En México la lucha por elevar la calidad del marco regulatorio se libra creando trámites. En los últimos 12 meses el número de gestiones que realizan los mexicanos ante las secretarías de Estado y organismos descentralizados de la administración pública federal se incrementó 10 por ciento, de acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Entre mayo de 2003 y el mismo mes de 2004 los trámites que deben cumplir los ciudadanos ante dependencias públicas federales pasaron de 2 mil 546 a 2 mil 824, al tiempo que se analiza el futuro de 240 de estos procedimientos que tienen "alto impacto" en el desarrollo económico y social del país.

"Parece una paradoja, una broma de mal gusto", reconoce Carlos García Fernández, titular de la Cofemer, "pero hay que tener la agudeza suficiente para que, más que preocuparnos por el crecimiento de los trámites, estemos ocupados por que en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) estén los que verdaderamente son y sean los que deban estar".

Es posible, pero por ahora será difícil explicar al ciudadano común por qué en esta fase de avanzada desregulatoria ­proceso que acumula ya 15 años­ el número de trámites ante la Secretaría de Hacienda creció de 383 a 526 (37 por ciento), mientras que en la Secretaría de Desarrollo Social se pasó de 13 a 41 (215 por ciento) y en la Secretaría de Agricultura de 125 a 184 (47 por ciento)

No son, sin embargo, las únicas dependencias envueltas en esta dinámica. La Secretaría de Economía sumó 20 papeleos más durante el último año (pasó de 146 a 166), en las secretarías de Educación Pública y de la Reforma Agraria el incremento fue de cinco en cada una, en tanto que en Gobernación, Seguridad Pública federal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el repunte fue de tres trámites.

Hay saldos favorables también. En el IMSS el número de gestiones se redujo de 69 a 45, en la Secretaría de la Función Pública de 43 a 39 y en Relaciones Exteriores se pasó de 48 a 45. Las dependencias que mantuvieron el mismo número de procedimientos durante estos 12 meses son Comunicaciones y Transportes (472), Salud (124), Telecomm (32) y Pemex Gas y Petroquímica Básica (28).

­¿Cómo explicar al lector común este incremento?

­Como dicen en mi tierra: la burra no era arisca, la hicieron a fuerza de tanta regulación. El ciudadano ya no quiere queso, sino salir de la ratonera. En eso están el gobierno del presidente Vicente Fox y la Cofemer ­explica el titular de esta última.

La teoría del péndulo

El esfuerzo de desregulación en México es relativamente nuevo. Se inició en el sexenio de Carlos Salinas con la creación de la Unidad de Desregulación Económica, prosiguió con la aparición de la Cofemer en la gestión de Ernesto Zedillo y continúa en la presente administración con la apertura del RFTS.

En entrevista con La Jornada, García Fernández recurre a la teoría del péndulo para describir el proceso: "No estamos partiendo de cero. Como si se tratara de un ejercicio pendular, estamos llevando el badajo del exceso de regulación a la desregulación, porque hemos tomado conciencia de los costos perversos que tienen uno y otra para el ciudadano y el empresario".

­¿En qué parte de la oscilación del péndulo estamos ahora?

­Estamos entre la desregulación y la mejora regulatoria. Es decir, trabajamos para adelgazar la cantidad de trámites y luego impulsar su calidad. Hasta el 31 de mayo pasado había 2 mil 824 trámites inscritos por las distintas dependencias federales en el RFTS, que los ciudadanos tienen la obligación de cumplir.

"Este registro es verdaderamente excepcional porque contiene todo el abanico de trámites y servicios de carácter federal. Hay muy pocos de esta naturaleza en el mundo: ahí están todos los que son y son todos los que deben estar."

El costo de la tramitología

Francisco Lelo de Larrea, subdirector de Investigación Económica, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), reconoce que en los últimos años la calidad del marco regulatorio ha registrado "avances importantes".

Refiere que la desaparición de leyes "obsoletas" en sectores estratégicos, como la minería, el transporte y el gas han generado mayor competencia entre los prestadores de servicios y los precios de bienes y servicios han disminuido en beneficio del consumidor. Sin embargo, advierte, el costo de la tramitología sigue siendo alto.

De acuerdo con el organismo privado, el costo de la sobrerregulación genera pérdidas de hasta 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la economía nacional. García Fernández no refuta el dato, pero precisa que las pérdidas oscilan entre 5 y 12 por ciento del PIB, según cálculos de distintas fuentes.

El funcionario del CEESP señala, sin embargo, que los avances no son suficientes. "La iniciativa privada quisiera que el proceso fuera más rápido", reitera.

Cierto. Actualmente los empresarios mexicanos requieren cumplir siete trámites en promedio para abrir un nuevo negocio, esperar un largo periodo de 57 días ­uno más que en 2000 y 14 menos que en 1999­ y con un costo equivalente a mil 110 dólares para sortear el proceso burocrático, una sexta parte del PIB per cápita. "¿Quién puede abrir una empresa en México con esos costos?", se pregunta Lelo de Larrea.

"Comparado con Brasil las condiciones son favorables", añade, pues allí se requieren 15 trámites, 152 días y 331 dólares para abrir un negocio, pero en comparación con naciones desarrolladas, México sigue muy atrasado. En Australia, por ejemplo, el número de gestiones necesarias para abrir una empresa es de dos, los días de espera son también dos y cuesta 402 dólares.

