalización que ha abarcado tanto a los mercados de factores: operación de la banca, movimientos de capitales y mercado de trabajo, así como a los de bienes y servicios: apertura del comercio exterior, desaparición de controles de precios y cantidades, ruptura de monopolios y cárteles, desaparición de barreras de entrada en la mayoría de las actividades productivas, privatización de empresas públicas o la introducción de la competencia en actividades relacionadas con los servicios del gobierno.

Aunque en algunos países hay actividades sin liberalizar, la amplitud y la intensidad de la liberalización efectuada ha sido muy grande.

Así, sobre la base de los textos fundamentales que abordan esta regulación, la política de competencia en la UE se articula en cuatro grandes ámbitos:

* La represión de los acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante, que incluyen, por ejemplo, la prohibición de acuerdos para la fijación de precios entre competidores.

* El control de la concentración entre empresas, para evitar que las entidades surgidas de las fusiones dominen el mercado.

* La liberalización de los sectores económicos que operan en condiciones de monopolio, como en la apertura de las telecomunicaciones a la competencia.

* El control de las ayudas estatales, mediante la eliminación de subvenciones para mantener activa una empresa deficitaria y sin perspectivas de recuperación.

La experiencia, señala el especialista Francisco Marcos, del Instituto de Empresa, es relativamente satisfactoria. "Ha habido abusos y las autoridades han sancionado al monopolista." Prueba de ello es la reciente sanción a la firma española Telefónica con la mayor multa de la historia, 57 millones de euros, por tratar de impedir que Retevisión accediera al mercado.

La Comisión de Competencia de la UE, encargada de las políticas de regulación económica, ha pugnado por que la apertura se traduzca en una oferta diversificada de productos y servicios a precios más bajos, sobre la cual el consumidor final ejerza libremente su elección.

Así, la política de liberalización ha producido efectos concretos para los usuarios (en reducción de tarifas y acceso a servicios). Un estudio reciente demostró que el precio de algunas comunicaciones telefónicas bajó 35 por ciento. La Comisión Europea mantiene un control exclusivo sobre las ayudas estatales.

Las ayudas se ven afectadas por un principio de prohibición incluido en el tratado, en la medida en que, al favorecer a algunas empresas, corren el riesgo de perjudicar a competidores de otros estados, peligrando su supervivencia y, por ende, el empleo de sus trabajadores. Sólo cuando puedan justificarse por un interés comunitario, la comisión hará excepciones al principio de prohibición.

En estas dos décadas se atendió de modo especial la necesidad de revisar la regulación. El Libro Blanco producido por Jacques Delors con el título de Crecimiento, competitividad y empleo (Comisión de las Comunidades Europeas, 1993) incidía en la cuestión, aunque de forma un poco vacilante. Como se enfrentaba entonces una falta de innovación en las empresas, el informe recomendaba mejorar la competencia (completar el mercado único, eliminar los monopolios) y reducir la regulación, con la mirada puesta en las pequeñas y medianas empresas.

Siguió otro informe, el del Grupo Molitor (1995), que mostraba una amplia gama de obstáculos normativos. Se recomendaba un proceso permanente de examen crítico de la regulación. En igual dirección, el informe del Grupo Ciampi (1995) pedía desregulación y privatización, combinadas con medidas para promover la competencia efectiva entre las empresas de servicios públicos, como las de energía, transporte y telecomunicaciones.

En el marco que vive la UE, la competencia global obliga a la región a usar sus recursos de forma más plena, exigiendo tratamiento crítico de las reglamentaciones ineficaces no sólo en el mercado laboral, sino también en el de productos. Más: el desarrollo tecnológico actual y el de la propia sociedad, que cada vez acepta menos las políticas de "control", sitúan la regulación gubernamental en una nueva perspectiva.

La regulación de los servicios es uno de los temas más críticos. El papel de este sector muy diferenciado en la economía y su potencial para el crecimiento y el empleo se resaltó en el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000). Este consejo adoptó un programa de reformas con el objetivo de convertir a la UE en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica en 2010.

Los servicios empresariales juegan un papel importante en este proceso, porque también actúan como aportaciones a la restructuración y competitividad de otras industrias, con repercusiones en toda la economía. En 2000, los servicios representaban 8.8 por ciento del empleo total en la UE y 1.2 por ciento del valor agregado; casi un tercio del empleo y del valor agregado de los servicios empresariales debe atribuirse probablemente a los servicios profesionales.

Pieza clave del Programa de Lisboa es la "Estrategia del mercado interior de servicios", que pretende crear un mercado interior completamente operativo para los prestatarios de servicios. Un informe de la comisión, en julio de 2002, intentó inventariar las barreras del mercado interior que obstaculizan los servicios transfronterizos, y el impacto de las barreras citadas en el reporte recae en todos los sectores de la economía.

Las principales víctimas del mal funcionamiento del mercado interior son las pequeñas y medianas empresas (Pyme) y los usuarios de servicios. Las Pyme predominan en la industria de servicios, pero sus perspectivas de crecimiento transfronterizo están muy cercenadas. Los usuarios pagan muy alto precio por el funcionamiento deficiente del mercado interior.