En Dinamarca se requieren cuatro trámites, igual número de días para recibir una respuesta positiva y el proceso no cuesta, mientras que en Estados Unidos se requieren cinco trámites, cuatro días y 210 dólares. En cuanto a China, se requieren 11 trámites, 46 días y 135 dólares para iniciar un negocio, ocho veces menos que en México.

Empleo y regulación

En materia de empleo se hacen distintos cálculos sobre las pérdidas generadas por los trámites. El CEESP, por ejemplo, estima que la larga espera para abrir un negocio (57 días en promedio) inhibe la creación de alrededor de 136 mil fuentes de trabajo e inflinge costos económicos del orden de mil 282 millones de pesos. Estas cifras resultan de los salarios no percibidos por los empleados en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que son, a su vez, gastos que no se realizan en el mercado mediante el consumo.

"Es conocido que esto sucede, en parte por los altos costos que impone la regulación", señala el organismo, y precisa que las entidades federativas tienen parte de culpa. Refiere que en el ámbito federal las personas físicas requieren de cuatro trámites para iniciar un negocio y nueve en el caso de las personas morales.

"Sin embargo, en función del federalismo, los otros niveles de gobierno (estatal y municipal) también solicitan trámites a las empresas para poder desarrollar sus actividades, y en ocasiones la carga de trámites locales hace más onerosa la instalación de nuevos negocios, que puede demorar hasta cuatro meses."

Para contrarrestar la situación, el gobierno federal impulsa desde hace dos años la creación de oficinas del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en los municipios. No obstante, hasta abril pasado se habían instalado sólo 21 de estos centros en igual número de ayuntamientos, lo que representa una cobertura de uno por ciento, dado que en México existen 2 mil 451 municipios.

"No se trata de abrir oficinas del SARE a tontas y a locas; se abren sólo en los municipios con mayor actividad económica", precisa García Fernández, de la Cofemer. Como sea, la cobertura es aún insuficiente.

Actualmente existen oficinas de SARE en los municipios de Puebla, Los Cabos, Aguascalientes, Guadalajara, Zapopan, Tijuana, Mexicali, León, Tehuacán, Oaxaca, Cancún, Torreón, Pachuca, Chetumal, Apizaco, Coatzacoalcos, Culiacán, Mazatlán, Navolato, Mérida y Tlalnepantla.

En esta última localidad, José Luis Alvarez, subdirector de Promoción Empresarial del municipio, presume que la apertura de un negocio es cuestión de horas, no de días, y que el tiempo máximo para dar una respuesta positiva no es superior a dos semanas, un periodo mucho menor en relación con el promedio nacional.

Punto medio y moratoria regulatoria

Con todos estos datos, la pregunta es obligada: ¿hay en México sobrerregulación o regulación deficiente?

Responde el titular de Cofemer: "Estamos trabajando en dos vías, adelgazando el exceso regulatorio y mejorando la regulación: cantidad y calidad. Buscamos que el número de trámites inscritos en el RFTS esté estrictamente justificado. El dilema no es tener o no tener regulación, sino tener una de calidad".

Lelo de Larrea, del CEESP, es más explícito: "El justo medio es no eliminar la regulación, pero tampoco tener un mundo de normas. La regla básica es que toda ley genere más beneficios que costos. De ahí que todas las normas que se expidan vayan acompañadas de una 'manifestación de impacto regulatorio', que pondera esta disyuntiva".

Por ello, luego de un proceso intenso para eliminar trámites federales, la Cofemer cerró la llave de la regulación. García Fernández explica que en mayo de este año el presidente Vicente Fox ordenó una "moratoria regulatoria", una tregua para que las dependencias federales "suspendan la emisión de nuevas regulaciones y, por tanto, de trámites", salvo en casos excepcionales.

Durante un año, que se cumple el 29 de abril de 2005, la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública buscarán "reordenar, revaluar y depurar las disposiciones normativas" actuales para mejorarlas o derogarlas. Por ahora, señala el funcionario, se están analizando 240 trámites de "alto impacto" para las actividades productivas, que podrían ser eliminados, reformados o ratificados. "No podemos asegurar si va a desaparecer uno, una docena o una cantidad mayor", afirma.

­¿Los 2 mil 824 trámites contabilizados son los que deben de estar en el RFTS?

­La moratoria regulatoria responderá esa pregunta. En abril del 2005 tendremos un diagnóstico exacto sobre la calidad del marco regulatorio y entonces tendremos 50 por ciento de la solución. El otro 50 por ciento será la estrategia que aplicaremos para mejorarlo.

Dados los costos económicos que genera el exceso de trámites, la mejora regulatoria se perfila como la nueva reforma estructural. "Lo era ya en 1989, aunque luego se perdió ese interés", afirma Lelo de Larrea.

Carlos García es más gráfico: "La mejora regulatoria es un proceso continuo, es como pedalear la bicicleta: si dejas de hacerlo pierdes el equilibrio. Su objetivo es hacer la vida más agradable a ciudadanos y empresas, y crear empleos". Sea, por lo pronto el presidente Fox tendrá una nueva reforma estructural en su haber y los mexicanos tendrán que seguir pedaleando su bicicleta regulatoria §

Fotos: Francisco Olvera y Guillermo Sologuren